Ricardo Javier Guzmán Díaz es brigadier de la Policía Nacional del Perú. Por casi 40 años sirvió a la población peruana y quiso seguir haciéndolo, pero una negligencia por parte de su institución y una ineficiente atención en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz han truncado ese anhelo, según denunciaron sus familiares.
El efectivo PNP acudió hasta en cuatro oportunidades al hospital de la Policía porque sufría una dolencia muy fuerte en el abdomen; sin embargo, el personal le decía que seguro estaba mintiendo o simplemente le daban una pastilla para el dolor. “Mi padre tuvo que llegar agonizante al establecimiento para que recién lo atendieran. Ahí, detectaron que tenía una úlcera péptica y que esta había reventado. A ello, le siguió cirrosis hepática en grado cuatro”, explicó Javier Guzmán para La República.
El lento proceso de admisión al hospital PNP sería solo el inicio de un vía crucis. A pesar de su grave estado de salud, el efectivo no fue trasladado a UCI, sino que solo se encontraba en la Unidad de Cuidados Críticos. “Durante varios días le pedí al médico que, por favor, llevaran a mi papá a UCI. Este me respondió que ‘los que van a UCI, tienen una oportunidad de vivir’, dando a entender que como mi progenitor estaba muy grave, ya no valía la pena hacer un esfuerzo mayor”, detalló.
Días después de la petición de traslado, Ricardo Guzmán empezó a sufrir taquicardias y corría el riesgo de perder la vida, recién en ese momento fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se halla actualmente.
¡Ni siquiera jeringas!
Muy aparte de la tardanza al admitir al efectivo PNP en el nosocomio y de no brindarle la atención adecuada a tiempo, su familia ha tenido que correr con los gastos de las medicinas y equipos con que, aunque básicos, no cuenta el centro de salud.
“Hemos estado comprando todos los medicamentos que nos solicitaban. Eso es inaudito porque atienden a efectivos que han servido y aportado a ese seguro, para que al final sea ineficiente. Tener que comprar una jeringa o un bisturí, es inadmisible, son implementos básicos”, relató.
En ese sentido, explicó que se supone que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) debe hacer una devolución de esa plata; sin embargo, la entidad, en un primer momento, le señaló ello sería dentro de mínimo tres meses. “A consecuencia de que denuncié el hecho en los medios de comunicación, me dijeron que la semana entrante me estarían depositando. Espero cumplan su promesa porque es dinero que necesitamos con urgencia para cubrir los gastos que seguimos teniendo”, precisó.
Familiares denuncian accionar irregular del comisario jefe del agraviado
Por otro lado, Javier Guzmán refirió que su padre durante toda su trayectoria había trabajado en la Policía de Investigaciones del Perú (PIP); no obstante, de un momento a otro, fue derivado a cumplir servicio en el Cerro Canto Grande, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), una zona de difícil acceso, sobre todo, para una persona de 60 años que acababa de recuperarse de la COVID-19.
“José Ali García Barreda es el comisario de la dependencia de Santa Elizabeth de SJL, quien trasladó a mi padre a este lugar hostil que no fue bueno para su salud. Él recién se había recuperado del coronavirus, es una persona mayor y lo mandan a la punta del cerro a trabajar sin explicación de por medio”, expresó.
El efectivo PNP cumplió responsablemente su labor hasta un día antes de que empezaran los dolores abdominales. “Mi padre es una persona noble que buscaba terminar con sus años de servicio, graduarse con honores, ahora es muy probable que muera” lamenta Javier, quien mantiene la esperanza y levanta su voz en representación de todos los ciudadanos que se ven día a día afectados por el ineficiente trato en el hospital de la Policía Nacional, según indicó para este medio.
Fuente La República
