Alcalde Arturo Fernández fue quien autorizó la firma del contrato para la obra de S/ 3,423,594.00 en la I.E. N° 1685 “María Inmaculada” en la urbanización Mochica, obra que después cuestionó y denunció que estaba sobrevalorada, debido a que el proyecto solo incluía la construcción de 6 aulas, una rampa y un tanque elevado.
Macronorte.pe ha corroborado que el 16 de marzo del 2023, por medio del Decreto de Alcaldía N° 004-2023-MPT, el alcalde de Trujillo dio facultades al entonces gerente de Administración y Finanzas, Carlos Merino Ramírez, para la firma del contrato de ejecución de la obra con el Consorcio SNORL.AX, el mismo que se formalizó el 23 de marzo de 2023, con Arturo Fernández en funciones. El contrato lleva la firma del citado exfuncionario edil y de Pedro Anthony Solano Solar, representante legal del consorcio constructor.
Consultado este caso con dos especialistas en contrataciones con el Estado, señalaron que la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), ante la sospecha de presuntos actos de corrupción, tuvo desde enero hasta marzo para revisar el expediente técnico y cada uno de los actos del proceso de licitación y en el caso de encontrar vicios declarar la nulidad del proceso, sin embargo, no lo hicieron y avalaron el proceso con la firma del contrato.
De acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el proceso de licitación para la obra de la I.E. N° 1685 “María Inmaculada” concluyó el 06 de diciembre de 2022, en la parte final de la gestión de José Ruiz, sin embargo, la firma del contrato y la ejecución se realiza durante la gestión de Arturo Fernández.
Tras denunciar una presunta sobrevaloración en el expediente técnico de la obra, el alcalde Fernández posteó en su cuenta de Facebook: «Por culpa de leyes comunistas no puedo anular el contrato». Ahora sabemos que fue él quien autorizó su firma.
Un hecho que podría ocasionar la nulidad del contrato, es la rúbrica en el contrato del entonces gerente de administración Carlos Merino Ramírez, quien en ese momento estaba impedido por mandato judicial para el ejercicio de la función pública y estaba incluido en el Registro de Sanciones Contra Servidores Civiles.
Fuente Macronorte
