“La ARCC reforzada debiera tomar bajo su conducción los proyectos que los gobiernos regionales no puedan ejecutar y aquellas iniciativas que los ministerios no estén en condiciones de desplegar con agilidad”.

Concebida como facilitadora y orientadora, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es responsable de planificar y coordinar, pero no tiene el mandato prioritario de implementar aquellos proyectos de cuyo despliegue depende el éxito del proceso. Es decir, asume la responsabilidad funcional y política por algo que no controla, sin tener incidencia directa sobre los resultados en función de los cuales debe rendir cuentas.

Las demoras, dilaciones y tropiezos experimentados en los últimos meses ponen de manifiesto las enormes contradicciones y disfuncionalidades de ese modelo y reclaman cambios inmediatos. De allí que me reafirme en el planteamiento de ponerle dientes a la ARCC y transformarla en una entidad ejecutora, capaz de suplir con su actuación las brechas institucionales que amenazan el éxito de la reconstrucción.

Para comprender la urgencia, hay que considerar que a pesar de haber transferido hace varios meses más de S/1.200 millones a varios ministerios, gobiernos regionales y municipios provinciales para iniciar las obras de rehabilitación urgentes, muchas de esas inversiones aún no se ejecutan. Aplazamientos y errores en las licitaciones, observaciones del organismo regulador (OSCE) y hallazgos de la contraloría apuntan a un severo déficit de capacidades. Vistas así, las flexibilidades que la ley le otorgó a la ARCC han resultado insuficientes.

El ejemplo más revelador: luego de dos licitaciones truncas y con una tercera en curso, el Gobierno Regional de La Libertad se habrá demorado en promedio casi 140 días para otorgar la buena pro para la rehabilitación temporal de cuatro pistas. En el caso de Piura, la situación es más compleja pues la refacción y construcción de protecciones contra inundaciones recién arrancará en diciembre, casi medio año después de que el GORE recibiera los recursos y justo cuando comienza la temporada de lluvias. ¿Resulta sensato confiarles a ambas entidades proyectos por más de S/3.500 millones?

Como lo señalé en una entrevista en este Diario, el problema no solo involucra a las autoridades subnacionales, sino que afecta al propio Gobierno Central. Y es que la reconstrucción tiene en los ministerios a sus principales ejecutores, con montos que multiplican por varios órdenes de magnitud su historial individual de desempeño. No hay forma de que estas entidades mejoren su cometido sin la creación de unidades especiales, protegidas de los cuerpos ejecutores tradicionales y la adopción de un sistema de apoyo externo que refuerce y agilice la implementación de los proyectos.

Más importante aún resulta dotar a la ARCC de capacidades ejecutoras propias e inmediatas, obviando el tortuoso camino de la subsidiaridad según el cual cuando un proyecto no puede ser ejecutado por un nivel de gobierno el mismo se transfiere y así sucesivamente. Este planteamiento no requeriría ninguna modificación normativa ya que la ley marco de su creación contempla darle funciones ejecutoras a la ARCC.

Lo único que se necesita es la voluntad política de hacerlo, aunque esto pueda generar malestar entre aquellas autoridades que no quieren perder el control de los recursos de la reconstrucción. Reflexionando sobre las implicancias de dicho escenario y las resistencias que el mismo genera, Fernando Cáceres señalaba contundentemente en una columna publicada en este Diario: “Sin obras, no hay plata como cancha. Sin plata, no hay clientelismo. Sin clientelismo, no hay votos”.

Por lo demás, no se trata de crear una nueva burocracia que replique las deficiencias del resto de la administración pública en la ARCC, sino de establecer un pequeño núcleo interno que, apoyado por un gran proveedor especializado en la gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), pueda sacar delante de manera expeditiva los paquetes de iniciativas más importantes de la reconstrucción.

La ARCC reforzada debiera tomar bajo su conducción los proyectos que los gobiernos regionales no puedan ejecutar y aquellas iniciativas que los ministerios no estén en condiciones de desplegar con agilidad. En lo inmediato, debería hacerse cargo de las obras preventivas (22% del presupuesto total), incluyendo canalizaciones, represamientos, manejo de quebradas y la instalación de sistemas de drenaje pluvial. Además, podría tomar bajo su liderazgo aquellas iniciativas que se ejecuten usando el mecanismo de Obras por Impuestos a fin de imprimirle mayor celeridad al procesamiento de las mismas.

Es importante no perder de vista que en el centro del proceso están los damnificados y que el sentido único y final de la reconstrucción es restituir el bienestar perdido. En todas las localidades que visité durante mis viajes por las zonas afectadas estos últimos cinco meses, siempre me topé con la misma reacción: a los ciudadanos de las zonas afectadas les importa poco quién se haga cargo de las obras. Lo importante es que los proyectos se ejecuten bien, de manera rápida y transparentemente. Estos tres principios se pueden ver vulnerados si no actuamos con urgencia y reforzamos las competencias de la ARCC.

Fuente El Tiempo

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