El Tribunal de Contrataciones del Estado, dependiente del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) desarrollará este lunes, 3 de octubre, una audiencia para reevaluar las dos sanciones de suspensión impuestas al Grupo La República para contratar publicidad estatal.
En un claro abuso legal, desde marzo de este año, OSCE inició y desarrolla una sistemática y planificada persecución y acoso a municipalidades, poderes del Estado y entidades constitucionalmente autónomas con la intención de bloquear el acceso de este diario, a la publicidad estatal.
Producto de este ataque, OSCE ha observado 10 adjudicaciones y 596 órdenes de servicio publicitario, en su mayoría de municipalidades distritales, señalando que se habría violado la ley 30225.
A partir de lo cual inició 106 procesos sancionadores y, en septiembre último, emitió las dos primeras sanciones de suspensión para contratar con el Estado hasta febrero del 2023. De seguir este acoso se generarían 606 suspensiones, lo que supondría una sanción a perpetuidad.
El OSCE atribuye a La República haber transgredido la Ley 30225 al contratar la publicación de avisos con diversas entidades estatales, entre el 19 de noviembre del 2020 y el 27 de julio del 2021, periodo en el que Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Turismo y Comercio Exterior.
Lo que dice el TC
Lo que OSCE no quiere ver es que, si bien la Ley 30225 estableció la prohibición de contratar con el Estado a los familiares de algunas altas autoridades, en el expediente N.° 03150-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional sentenció que dado que esta Ley restringe derechos constitucionales -la libertad de contratación y la presunción de inocencia- al aplicarla debe evaluarse si hay otras alternativas para evitar algún favorecimiento indebido.
Además, señaló que salvo que se trate del presidente de la República, la prohibición debe limitarse a la entidad en la que labora el funcionario. En este caso, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.
El TC subraya que el OSCE tiene los mecanismos legales para vigilar que no haya un favorecimiento indebido en los contratos por relaciones con familiares de altos funcionarios públicos, más allá de la Ley. El Estado, explicó el Tribunal Constitucional, no puede presumir que “una persona por el solo hecho de ser familiar o pariente de dichos funcionarios está recurriendo a influencias indebidas para obtener un contrato con algún ente público”.
OSCE ha aplicado con anterioridad lo resuelto por el TC . Pero, al perseguir y sancionar a La República, dicha sentencia y sus argumentos son ignorados. La audiencia de hoy da al Tribunal de Contrataciones la oportunidad de terminar con el acoso a un medio crítico con el presidente Pedro Castillo.
Persecución
La persecución del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado bloquea la publicación de edictos y ordenanzas de alcaldía en diversos distritos del país.
Ignoran la Ley de municipalidades
Además, en su afán de perseguir al diario La República, el Tribunal de Contrataciones y OSCE ignoran deliberadamente lo que dice el inciso 2 del artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta norma dispone que los decretos de alcaldía, deben publicarse “en el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción”.
Las 596 órdenes de servicio que la OSCE observan están referidas al cumplimiento de la ley de Municipalidades, pues entre el 2021 y 2022, “La República” es diario judicial en los distritos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua.
Fuente La República
