Las acciones penales y administrativas que dispuso la Contraloría General de la República por el presunto direccionamiento en la compra de 14 compactadoras, para la gestión de residuos de la ciudad de Chiclayo, involucran al presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Pedro Reyes Tassara, quien fue primer miembro del comité de selección que designó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).
Según el Informe de Control Específico n.° 009-2022, los hechos al margen de la norma se registraron en la Licitación Pública n.° 05-2021, la cual conllevó al otorgamiento de la buena pro al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú a pesar que incumplió con los requisitos establecidos en las bases integradas que afectó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.
De la revisión de la documentación referida a la Licitación Pública n.° 05-2021, el ente de control precisó que la Gerencia General con Resolución n.° 306 conformó el comité de selección con el subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Gino Chanamé; Pedro Reyes Tassara y el subgerente de Logística, Carlos Montalvo, como primer y segundo integrante, respectivamente.
Criterios de Asalde y Burgos
Ante esta situación, el pastdecano del CIL, Lucio Asalde Vives, lamentó que un miembro de la orden profesional esté en la lista de personas no solo con supuesta responsabilidad penal, también administrativa, la cual está bajo potestad sancionadora de la Contraloría.
“Creo que lo idóneo es que el presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Pedro Reyes) ponga su cargo a disposición durante las investigaciones. Si la justicia lo declara inocente todo volverá a su normalidad, pero si es culpable, entonces la institución debería evaluar el retiro de la colegiatura”, aseveró a La República.
Por su parte, el decano de la orden profesional, Carlos Burgos Montenegro, manifestó que dicho directivo debe responder a la justicia por los hechos detectados por la Contraloría y a la vez solicitó que la Comisión Deontológica analice el caso y se pronuncie. “Definitivamente, los hechos advertidos son delicados y el ingeniero tiene que responder a la justicia y a la Comisión Deontológica, la cual debe pronunciarse”, advirtió. Burgos.
Piden informe
Con relación al desempeño del ingeniero Juan Avellaneda, específicamente en la evaluación técnica de las 14 compactadoras, Lucio Asalde señaló que es necesario conocer los criterios que se tomaron en cuenta, ya que uno de los vehículos presentó fallas el sistema eléctrico a pocos días de iniciar su recorrido en la urbe. “Son compactadoras y, por ende, tienen un sistema complejo (eléctrico e hidráulico) que debe estar en perfectas condiciones y conforme a las especificaciones técnicas a fin que el ayuntamiento otorgue la conformidad”, expresó Asalde.
Fuente La República
