El Equipo Especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público obtuvo recientemente un documento de 17 páginas que detallaba el desembolso de 59 millones de dólares, los cuales habrían sido utilizados para realizar pagos ilícitos. El texto enumera 71 codinomes -seudónimos que Odebrecht utilizó para referirse a las personas que cobraron dinero de la denominada Caja 2- que representarían a los funcionarios comprometidos con las amortizaciones en por lo menos nueve obras a su cargo.
De ese total, al menos 17 políticos de diferentes partidos recibieron dinero de la empresa brasileña. La “Campanha Nacional” encubre fondos dirigidos a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alan García; “Campanha Regional” oculta la entrega de dinero a Luis Castañeda, Susana Villarán y Lourdes Flores, aunque a esta última también se le proporcionó para su campaña presidencial. El codinome “Campanha Legislativa” fue usado para desembolsos a postulantes al Congreso, especialmente de dos partidos, el PPC y el Apra.
Con esta información, la investigación de la corrupción política peruana avanza por nuevas vías. Sobre el financiamiento de las campañas nacionales, se detallan montos, nombres y circunstancias que permitirán que las investigaciones actualmente en curso se consoliden y aceleren; y sobre los sobornos a los legisladores, será el inicio de una investigación más compleja sobre el papel del Congreso en la corrupción brasileña.
Como se sabe, varios de los proyectos de infraestructura fueron facilitados por decisiones legislativas. En otros casos, los congresistas y sus bancadas desempeñaron un papel decisivo para la provisión de presupuestos de cofinanciamiento, o simplemente para que no progresen en el Congreso las denuncias de irregularidades en las obras o de su falta de sustento técnico.
La comisión Lava Jato del Congreso se negó a investigar el papel del Legislativo en las tramas corruptas y ensayó un blindaje a la actuación del gobierno del Apra (2006-2011). Los primeros datos indican que la penetración de estas tramas en los períodos congresales 2001-2019 fue profunda, con compromisos individuales y partidarios. Varios legisladores han sido identificados, y no por casualidad son también denunciados en otros casos de corrupción.
Con el Congreso disuelto, y desaparecida la posibilidad de que los congresistas y partidos que recibieron dinero ilegal usen su poder para proteger y protegerse, se abre paso un nuevo frente de la búsqueda de la verdad, para sancionar a quienes se burlaron de sus electores.
Fuente La República
