Cinco exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero (INDESTA) de SUNAT fueron condenados a cinco años de cárcel efectiva por interesarse indebidamente en dos procesos de contrataciones estatales para beneficiar a una empresaria.
Se trata del exjefe de INDESTA, Luis Felipe Polo Gálvez; del exjefe de la Oficina De Coordinación Administrativa, David Fernando Aliaga Correa; del exjefe de la División de Programación y Gestión, Juan Carlos Cielo Flores; de los exjefes de la Oficina de Soporte Académico, Álvaro Carlos Flores Llamas y Elizabeth Ponce Muñante (en diferentes periodos).
Asimismo, ante la acusación del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, la representante legal de la empresa Gráfica Delvi S.C.R.L., Nancy Mercedes Villanueva Dávalos, recibió la misma sanción penal.
El Ministerio Público también logró que el Poder Judicial ordene el pago de S/ 2 012 752.00 de reparación civil de manera solidaria y que los sentenciados sean inhabilitados para ejercer cargo público o contratar con el Estado por un periodo de cinco años.
En el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Lissette Stephany Cayetano Gutiérrez demostró que, el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (ahora INDESTA) incluyó dos procesos en el Plan Anual de Contrataciones 2012, sin que existan documentos que sustenten la necesidad o el requerimiento de alguna área.
El primero fue el Concurso Público N.°40-2012 por el servicio de impresión de ediciones, en el que se afectó al Estado con S/1 623 596.72 y el segundo fue la Adjudicación de Menor Cuantía N.°113-2013 para la adquisición de materiales académicos para las capacitaciones, en la cual el perjuicio económico fue de S/ 1 623 596.72.
En este último, INDESTA adquirió cantidades exorbitantes de bienes no esenciales para la institución como: 90 mil unidades de fólderes, 75 mil bolígrafos, 15 mil archivadores pioner, 15 mil maletines y otros, los mismos que no fueron usados en su totalidad.
Además, la empresa beneficiada no cumplió con entregar los bienes conforme a las especificaciones técnicas, pese a ello, Álvaro Flores y Elizabeth Ponce dieron las conformidades de las compras en sus respetivos periodos como jefes de la Oficina de Soporte Académico.
Cabe precisar que, la ejecución de la pena quedó suspendida hasta que se resuelva el caso en segunda instancia, para ello el Poder Judicial ordenó que los sentenciados paguen una caución de S/ 30 000.00 cada uno.
Fuente Caretas
