El Ing. Elías Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), dijo que este tema será debatido en el primer Congreso Nacional de Junta de Resoluciones de Disputas de Obras Públicas, organizado por dicha asociación a realizarse este sábado 17 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú.
La Ley 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, que a la fecha suman más de 1770, no tiene ningún resultado positivo, a ocho meses de su puesta en vigencia, debido a que -entre otras razones- los funcionarios de Estado no se atreven a firmar la continuación de los proyectos por temor a que la Contraloría General de la República los sancione.
Así lo afirmó el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), Ing. Elías Tapia, quien dijo que dicha situación viene generando perjuicios a la población que sufre por la falta de culminación de los proyectos de servicios de agua potable, hospitales, colegios y carreteras que requiere con suma urgencia.
“Después de ocho meses de vigencia, la norma aún no tiene resultados positivos, pues no ha logrado reactivar los proyectos que se había previsto, lo que no contribuye a dinamizar en general las inversiones en el Perú”, expresó.
Explicó que, sumado al temor de los funcionarios, está el hecho que la norma establece un sistema tradicional que consiste en invitar a los demás postores que participaron en el respectivo procedimiento de selección, elaboración de un nuevo expediente técnico impugnaciones, etc., que demanda por lo menos dos años.
En ese sentido, Tapia Julca planteó que esas obras sean culminadas mediante el esquema de concurso oferta fast track, que permita acelerar la aprobación de estudios y se pueda iniciar la reactivación de las obras en tres meses, conforme se van terminando los diseños. “Con ese sistema no se espera terminar el 100 de los diseños, sino que, con las partes terminadas, de inmediato, se empieza a ejecutar las obras”, aseguró.
Precisó que el sistema fast track no implica una norma adicional, porque “nuestra normativa ya contempla ese mecanismo, sino que no se aplica por temor a la Contraloría”.
Por ello y para mayor transparencia, planteó que su aplicación esté bajo la supervisión de la Contraloría, el Organismo Supervisores de Contrataciones del Estado (OSCE), así como de un representante de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, dijo que este tema será debatido también en el primer Congreso Nacional de Junta de Resoluciones de Disputas de Obras Públicas, organizado por la Asociación Peruana de Consultoría (APC), a realizarse este sábado 17 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú.
Fuente Caretas
