Ayer el Gobierno publicó el reglamento del sistema de inversión pública Invierte.pe, que reemplaza al SNIP. José Antonio Honda, socio del Estudio Olaechea, comentó para El Comercio los cambios introducidos y el nuevo régimen que se ha establecido para la inversión pública en el país.

¿Considera que las modificaciones hechas en la ley y el reglamento de Invierte.pe facilitan la ejecución de obras públicas sin debilitar el control que debe existir en inversión pública?

Considero que sí facilitará las inversiones. No obstante, los temas de control sobre la conveniencia de hacer una inversión en tal o cual obra o el control sobre la transparencia en la negociación de los respectivos términos contractuales para una determinada obra, no son materia de este reglamento.

Respecto al primer tipo de control (conveniencia de hacer determinada inversión), éste no existe por parte de un tercero, pues ya desde el Decreto Legislativo 1252, se establecía que los actos previstos (programación multianual de inversiones, formulación y ejecución de inversiones, e implementación de modificaciones durante la ejecución), se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios.

En otras palabras, este tipo de decisiones no están sujetas a cuestionamiento (cada quien puede tener una opinión, pero alguien tiene que decidir), salvo que no se haya considerado de manera “adecuada los hechos o riesgos en el momento oportuno”, entre otros.

Respecto al segundo tipo de control (transparencia en la negociación de los términos contractuales), no existe mención alguna en el reglamento, por lo que este tipo de control quedaría bajo el ámbito de la Contraloría.

¿Identifica algún aspecto en el reglamento que particularmente sea beneficioso o perjudicial para la el uso de Invierte.pe?

Me parece beneficioso el hecho de que se considere, al menos, un horizonte a mediano plazo (3 años) y que el sistema esté estructurado para comparar beneficios y costos de diferentes proyectos en simultáneo, para así tener una priorización de proyectos más informada.

Lo que podría mirar como algo negativo en el reglamento es entregar la última palabra en determinados temas a un solo individuo: el Ministro, el Titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector; el gobernador regional y el alcalde [según el nivel de gobierno del que se trate]. Este poder a un solo individuo (que tiene capacidad discrecional, según hemos visto antes), podría utilizarse no sólo para dar sino también para vetar. Desde nuestra perspectiva, toda decisión final debiera corresponder a un órgano colegiado. Aunque no es una solución definitiva, la existencia de un órgano colegiado, al menos brinda un mayor nivel de dificultad a potenciales acciones no adecuadas.

 ¿Qué recomendaciones podría dar a usuarios y gobierno a fin de que se dé un uso eficiente y eficaz de Invierte.pe, y así no se repitan los problemas identificados en el SNIP y que motivaron su modificación?

Creo que el SNIP se perdió en su propio laberinto. Por un lado, los formuladores de proyectos que se sometían al SNIP muchas veces presentaban información insuficiente, desordenada e impertinente, lo que obviamente derivaba en observaciones o rechazos. Pero, por otro lado, las revisiones podían incluir pedidos poco claros, exagerados o impertinentes. Si bien el espíritu atrás de esta innovación es la simplificación, la realización de ésta última dependerá de todos los actores. El Gobierno debiera estar atento al desarrollo de este sistema en la realidad y evitar que volvamos al laberinto.

Otra recomendación que daría es el de trabajar en criterios uniformes para determinar las valoraciones de aquellos costos o beneficios que no sean fácilmente no cuantificables (medioambiente, cultura, integración, desarrollo social, salud, etc.).

Fuente EL Comercio

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

2 × uno =

Translate »