Un nuevo proyecto de ley de la mayoría parlamentaria en la mira. El pleno del Congreso aprobó un dictamen mediante el cual elimina la obligatoriedad de un arbitraje institucional como herramienta efectiva para resolver problemas en los contratos que realiza el Estado con el sector privado.
Para el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, dicha decisión es perjudicial para el país. “Entre gallos y medianoche, el Legislativo aprueba una norma que se convierte en un lamentable retroceso en la lucha contra la corrupción”, anotó.
Vega explicó que el arbitraje es un mecanismo de arreglo de diferencias que normalmente es considerado en los contratos que celebra el Estado con el privado.
“Por ejemplo, el Estado hace un contrato con el sector privado y fijan un monto por una obra. Pasan los meses y el privado señala que va a necesitar más dinero para cumplir con su parte. Si el Estado se lo niega, se configura una diferencia entre las partes y se aplica la cláusula de arbitraje”, comentó.
El arbitraje institucional permite que la acción de los árbitros –quienes actúan como jueces en el arreglo de diferencias– sea respaldada por alguna institución como las cámaras de comercio o alguna entidad como un colegio de profesionales o universidades.
“En cambio, en un arbitraje ad hoc no hay ese tipo de respaldo, necesariamente. Cuando he tenido que ver estos temas, he conocido que hasta en el cuarto de un hotel se resolvían estos arbitrajes. Es por eso que considero que el arbitraje ad hoc es una de las fuentes más importantes de corrupción en estas grandes contrataciones públicas”, advirtió.
Eduardo Vega lideró la Comisión presidencial de Integridad conformada por el gobierno anterior y que tuvo como labor principal establecer los mecanismos necesarios para bloquear el paso a la corrupción en el Estado.
El proyecto
El 7 de enero de 2017, último día del Gobierno para hacer uso de sus facultades legislativas, se publicó el Decreto Legislativo 1341.
Dicho decreto planteó modificaciones a la vigente Ley General de Contrataciones con el Estado. Concretamente, la ley precisa que “las diferencias entre las partes se resuelvan mediante arbitraje”. Sin embargo, no precisaba qué tipo. Con el DL del Gobierno, se precisa que este debía ser institucional. La medida busca eliminar la posibilidad de corrupción en esta instancia.
Además, señala que solo podía ser arbitraje ad hoc en casos específicos que serían detallados mediante reglamento. Sin embargo, el Congreso, como parte de su labor de revisión de las facultades, evaluó la medida y aprobó un nuevo proyecto para derogar la modificación del Ejecutivo.
El director ejecutivo adjunto de Proética, Samuel Rotta, coincidió en que esta medida es perjudicial para el país. “Como Proética estamos en contra de este proyecto. Nos pareció muy saludable volver excepcional los arbitrajes ad hoc. En esa línea, tomar la decisión que tomó el Congreso es desatinada”, explicó.
Pérdidas al Estado
La Contraloría General de la República desarrolló un informe en el cual se estudiaron diez años de procesos arbitrales (2003-2013). En dicho período, se llevaron a cabo 2.796 decisiones de arbitrajes. En el 70% de esos procesos, el Estado peruano perdió.
Se estima que Perú perdió S/ 1.228 millones por todos aquellos arbitrajes perdidos. Además, del total de arbitrajes en el período de análisis, el 64% fueron procesos bajo la modalidad ad hoc. De dichos procesos de arbitraje, el 54% se aplicó en casos de contratos para obras públicas; el 30% se aplicó en contratos por servicios y el 16% por compra de bienes.❧
Claves
Para ser un árbitro, el profesional debe contar con especialización en contrataciones del Estado, conocimientos de derechos administrativo y tener experiencia en procesos arbitrales.
En algunos casos, en arbitrajes ad hoc, ambas partes escogen sus árbitros y estos deben formar un tribunal arbitral.
Odebrecht tuvo 42 arbitrajes contra el Perú
Según una investigación realizada por IDL, la corrupta empresa Odebrecht llevó a cabo 42 arbitrajes contra el Estado peruano, de los cuales ganó 35. El Ministerio de Transportes fue el que más arbitrajes perdió. De 30 arbitrajes en los que el MTC tuvo responsabilidad, 26 fallaron a favor de Odebrecht.
Se señala a la carretera IIRSA Norte (Piura) e IIRSA Sur. En la primera, Odebrecht le ganó US$ 47 millones; mientras que en la segunda, US$ 87 millones. Se calcula que entre el 2003 y el 2016, Odebrecht ganó US$ 254 millones. “Este tema del arbitraje tiene directa relación con la forma en que operó Odebrecht en el Perú. Primero realizaban malos diseños de obras. Ejecutaban esas obras y luego decían que el valor aumentaba. Así, sometían al arbitraje y lo ganaban”, informó Eduardo Vega.
Fuente La República
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