Mientras el gobernador Elmer Cáceres LLica está empecinado en que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) compre la vacuna rusa (Sputnik V), la Contraloría General de la República demostró en varios informes de control que en el GRA no saben comprar y mucho menos verifican que los proveedores cumplan con las bases del proceso de adquisición. Asimismo, realizan obras sin expedientes técnicos correctos, que no tienen impacto regional y mucho menos están acorde al Plan Estratégico Institucional del GRA.
Un ejemplo de ello es la obra Creación de la plaza cívica en la Asociación Jardín del Colca del distrito de Yura (Arequipa), que está paralizada. El presidente de esa asociación es su asesor Hugo Mendoza Choquehuanca y Cáceres Llica es uno de los socios.
Otro ejemplo, es la contratación de Jorge Milton Galindez Gálvez para que entregue 27 mil raciones de alimentos durante 108 días, por cuyo servicio le pagaron 148 mil 500 soles. Pero no se cumplió.
JUGANDO CON LA NECESIDAD
El 3 de noviembre de 2020, Galindez firmó el contrato que le obligaba a cumplir con los requerimientos del servicio requerido. No obstante, se burló de esas obligaciones. En el informe n.º 003-2021-CG/OCI/5334-SOO, el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA detalla que el proveedor entregaba las raciones de alimentos en un local que no era propio y no daba la cantidad pactada.
En enero de este año, el órgano de control acreditó una comisión para que verifique información del Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa (CAN). Los comisionado se presentaron en el local de Albergue de Ancianos Ayllu Wasi, ubicado en la calle Las Condes 200, en la Urb. La Perla. Lo primero que notaron fue que el lugar donde reparten los alimentos para las personas vulnerables, no es propio y no se está cumpliendo los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), fechada el 12 de febrero de 2019.
En una nota de prensa, el Tribunal Constitucional (TC) detalló que el GRA debe reabrir ese centro y para ello le daba 30 días de plazo. Los magistrados del TC tuvieron que intervenir a propósito de un proceso constitucional iniciado en contra del GRA que cerró ese local al culminar la concesión que le había otorgado el Ministerio de Salud a la Beneficencia Pública.
Los comisionados observaron todo lo que ocurre en los exteriores de ese albergue. Entre las 11 y 14.30 horas, el frontis de Ayllu Wasi se convierte en el centro de distribución de alimentos del CAN.
Diez minutos antes de las 11.50 horas, empieza un trajín. Primero se instala una mesa para la atención de los beneficiarios, para ello se coloca una parihuela (estructura de madera) que sirve de base para alistar las raciones de comida en envases de tecnopor que son protegidas del sol con un banner que se instala en la puerta de ingreso del albergue.
Para el lavado de manos, se instaló un balde en el suelo, que hace las veces de lavabo y una manguera de la que sale el agua potable. Recordemos que en marzo del año pasado se decretaron las medidas sanitarias para evitar la propagación de la covid-19.
“Dicha situación, dada la improvisación tanto en el uso de materiales así como en el propio procedimiento, estaría propensa a generar condiciones de contaminación, situación contraria a lo que se pretende evitar; más aún cuando el líquido usado para el lavado de manos se estaría eliminando de manera inadecuada, al ser vertidos sobre la vereda, el césped, aspectos que pueden llevar a una contaminación cruzada”, se detalla en el informe.
Esa comisión también se percató de que al momento de la entrega de comida no se respetaba los protocolos para evitar el contagio de la covid-19. Otro detalle fue que cuando el proveedor Jorge Milton Galindez Gálvez entregó los alimentos al personal del CAN no se observó que siguieran algunos procedimientos de desinfección de las bandejas de tecnopor con comida.
Cuando los beneficiarios de ese centro tienen el alimento en sus manos buscan en las veredas, que rodean al parque de Las Condes, un lugar cómodo para comer, sin mantener el distanciamiento entre los comensales.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
En el contrato firmado por Jorge Milton Galindez Gálvez se lee: “la entrega de suministro de raciones será en el Centro de Apoyo Nutricional, calle Las Condes 200, en la Urb. La Perla, de la ciudad de Arequipa, previa coordinación con el área usuaria. El contratista realizará la entrega de las raciones directamente a los comensales en el siguiente horario de atención: Almuerzo de 12:00 a 13.30 horas, todos los días de lunes a domingo sin excepción”.
La primera observación fue que no es Galindez quien reparte la comida sino una asistente del CAN, que de acuerdo a su declaración, se encarga de elaborar los padrones de los comensales, recepción y reparto de las raciones alimenticias, elaboración de documentos de conformidad del servicio prestado, entre otras.
Lo que hace el contratista es llegar en un vehículo a las 12 horas dejar los alimentos con bolsas de refresco y retirarse, 50 minutos más tarde la unidad retorna para dejar una nueva entrega. Tanto la primera como la segunda entrega, no son contabilizadas por la persona encargada de la entrega de tapers. Lo que sí se verificó fue que personal contratado por el proveedor consigna en un cuaderno las raciones que dejó.
Los encargados del CAN explicaron que la entrega de alimentos de lunes a sábado es de 170 raciones y los domingos solo dejan 25 que se reparte entre los ancianos del albergue.
Finalmente, en las bases se exige que la entrega de alimentos se haga en envases biodegradables, el contratista usa bandejas de tecnopor.
De estos hallazgos está enterado el gobernador regional.
Fuente Los Andes
