Luego de un prolongado silencio, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, conversó con este diario para hacer un balance de su gestión y dejar sentada la postura que tomarán los procuradores en el caso Odebrecht y los lineamientos a seguir en la lucha contra la corrupción.

Han pasado seis meses desde su designación, ¿cuál es su balance?

Al asumir el encargo de la presidencia de Defensa Jurídica del Estado, encontramos una situación de abandono y falta de gestión en el ámbito administrativo. No existió decisión política para fortalecer las procuradurías.

Entonces, puedo deducir que no hubo evaluación ni fiscalización a los procuradores. ¿Es correcto?

Efectivamente, no se implementó ningún mecanismo que nos pudiese arrojar indicadores de medición efectiva para evaluar la gestión de las procuradurías. Hemos realizado un diagnóstico de la Procuraduría Anticorrupción a nivel nacional, que ha demostrado que los resultados no han sido satisfactorios, pese a que existieron dos procesos de reestructuración en 2012 y 2015.

¿Con la creación de la Procuraduría General del Estado (PGE) se va a contribuir en la lucha contra la corrupción?

La PGE va a ser un ente técnico especializado que garantizará la autonomía del procurador público y tendrá como objetivo primordial regular, supervisar y orientar el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado. La PGE va a ser un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia; sin embargo, considero que lo ideal sería concebirlo como un Organismo Constitucional Autónomo, independiente y alejado de todo poder político.

El fiscal Castro no vienen atendiendo los pedidos de la procuradora ad hoc en el caso Odebrecht. ¿Tiene algún comentario?

He sido informada sobre que el fiscal (Hamilton) Castro ha rechazado los pedidos de la Procuraduría ad hoc argumentando que no son oportunos por el momento o que no se encuentran acordes con la estrategia diseñada por su despacho. Los procuradores públicos tienen indicaciones precisas de cumplir con sus deberes de función; desde esta gestión los apoyamos y apoyaremos decididamente dentro del marco de nuestras competencias.

El fiscal Juárez viene negociando con la constructora OAS para que sus directivos colaboren con la justicia peruana. ¿Participan en las negociaciones?

El Decreto Legislativo 1301 (promulgado por este gobierno), sobre colaboración eficaz, establece que la intervención de la Procuraduría se restringe en este tipo de procesos especiales. El procurador no participa en la negociación ni corroboración de la información, su intervención se ha limitado al final del proceso para manifestar su conformidad o disconformidad con la reparación civil que ha sido previamente negociada por el fiscal y el colaborador. Es decir, estamos frente a un proceso que ha limitado a su mínima expresión la intervención del procurador público.

Las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil siguen en una etapa de secretismo. ¿Qué hará su despacho si se llegara a conocer que algún funcionario de esta gestión está involucrado?

En todo este tiempo hemos respetado celosamente la independencia y autonomía de los procuradores públicos y seguiremos conduciéndonos en esa misma línea de conducta, no podría ser de otra forma. Por ello mismo, si tienen que denunciar a quien fuere en el marco de la legalidad y sus atribuciones, tendrán mi respaldo.

¿Y lo dicho aplica para el presidente de la República?

Estimo que sí. Quien ejerce el cargo de mayor jerarquía del país está mucho más comprometido y obligado con sus deberes. La postura de lucha contra la corrupción no puede ser solamente un discurso para obtener simpatías, sino que exige gestos claros y acciones concretas de quienes hemos asumido combatirla frontalmente.

Y hablando de temas de corrupción, el ex presidente Alejandro Toledo viene señalando reiteradamente, desde Estados Unidos, que es un perseguido político de su país. ¿Es un perseguido político?

Es una burda estrategia del ex presidente Alejandro Toledo acusar de persecución política, ¿quién le puede creer? Todos conocemos sus antecedentes. Su afán es no hacer frente a los graves cargos imputados. Sería mucho más conveniente para él y para la imagen del país que de una vez regrese y se ponga a disposición de la justicia peruana.

Se tiene conocimiento de la existencia de una nueva investigación en relación al caso Madre Mía, ¿qué opinión tiene al respecto?

Tenemos conocimiento de que es una nueva investigación sobre la presunta comisión de delitos muy graves en base a lo declarado por nuevos testigos y respecto de hechos que no se incluyeron en el proceso anterior. En la misma línea de mis respuestas anteriores, considero que la más pequeña sospecha de participación en hechos presuntamente delictivos deberá motivar que se investigue a todos quienes estarían vinculados; por tanto, creo que ya debería comprenderse como investigado al ex presidente Ollanta Humala.

Autoficha:

“Asumí la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en octubre de 2016. Laboré como procuradora de Lavado de Activos, cargo que me permitió impulsar diversas denuncias contra organizaciones criminales que operan en el Perú y el extranjero”.

“En noviembre 2016 remití a la ministra de Justicia el diagnóstico sobre reestructuración del CDJE, solicitando la asignación de un presupuesto adecuado. El pedido se encuentra en el MEF, por esa razón no hemos podido iniciar la reestructuración”.

“Con relación a la creación de la Procuraduría General del Estado, la Comisión de Constitución del Congreso ha observado seis artículos del D. Leg. 1326. Han elaborado un texto con modificaciones que han sido derivadas al Pleno del Congreso para su correspondiente debate”.

Fuente Perú21

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