¿Algún funcionario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) puede explicar cómo es que un inmueble que costaba un millón y fracción de soles fue comprado por esta institución en más de S/26 millones? ¿Está bien endeudar al país por un monto de 40 millones de dólares para este tipo de compras y otros detalles y gustos de la burocracia que se encarga del tema ambiental en el Perú?
Esas son algunos interrogantes que surgen después de observar lo sucedido con la Licitación Pública N° 02-2017-OEFA «Adquisición de Terreno para la construcción del laboratorio de Muestras Ambientales y Validación y Dirimencia de OEFA».
La convocatoria de dicho «concurso» se hizo el 29 de diciembre de 2017 y fue hecho público el 4 de enero de 2018 con un monto referencial de 26’268,277.20 de soles, pero la verdad es que solo hubo un postor o una postora que ofrecía cifra parecida a estos 26 millones.
Nos referimos a la señora Paola María Mendoza Serrano, quien poco antes compró el inmueble ubicado en el Sublote 1 de la calle Jorge Chávez N° 851-853, Carmen de La Legua – Reynoso, Callao, a un monto de S/1’144,402.74, a la sociedad conyugal Gastón Julio Espejo Zavala y María Antonieta Jarufe Soles, tal como está en la escritura pública del 18 de octubre de 2017 y presentada por el notario Manuel Gálvez Succar ante Registros Públicos el mismo día.
Sin embargo, el 21 de mayo de 2018, siempre según la partida registral N° 70620703, el inmueble fue vendido a la OEFA por S/26’232,095.00. Es decir, en siete meses el valor del predio subió de uno a 26.
Todo este operativo de la compra del terreno -que tiene relación con la futura construcción del Laboratorio de Análisis de Muestras Ambientales y de Validación y Dirimencia de OEFA- estuvo a cargo, según su resolución de presidencia del Consejo Directivo Nº 046-2017-OEFA/PCD (del 21 de abril de 2017), de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).
Endeudamiento
Antes, el 31 de julio de 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la OEFA puso a consideración del Ejecutivo el programa «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional» para su viabilidad.
En paralelo, mediante Decreto Supremo Nº 398-2016-EF se aprueba la operación de endeudamiento externo entre el Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, hasta por US$ 40,000’000.00 que financiaría este tipo de compras de inmuebles sobrevalorados.
El argumento de la burocracia de la OEFA se sustenta en que era más que necesario el monitoreo de la calidad ambiental con la adquisición de equipos móviles y fijos para este tipo de actividades sobre el agua, aire y suelo.
Hay otras metas referidas a la construcción de infraestructura y equipamiento del laboratorio de análisis de muestras ambientales «con funciones de dirimencia y validación».
Y es en esta actividad en que se inserta la necesidad de la adquisición de un terreno de aproximadamente 6,183 metros cuadrados ubicado en el Callao para construir el laboratorio de análisis de OEFA.
Para esto último, según el «estudio de preinversión a nivel de factibilidad», se plantea un área útil de entre 5,000 m2 a 8,000 m2; zonificación y compatibilidad de uso acorde con las actividades de laboratorio, sin incidencia delictiva, con disponibilidad de servicios de agua y desagüe, luz eléctrica, transporte público y saneamiento físico y legal del predio.
Irregularidades
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento a OEFA por parte de la Contraloría General se encontraron irregularidades en adquisición del terreno que generaron perjuicio económico a la dicha entidad y al país por S/6,078’609,60, así como los riesgos de incurrir en gastos adicionales y de enfrentar contingencias judiciales que podrían afectar la titularidad de la adquisición.
Para consumar la venta, según Contraloría, se cambiaron «especificaciones técnicas» del estudio de preinversión del citado proyecto, «las mismas que fueron modificadas y adecuadas para que coincidan con las características del inmueble (…) que fue el que finalmente adquirió la Entidad».
Todo ello más el agravante de haber hecho indagaciones de mercado «orientadas a favorecer la adquisición del inmueble antes citado», porque ese monto de los S/ 26’268,277.20 «no refleja la situación real del mercado».
Esto no obstante una tasación permisiva de técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la preferencia por áreas libres en el inmueble, para después flexibilizar dicho requisito con argumentos como «de preferencia áreas libres». A resultas del análisis de control hay un listado de responsabilidades de tipo penal contra funcionarios y consultores que detallaremos en otro momento. Manuel Reynaldo Joaquín Manrique Ugarte, actual presidente del Consejo Directivo, podría ilustrarnos mejor.
Fuente Diario Expreso
