A diferencia de otros, Oscorima no quería robarse los recursos de la gobernación de Ayacucho, porque le sobra el dinero. ¿Por qué, entonces, tiene pena de cárcel? Historia de las periodistas acosadas.
Oscorima es un nuevo gobernador sentenciado. No está probado que buscara enriquecerse, pero violaba normas de adquisiciones públicas, según la fiscalía..
El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pasó a engrosar la lista de autoridades del interior sentenciadas por malos manejos. En primera instancia, recibió una pena de cinco años de cárcel por irregularidades en la compra de unas maquinarias. Está prófugo, y puede apelar en esa condición. Como es millonario, tiene más recursos para seguir escondido que el resto de sus colegas en la sombra. Aunque ya parece normal que un gobernador se las vea con la justicia anticorrupción, su caso es llamativo por la insistencia con la que, contra todas las advertencias, insistió en violar la ley.
EL TRACTORAZO
Reelegido en 2014, arrastraba un juicio de su gestión anterior por la compra irregular de cuarenta tractores. Además, en enero del 2015 la Contraloría decidió denunciarlo por colusión —defraudación a la administración pública—, bajo indicios de que se confabuló con unos postores en la licitación de obras de mejoramiento en un hospital y dos escuelas.
El perjuicio para el Estado habría sido de más de diez millones de soles, pero muy pocos piensan que quiso meterse al bolsillo esa cantidad. En sus dos campañas, e incluso durante su gestión pública, Oscorima derrochó dinero propio, originado en su próspero aunque oscuro tránsito por el negocio de las tragamonedas.
Cuando, en febrero pasado, una jueza lo condenó por haber omitido deberes de función en la compra de los tractores, Oscorima dijo que no lo estaban sentenciando por corrupto:
“No hay colusión, no hay robo, no hay asalto, no hay muertes”. Había autorizado la compra para apoyar el cultivo de la quinua. Presentó una apelación, que está en curso ante la Corte Suprema.
DESACATO A LA OSCE
La última sentencia lo halla culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Junto con miembros del Consejo Regional, aprobó declarar la región en estado de emergencia para obviar la licitación que requería la compra de maquinarias por veinte millones de soles. No había emergencia alguna, según los investigadores. Oportunamente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) le previno que la exoneración no era posible. Pero ya Oscorima estaba embalado.
En un audio de la radio Estación Wari, que se presentó en el proceso, se escucha a Oscorima decir que había pedido al Consejo Regional que declare en emergencia la región para comprar las maquinarias. El proveedor sería Ferreyros y la operación se haría “la próxima semana”. La compañía había ofrecido regalar mil computadoras.
Como en el caso anterior, Oscorima aduce que no se trató de un robo, sino de un afán por resolver problemas acuciantes con mayor rapidez. Su abogado, César Nakazaki, espera demostrar que las lluvias producidas en la región a fines del 2011 justificaron la declaratoria de emergencia. Confiando en la apelación, ha declarado:
—Oscorima va a cumplir su mandato hasta el último día.
ACOSO MEDIÁTICO
El caso de Oscorima es, pues, distinto del de otros gobernadores que tenían el ojo más puesto en el dinero. Sería arriesgado afirmar lo mismo de su entorno. Pero en lo que hay coincidencia con otras administraciones corruptas es en el concierto entre un sector de la prensa regional y la principal autoridad para hostilizar a los medios críticos. En Ayacucho el liderazgo del periodismo que denunció las irregularidades de la administración lo ejercieron Estación Wari y el diario La Calle, ambos del mismo grupo empresarial. Prácticamente eran los únicos que denunciaban.
La dueña, Esther Valenzuela, y las periodistas Gudelia Machaca y Rosario Romaní fueron objeto de notas calumniosas y de mensajes por audio y video referidos a sus vidas privadas que pretendían desprestigiarlas. En la ciudad aparecieron pintas y se difundieron afiches vinculándolas con el Movadef y Sendero Luminoso. La Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto Prensa y Sociedad difundieron comunicaciones denunciando la campaña de hostigamiento a cargo de prensa cercana y financiada por el gobierno regional. Estación Wari y La Calle, por el contrario, no recibieron un solo anuncio, y sobreviven satisfactoriamente porque los sostiene su audiencia y los anunciadores privados.
DONACIÓN JUDICIAL
Machaca dejó el periodismo por la abogacía y Romaní continúa en el oficio sabiendo que enfrentar a Oscorima tiene un costo. Ella es editora del diario y en la radio dirige el programa “La noticia en el comentario”. Tres veces fue amenazada de muerte por teléfono. Quien la llamó le dijo que la tenían vigilada.
—Tengo que llevar una vida personal muy limitada, porque los ataques no se hacen esperar —dijo.
En algún momento Oscorima gozó de la cercanía del Poder Judicial local. Este también es un fenómeno frecuente en las regiones peruanas. El gobernador emplea a parientes de magistrados, dona recursos a las cortes. Precisamente La Calle y Estación Wari denunciaron que el gobierno regional transfirió alegremente un millón de soles para la construcción de nuevos ambientes de la Corte Superior de Ayacucho, que cuando la presidía Tony Changaray, en 2013-2014, estaba de mieles con Oscorima. En varios juzgados se conocían denuncias contra el gobernador y numerosas querellas contra los periodistas de Wari y La Calle. Sin base alguna, Changaray llegó a pedir una investigación contra estos medios por vínculos con la subversión.
AMIGOS DE WILFREDO
El otro lado de la moneda se aprecia en los medios oficialistas. Actualmente se investigan pagos de servicios publicitarios realizados a familiares directos de dueños de medios de comunicación que al mismo tiempo fueron funcionarios públicos. Por ejemplo, al dueño de la radio y TV Atlantis, Walter Huayanay, cuya esposa cobraba por spots publicitarios mientras él era director de vivienda del gobierno regional. La revista Sin Sentido y el canal Digital Plus han sido beneficiados por publicidad luego de que sus dueños cobraran directamente —por servicios o asesorías— a la administración de Oscorima. También es el caso de otro medio oficialista: el diario La Jornada.
Así, al margen de la suerte que le toque a Oscorima en sus juicios, en los que las penas de primera instancia pueden ser revertidas para que afronte los procesos en libertad, subsiste una estructura perversa que explica reinados como los de este presidente regional: la de la corrupción en la prensa. Si hubo uso doloso del dinero público esta anomalía puede ser llevada a los tribunales, pero el fenómeno funciona en gran medida sin violar la ley. Los medios y los periodistas no consideran los anuncios como una forma de difusión de la actividad estatal, sino como una dádiva, y enajenan su misión de servicio público.
EL PEOR ENEMIGO
En períodos electorales, la prensa comprada puede distorsionar seriamente el equilibrio informativo. Y cuando una autoridad inescrupulosa como Oscorima ha ganado las elecciones, la agresión de sus aliados contra los medios independientes puede adquirir visos alarmantes. Es evidente que hay diferencias entre la gestión suya y la de César Álvarez, el ex gobernador de Áncash. Pero el cargamontón contra la prensa crítica en Ayacucho es equivalente.
—Lo que ocurrió en Áncash se está viendo en Ayacucho —ha dicho la secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Láynez. Ahora mismo, añade, el peor enemigo de un periodista es el funcionario público. Cómo han cambiado los tiempos.
Fuente La República
