Ya van 14 de 25 gobernadores regionales a los que se les vincula con actos de corrupción. Algunos ya han sido sentenciados, como Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Enrique Vargas (Áncash) o Jaime Rodríguez (Moquegua). Un número bastante mayor es el que se observa cuando se trata de alcaldes provinciales y distritales. Y si nos fijamos en los períodos anteriores, las cifras son desalentadoras.
Todas estas autoridades se presentaron en su oportunidad como candidatos, cumpliendo con los requisitos de ley, entre los que se encuentran la presentación del plan de gobierno y sus respectivas hojas de vida. Por lo que se conoce, estas autoridades carecían de antecedentes. Es decir, no se trataba de delincuentes que aprovecharon las puertas abiertas para capturar el poder y seguir delinquiendo. Se trataba, sobre todo, de personas que en el poder y a falta de controles, tejieron redes de corrupción para beneficio propio y de terceros.
Esto sucedió a partir del 2002, en un contexto en que coinciden en el tiempo el crecimiento económico sostenido en nuestro país, el proceso de regionalización que creó espacios de poder regional y municipal con ingentes recursos económicos y la debilidad del sistema de partidos.
En efecto, la presencia, fortalecimiento y control del poder regional y local por parte de organizaciones regionales y locales fue el resultado del debilitamiento progresivo de los partidos nacionales que se autoexcluyeron de la competencia electoral, se subordinaron al dinero fácil o fueron derrotados en estos espacios en donde la antipolítica es más fuerte y donde los partidos son vistos como partidos centralistas y limeños.
Vista esta situación, el año pasado el Congreso aprobó la reforma constitucional para prohibir la reelección de gobernadores y alcaldes bajo el argumento de que la permanencia en más de un período permitía el crecimiento de la corrupción. Pero la prohibición de la reelección de dichas autoridades no fue una medida eficaz contra la corrupción, pues esta puede seguir desarrollándose en un solo período de mandato. Es más, la tasa de reelección regional y local, salvo algunas excepciones de distritos de Lima, es baja. Es decir, el elector ha utilizado el voto como instrumento de premio o castigo en cada elección. Hoy no lo tiene. Si bien ha crecido el número de autoridades corruptas, las buenas autoridades no pueden ser premiadas y las carreras políticas truncadas.
Es cierto que la permanencia de un gobernador o alcalde por muchos períodos abre la puerta al abuso del poder, sobre todo en un sistema institucional débil como el nuestro, por lo que una salida intermedia podría ser permitir la reelección, tanto a nivel regional como local, por un solo período de mandato.
Pero una medida de esa naturaleza no resuelve de por sí el problema. Al lado se debe desarrollar una activa participación y coordinación de la contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ciertamente el Ministerio del Interior, como se hizo en su momento en el caso de Áncash. De lo contrario, se podrán reformar normas, muchos candidatos superarán los filtros electorales, pero no se conseguirán los efectos deseados.
Fuente El Comercio
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