Si analizamos los resultados de las elecciones del 2021, encontramos que la respuesta de los ciudadanos, no fue la elección de un candidato y menos sus preferencias por un partido, que hasta ese momento era desconocido. Fue una respuesta contundente a la corrupción, que lo encarnaba Keiko Fujimori.
No extraña por eso, que luego de los resultados, casi todas las organizaciones que se plegaron contra la elección de Pedro Castillo tienen algo que responder al pueblo peruano: Lourdes Flores Nano, Jorge del Castillo, para citar a los más visibles, responden a partidos políticos que son investigados -como organización o como individuos, por actos de corrupción.
Pero esta titánica lucha contra la corrupción requiere de recursos. El Ministerio Público requiere de fondos para desenredar toda la madeja que significa un partido político convertido en una organización criminal. No es sencillo hacerlo.
Los casos son abundantes y se complica más por el fraccionamiento del estado con la creación de nuevas entidades donde se tiene que investigar: la proliferación de distritos y provincias y regiones, así como de instituciones que se convierten en pliegos presupuestales autónomos.
Si las investigaciones de las fiscalías dedicadas a combatir la corrupción tienen escasos recursos económicos, algo similar sucede en el poder judicial. No es una novedad, que los juzgados tienen una sobrecarga procesal de expedientes que tienen que atender.
Todo el sistema judicial requiere ser atendido con presupuestos que le permitan agilizar y atender con prontitud los procesos judiciales que están en los despachos de los jueces. Pero es mucho mayor en los juicios de casos de corrupción.
El caso de los “cocteles” y los sobornos de Odebrecht son emblemáticos, no sólo porque la protagonista es Keiko Fujimori, sino que da las pautas de como otras organizaciones políticas han utilizado métodos similares para lavar el dinero de la corrupción.
El Juez que ve el caso ha señalado que tiene una sobrecarga procesal que le limita su trabajo en este proceso. Y como ese caso, muchos más se encuentran sin poder avanzar porque no hay recursos.
Las organizaciones criminales, dedicadas a cualquier ilícito, sea narcotráfico o corrupción tienen recursos. Para combatirlos, necesitamos que el Estado le de los recursos a las instituciones que investigan este delito: la policía nacional dedicada a la investigación de lavado de activos, la contraloría general de la república, el Ministerio Público, y de manera especial el poder judicial.
Si queremos combatir la corrupción, hay que fortalecer a las instituciones que luchan contra el crimen organizado en la política.
Fuente Jornada
