Los gremios y líderes empresariales han reaccionado con timidez frente a las denuncias de corrupción que involucran a empresas brasileñas y peruanas. El tono de esa reacción ha sido la consabida condena a los actos de corrupción sin que este rechazo venga acompañado de cambios radicales de las prácticas empresariales.
Como parte de esa timidez, por ejemplo, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha informado que la empresa Odebrecht fue “desafiliada” de su institución el 7 de diciembre pasado, solo después de que su matriz en Brasil publicase un comunicado aceptando los actos de corrupción que la justicia de ese país había juzgado. Ni la detención de los máximos ejecutivos de esa empresa, o las sentencias recibidas, o su disposición de colaborar pudieron llevar a que se tome antes una decisión drástica sobre la filial peruana. Y cuando esa decisión fue adoptada, la desafiliación y no la expulsión, el mencionado gremio se mostraba más preocupado por el debido proceso en la lucha anticorrupción. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en esos días también separó de sus filas a la empresa que operaba el Gasoducto del Sur, sin dar cuenta de ello, formalmente, a la opinión pública.
Los cambios al interior de las corporaciones se predican hace varios años. Diversas empresas han aprobado códigos de ética y se asocian para el fomento de la responsabilidad social empresarial. Algunas más decididas han pasado individualmente a la acción y es reconocible su ejecutoria en lo relacionado con los stakeholders y en la adopción de índices de calidad social.
Estas experiencias son todavía minoritarias y en gran parte intermitentes y no están acompañadas por cambios de fondo en el relacionamiento de las empresas con el Estado. Es más, colectivamente las grandes empresas directamente o a través de estudios de abogados se han expresado resueltamente contra algunos cambios que favorecerían la transparencia, como el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El año pasado, cuando empezaron a arreciar los escándalos de corrupción, con el auspicio de la CONFIEP 17 gremios empresariales constituyeron el Consejo Privado Anticorrupción (CPA), como una institución cuyos objetivos son la promoción, implementación y difusión de valores éticos que permitan erradicar la corrupción en el país, y la promoción de la transparencia y el buen gobierno corporativo en la actividad empresarial. Sería ideal luego de más de seis meses de los avances logrados en su cometido.
El divorcio de los gremios empresariales de las cuestionadas empresas se ha iniciado pero es trabajoso, y a la fecha no se advierten movimientos respecto de las empresas nacionales, aun de una separación preventiva o de una suspensión de las membresías. Esta falta de reacción ha impedido que esta parte valiosa del mercado participe activamente en el actual proceso anticorrupción. Como se ha señalado reiteradamente, es preciso que las empresas y sus líderes, que han mostrado su adhesión a una política en favor de la transparencia pública y privada, aporten más decididamente en esta tarea nacional.
Fuente La República
