El Caso Lava Jato no solo ha levantado la mayor costra de corrupción de los últimos tiempos en el mundo, sino que también ha puesto al descubierto otra costra, que apenas empieza a mostrar su tejido macabro: el de la anticorrupción farsante.
No se trata de la anticorrupción que subyace en la legítima indignación popular, de la que se cuelgan candidatos y mandatarios para pasarla bien en las encuestas, y con la cual pueden hacer maravillas los fabricantes de honestidad.
Tampoco se trata de la anticorrupción teatral, como cuando Fernando Olivera perseguía las supuestas cuentas corruptas de Alan García o como cuando Sergio Tejada, a nombre de los Humala-Heredia, quería hacer lo mismo a través de una megacomisión del Congreso.
La anticorrupción farsante, para circunscribirlo al Perú, tiene una dimensión más horrorosa y patética que la propia corrupción de Lava Jato.
Está encarnada por quienes lavaron y levantaron banderas anticorrupción para convertir sus procesos electorales en maquinarias de recepción de dinero ilícito; por quienes, habiendo hecho lo mismo, es decir, embusteras campañas de manos limpias, usaron el poder como negocio y botín; y por quienes acompañaron a estos fingidos liderazgos de la moral pública, a sabiendas de que arrastraban inconductas reñidas con la ley y la justicia.
Toledo ofreció una patria sin rezagos de fujimorismo y montesinismo corruptos. Alan García no se vistió de anticorrupción, quizá para curarse en salud, pero no pudo evitar que las acusaciones de corrupción lo persiguieran hasta el trágico final de sus días.
Los Humala-Heredia prometieron la gran transformación política y moral del país (donde todos aprenderíamos a caminar derecho). Susana Villarán ha dejado en claro, en su exorcismo inmaculado, que transó con una mafia para acabar con otra y por el bien de Lima.
Pedro Pablo Kuczynski decía en campaña que un futuro gobierno no debía llegar a manos de quien fuera hija de un padre ladrón y criminal como Fujimori, en alusión a Keiko.
Hay un mal adicional en estas imposturas macabras: todas ellas han retroalimentado, desde el gobierno, los mecanismos de impunidad en el interior de las estructuras de poder y administración del Estado.
De ahí que cuando el presidente Martín Vizcarra se presenta como el nuevo abanderado de la anticorrupción, no debiera concentrarse tanto en el trabajo de jueces y fiscales que, con algunos sesgos visibles, están a la altura de las circunstancias, sino en el trabajo suyo y de sus ministros en los terrenos que les son propios y sensibles a la corrupción: Pro Inversión y el sistema de concesiones y contrataciones del Estado.
Es lamentable que tengamos además una contraloría prácticamente suplicando poder y recursos, y desde hace poco la restitución de su capacidad de sanción al Tribunal Constitucional.
Que alguien nos libre, por Dios, de la anticorrupción farsante, de todos aquellos que venden humo moral y electoral con ella, y sobre todo de jueces y fiscales que tienen en sus manos no solo la facultad y el poder de actuar de acuerdo a ley, sino el sesgo personal o político de torcer a voluntad determinados procesos y fallos.
Fuente El Comercio
