En su primera semana como líder de la reconstrucción posfenómeno de El Niño costero, Pablo de la Flor verificó el nivel de destrucción en el norte. Luego de su viaje por las regiones afectadas, calificó la tarea que le aguarda como “el principal reto” de su vida profesional.
—Al delinearse el primer Gabinete de este gobierno, su nombre era uno de los voceados para la cartera de Educación. ¿Por qué volver al sector público ahora y no en ese entonces?
Yo tengo una vocación de servicio público y la mantuve desde el sector privado. El gobierno me convocó para apoyar en la formulación de la ley para la reconstrucción y aporté esa experiencia. Luego me ofrecieron liderar el proceso y acepté porque es, sin duda, el principal reto en mi vida profesional.
—También es un cargo en el cual se está muy expuesto. ¿Puso alguna condición para asumirlo?
No, ya que la norma recoge mis puntos de vista sobre diversos temas. Es un instrumento sin antecedentes en la gestión pública peruana. Establece plazos máximos de 30 días para adjudicar proyectos, 7 días para otorgar permisos municipales y habilitaciones urbanas automáticas.
—¿Esos plazos se cumplirán?
No lo puedo garantizar, pero tengo la ley de mi lado. Eso fortalece mi capacidad para exigir su cumplimiento. La autoridad va a coordinar con todos los ministerios y gobiernos subnacionales. Además, tenemos la posibilidad de ejecutar obras cuando una instancia encargada no avance o no esté capacitada para desarrollarlas.
—¿Qué indicios positivos y qué aspectos pendientes pudo identificar en su primer viaje al norte como líder de la reconstrucción?
El desastre desnudó lo peor del Perú: la improvisación y la mala calidad de obras realizadas, en muchos casos, con corrupción de por medio. La emergencia generó problemas pero, por ejemplo, la ausencia de sistemas de agua y saneamiento en el norte antecede al evento. No puede ser que el Perú, con tasas de crecimiento importantes, le haya dado la espalda al norte durante muchos años. Felizmente, la emergencia también reveló nuestra capacidad para movilizarnos en torno a un objetivo común.
—Es optimista respecto a la coordinación institucional. Sin embargo, existe un preconcepto difundido –en algunos casos errado– sobre la ineficiencia de gobiernos locales.
Si bien algunos tienen récords de ejecución bajos, existen otros que superan el 90%. No hablaré de casos específicos, pero muchos incluso tienen niveles superiores a los de algunos ministerios. Uno de los grandes desafíos de la reconstrucción es fortalecer las capacidades de quienes tengan niveles bajos de ejecución.
—¿Puede garantizar que no se repetirá la experiencia fallida de Forsur?
Sabemos por qué falló Forsur y no repetiremos esa experiencia. Además, recogimos las mejores prácticas internacionales.
—¿Cuál es la lección que tiene más presente?
Evitar que el directorio sea una asamblea, en la cual es difícil decidir. Hoy las decisiones las toma la autoridad. El directorio de ministros hace el seguimiento y los gobiernos subnacionales son consultados. No tendremos éxito sin un trabajo conjunto.
—¿Cómo hacerlo sin que estos sientan que la autoridad se inmiscuye en su trabajo?
Existirán momentos de mucha tensión, pero tendremos que resolverlos. Para ello se necesita diseñar un sistema de coordinación fluido y existe la vocación para hacerlo, pero también tengo la responsabilidad de lograr que las obras se ejecuten en el menor tiempo posible.
—También tiene la obligación de rendir cuentas ante el Congreso. ¿Qué espera de ese intercambio?
Tengo una manifiesta voluntad de comunicar y explicar lo que hago. Asistiré cuando sea convocado y, cuando no sea convocado, pediré que sea así. La discusión es parte del proceso político. No podemos tomarlo personal. La democracia tiene mecanismos de balance y control.
—Dijo hace poco que la reconstrucción debe estar por encima de las diferencias políticas. ¿A qué tienda política se acerca más y con cuál mantiene mayores diferencias?
A la que más me acerco es a la tienda de la reconstrucción.
—¿Ideológicamente es más cercano al partido de gobierno?
Ideológicamente me acerco a la tienda de la reconstrucción [ríe].
—Para algunos parlamentarios de Acción Popular, usted tiene un conflicto de intereses porque lideró las inversiones del Banco de Crédito del Perú a través de obras por impuestos (OxI).
Yo no veo un conflicto. Lideré una empresa que apostó por ese mecanismo, el cual no le generaba ningún beneficio económico o financiero. Además, la ejecución no está a cargo de la autoridad. Nosotros hacemos el plan que prioriza iniciativas, designa al encargado de ejecutarlas y define el mecanismo para hacerlo [obra pública u OxI]. Si fuese a través de OxI, la entidad encargada definirá quién ejecuta la obra.
—La participación privada en la reconstrucción será importante. ¿Constituye un obstáculo que las principales constructoras del mercado estén vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht?
Nosotros tenemos la esperanza de que esto se despeje durante los próximos meses. Sin embargo, existen importantes constructoras peruanas sin vinculación alguna con los escándalos de corrupción. La expectativa es trabajar con ellas y blindar el proceso contra malos manejos.
—¿Empresas vinculadas a ese proceso de investigación –como Graña y Montero, JJC e ICCGSA– podrán participar en la reconstrucción?
En principio, las investigadas no tienen ningún impedimento.
—¿Qué mecanismos blindarán el proceso contra la corrupción?
Crearemos un portal web para almacenar la información del proceso en tiempo real y un observatorio ciudadano. La forma de protegernos de la corrupción es hacer todo público. La coordinación estrecha con la contraloría también será muy importante, tanto en el control concurrente como en el posterior.
—¿Cómo hacer para que la fiscalización de la contraloría no derive en paralizaciones del proceso?
La contraloría es consciente de ese riesgo y esta semana me reuniré con el contralor para discutir precisamente ese aspecto. Uno de los principales desafíos es encontrar el mecanismo más idóneo y fluido de trabajo. Sin embargo, la labor de la contraloría es una garantía de que el proceso será llevado con transparencia y sin la corrupción que tanto ha deslegitimado la función pública.
—¿Ya tienen definido cuántos años tomará la reconstrucción?
No más de cuatro años. El plan ya está al 80%. El 20% restante es complicado, pero podríamos tenerlo antes del plazo máximo [de tres meses].Comenzaremos con Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima provincias porque representan el 70% de la infraestructura dañada y el 90% de la población afectada.
—El Ejecutivo planteó elevar el déficit fiscal para de financiar los S/20.000 millones que costaría la reconstrucción. ¿Qué pasará con el proceso si el Parlamento no lo aprueba?
Todos tenemos el compromiso de avanzar rápidamente con la reconstrucción. El Congreso aprobó la norma y difícilmente se opondrá a elevar el déficit.
—Si se opone, ¿de dónde saldrá el dinero para las obras que, según anunció, se iniciarán de forma inmediata?
De los 20.000 millones ya comprometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un proceso por seguir, pero podemos ir haciendo rehabilitaciones puntuales de infraestructura marginalmente dañada o reconstrucciones de obras que ya cuentan con expedientes técnicos. Hay 1.100 colegios y casi 900 centros de salud para rehabilitar, y 65 expedientes técnicos para reconstruir puentes [de un total de 400].
Fuente el Comercio
