El último viernes 7 de abril, la presidenta Dina Boluarte, luego de haber transitado por zonas devastadas de Piura, anunció que su Gobierno destinará S/500 millones a la región norteña para que sus autoridades afronten la situación de emergencia originada por las lluvias. Por las palabras de la jefa de Estado pareció entenderse que Piura sufre las consecuencias de desbordes, inundaciones y deslizamientos debido a la falta de inversiones para obras de prevención o de mitigación.
Las cifras de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) indican, más bien, que Piura encabeza a las regiones que más recursos han percibido.
egún un análisis de datos de las transferencias efectuadas por la ARCC, desde su fundación en 2017 hasta marzo de este año, nueve regiones percibieron la friolera de S/10,7 mil millones para rehabilitar colegios, hospitales y carreteras, pero sobre todo para instalar la infraestructura necesaria para contener el impacto de periodos de lluvias inusuales. Piura encabeza a estas nueve regiones con un total de S/2.938 millones. Para 2023, la ARCC ya había girado a las autoridades regionales y locales piuranas más de S/259 millones. Con el anuncio de Boluarte, ahora va a tener S/500 millones más.
La interrogante que surge de inmediato es: ¿por qué Piura es la región que más está sufriendo por los destrozos derivados de las lluvias si ha recibido S/2.938 millones de la ARCC, entre 2017 y 2023, para instalar un sistema de prevención y mitigación?
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha quejado por la presunta carencia de recursos para financiar obras públicas destinadas a la protección de los ciudadanos ante desbordes, huaicos e inundaciones. Sin embargo, entre 2017 y 2023, la ARCC transfirió para proyectos en la región Lima por más de S/2.228 millones. En lo que va de 2023, la autoridad ha girado hasta el momento S/195,9 millones a las autoridades regionales y municipales de Lima.
Las autoridades regionales, provinciales y distritales de La Libertad, cuyos pobladores también enfrentan graves situaciones por las ondas expansivas destructoras de las lluvias, reclaman por lo que denominan la inacción del Ejecutivo, en particular por su “centralismo presupuestario”. Empero, la región La Libertad es la tercera a la que la ARCC más fondos públicos ha transferido, entre otros, para prepararse ante eventuales emergencias por lluvias, desbordes y huaicos.
En efecto, según la base de datos elaborada por La República, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2017 y lo que va de 2023, las autoridades regionales y locales recibieron S/2.115 millones de soles. Hasta fines de marzo de este año ya fueron distribuidos S/214,8 millones para las autoridades de La Libertad. Mucho más que Áncash, Lambayeque, Tumbes y Cajamarca, que afrontan también situaciones de emergencia.
Para el Gobierno, la solución sigue siendo cuestión de aumentar recursos. No obstante, la Contraloría General de la República ha informado que la Procuraduría de dicho organismo fiscalizador ha planteado denuncias penales contra más de 400 funcionarios de los gobiernos regionales y alcaldías provinciales y distritales por presuntos actos de corrupción. Entre ellos, 105 de La Libertad, 76 de Lambayeque y 55 de Piura, que son los mayores receptores de los fondos transferidos por la ARCC entre 2017 y 2023.
Esto no solo se trata de dinero, sino también de fiscalización para que los fondos transferidos cumplan con su objetivo. Si solo entrega dinero sin desterrar o reducir la corrupción de funcionarios públicos, se seguirán viendo enormes inundaciones o deslizamientos y miles de personas sin hogar. La corrupción de funcionarios afecta el corazón de la obra pública: la ejecución de la misma.
En recientes declaraciones, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, reconoció que la corrupción afectó la realización de la obra pública que se necesitaba para contener la furia de las lluvias. “Los culpables no somos nosotros, recién tenemos tres meses en el cargo y hemos encontrado esta realidad de drenes cerrados para construir casas, habilitaciones urbanas donde había lagunas y se generaban confinamientos de agua. Eso es lo que hemos heredado”, explicó la autoridad norteña.
“Estamos tomando acciones concretas con la finalidad de dar solución provisional porque, mientras se den este tipo de periodos lluviosos, vamos a tener que tomar acciones rápidas. Pero también estamos viendo, de manera paralela, el tema de dar soluciones definitivas a un problema de décadas”, manifestó el gobernador piurano.
Sin embargo, el Ejecutivo ofrece soluciones a corto plazo y superficiales. Por ejemplo, el miércoles 5 de abril presentó un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI), en sustitución de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La gran diferencia entre la ANI y la ARCC es que la primera ahora va a tener un alcance en todo el territorio nacional. La ARCC solo se dedicaba a las regiones afectadas por las lluvias. Sin embargo, la ANI dependerá, como la ARCC, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En realidad, solo se trataría un cambio de nombres, ya que la ARCC se fusionará a la Autoridad Nacional de Infraestructura, prácticamente van a tener los mismos funcionarios.
La ANI, como la ARCC, se va a limitar a transferir los fondos públicos y encargará la ejecución de las obras públicas a los gobiernos regionales y locales. ¿Y la fiscalización en los procesos de licitación, la supervisión de la ejecución de las obras y la verificación de la entrega de la infraestructura en el tiempo previsto según el contrato?
Como ha informado La República, la Contraloría ha encontrado un alto índice de corrupción en proyectos financiados por la ARCC: direccionamiento de las licitaciones, adulteración de los contratos, obras recibidas incompletas, cambios de fecha sin fundamento de la entrega de los proyectos, etc. La mayoría de los responsables son funcionarios de gobiernos regionales y locales. Pero en el proyecto del Ejecutivo para la creación de la ARI no se menciona qué se hará al respecto.
“Hoy Piura se ha vuelto a inundar y no se ha tratado ninguna cuenca. Es una pena lo que está pasando porque se ha gastado más de 20 mil millones de soles y seguimos tan igual como en 2017. Nos sentimos abandonados por el Gobierno central”, señaló en una reciente conferencia el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orué.
En realidad, como se ha indicado, Piura ha recibido S/2.938 millones. Pero el resultado ha sido el mismo: los fondos públicos no han servido para prevenir y mitigar el desastre que hunde a Piura.
Autoridades que no rinden cuentas
Los ciudadanos afectados por las consecuencias de las lluvias reclaman al Gobierno por la falta de atención. Las cifras demuestran (ver infografía) que el Ejecutivo transfirió fondos suficientes para construir obras de prevención. Pero las autoridades electas no cumplieron con su papel. Los ciudadanos deben exigir rendición de cuentas.
Las cifras
2.938 millones de soles transfirió la ARCC a Piura entre 2017-2022.
Fuente La República
