La delicada situación que afronta el Ministerio del Interior, con la entrada y salida de sus titulares, desató una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de gestión, y de elección, del gobierno interino de Francisco Sagasti. Un sector político remarca que la crisis en el sector nació con la decisión del presidente de dar de baja a 18 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la muerte de dos jóvenes durante las protestas en contra de la gestión de Manuel Merino. Allí también nació la reforma policial.
«Lamento que durante la pandemia se hayan cometido graves irregularidades en la administración de los recursos de la PNP, esto habría ocasionado la muerte de miembros de la institución que estaban en la primera línea de combate contra el COVID-19», declaró Sagasti en mensaje a la Nación. En la actualidad, el sector es liderado por José Elice, exoficial del Congreso y excandidato del Partido Morado.
Como se recuerda, ya en abril, el periodista Edgar Mandujano informó en CARETAS (Edición 2635) que el exministro Carlos Morán Soto, junto al excomandante general de la Policía, José Luis Lavalle, y otros oficiales fueron citados para declarar sobre sus vínculos con los proveedores que sobrevaloraron precios en la venta de insumos por la crisis del coronavirus a la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj). La responsabilidad también tenía a terceros civilmente responsables.
CORRUPCIÓN DE ALTO VUELO
El negociado desvergonzado en la adquisición de insumos de seguridad para el personal policial que a diario debe de brindar control y seguridad en el aislamiento social ordenado por el Gobierno, quedó al descubierto por el propio cuerpo policial, cansado del maltrato al personal subalterno.
De allí provino la pista y el escándalo involucra a oficiales de la policía que, en complicidad con personas muy cercanas, contrataron con el Estado por millones de soles. Mientras a diario decenas de policías se infectaban por coronavirus, otros efectivos eran internados por la gravedad de su salud dejando de existir días después.
Según el Ministerio Público, para este escandaloso hecho se habría creado una organización criminal conformada por oficiales, subalternos, testaferros y terceros civilmente responsables. Actos de corrupción que se han repetido en Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Ucayali y Puno como si fuera el contagio de un virus. Los actos de corrupción relacionados al mal manejo del presupuesto de la DIREICAJ dirigidos a la compra de insumos para cubrir la emergencia COVID-19, podría envolver a varios oficiales de alto rango en la policía nacional.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia denunció a cinco oficiales. Entre ellos se encuentra el teniente general Héctor Javier Petit Amésquita, exdirector de la Administración de la PNP, nombrado por Morán, por el caso de la compra irregular de 700 mil mascarillas y 22 900 raciones de ranchos fríos valorizados en 10 millones de soles, a cargo de la empresa Emotion Group Perú dedicada a la venta de neumáticos y repuestos para vehículos.
SALIDA O RENUNCIA
Ante los presuntos actos de corrupción y las deficiencias para atender a los efectivos contagiados en los hospitales, el ex ministro Morán optó por renovar el cuadro de oficiales designando al teniente general PNP Gastón Rodríguez Limo como comandante general de la Policía Nacional, en reemplazo de Lavalle.
Pero tres oficiales de alto rango expresaron su desacuerdo por el ascenso de Rodríguez, que era de menor antigüedad. Y se resistieron a renunciar para allanar el camino. Con ese malestar en el Comando, se dispuso en cambio el nombramiento de Rodríguez Limo como reemplazo de Morán. Horas después de la juramentación se anunció la renuncia y remoción de otros altos mandos, entre ellos Lavalle, que parecía inamovible del cargo.
AMIGOS DE LA POLICÍA
La prospera empresaria Nathalie Perea Mendoza es esposa del coronel PNP (r) Gino Coletti Dávila, quien fue agregado policial en Colombia y secretario personal del Director General de la PNP, Raúl Salazar en 2011. En marzo de 2013, Perea, por medio de su empresa Constructora Alemar Contratistas Generales SAC., le refaccionó el despacho a Salazar por S/. 110. También hizo negocios con otras cinco unidades policiales (CARETAS 2273 “La Oficina del General”).
Perea Mendoza tuvo siete empresas que brindan servicios al cuerpo policial. Del 2018 al 2020 obtuvo 198 contrataciones con una ganancia de S/. 23 millones de soles. La última contratación que ha hecho fue el 6 de abril, por la venta de 66 120 mascarillas tipo N-95 a través de su empresa ‘Uniform Sniper EIRL’. El costo total de la venta fue S/ 1 millón 983 mil 600 soles, a 30 soles la unidad. En el mercado se obtenía cada una a S/.8. Negocio redondo.
El viernes 3 de abril, y en un tiempo record, el general Juan Carlos Sotil, aprobó dos procesos de contrataciones por un monto de S/. 502 400 soles a favor de ‘Finance Group’, de Michel Lanao Salvatierra, por la compra de guantes, mascarillas y mamelucos descartables. Lo que toma días se hizo en horas. En la página oficial del SEACE (Supervisor de Contrataciones del Estado), el ingreso de participantes seria el 7 de abril. Es decir que la buena pro ya se había otorgado días antes. A pesar que ‘Finance Group’, no calificaba por ser del rubro de la construcción, obtuvo la venia.
Pero el desfalco más escandaloso ocurrió en la compra de materiales para el aseo, tales como alcohol en gel, lejía, papel toalla, jabón líquido por un monto de S/. 416 618 soles, donde se precisa que la documentación y requisitos de los postores deberían ser entregadas el 31 de marzo. Ocurrió algo inaudito.
La empresa de Five Networks Solutions SAC, perteneciente a Héctor Contreras Morán, presentó su propuesta 10 días antes de la convocatoria, es decir que entregó los documentos el 21 de marzo. La empresa no contaba con las calificaciones requeridas y tampoco acreditó el monto facturado equivalente a S/. 455 000 soles por la contratación de bienes.
Elementos de bioseguridad comprados por la PNP.
Para la Fiscalía, las facilidades en la adquisición de insumos sobrevalorados se deben a la complicidad del coronel PNP Nolberto Miranda Salez, encargado de administrar la ejecución del presupuesto de la DIRINDRI – DIREICAJ. En esa línea, habría trabajado con el apoyo incondicional de Jerry Fernández Alvarado García, jefe de logística y abastecimiento en DIRINDRI – DIREICAJ, encargado de buscar a todas las empresas que van a ser beneficiadas. Y este oficial sería muy amigo del general Juan Carlos Sotil.
Fernández Alvarado fue detenido en 2017 en Tumbes y lo dieron de baja, implicado en tráfico de armas. Pero dos años después fue reincorporado. Otra pieza clave en la presunta organización es Hugo Héctor Cieza Naval, investigado por recibir el dinero fruto de la corrupción, quien sería el que manipula los términos y especificaciones, además de las partidas presupuestales, mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Y, con el apoyo de Yolvi Ángeles Condori, se encargaban de almacenar bienes incompletos y en mal estado.
Fuente Caretas
