Con lo mucho que le costó a Perú atenuar su imagen de “país corrupto” ante el mundo, tras haber tenido una serie de gobiernos carentes de transparencia y ética durante las décadas de los 70, 80 y 90, vuelve este triste país sudamericano a proyectar una imagen de deshonestidad política. Cuando parecía que el nivel de confianza en la gobernabilidad había mejorado, cuando por fin parecía que las cosas empezaban a funcionar bien, la maldición vuelve a caer: un expresidente más a prisión (Ollanta Humala) y otro con orden de captura internacional buscado por la Interpol (Alejandro Toledo), ambos envueltos en escandalosos casos de corrupción.

Tras la sentencia final de Alberto Fujimori en el 2009, cuyo gobierno de 10 años es considerado uno de los más corruptos del mundo, según el Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), Perú parecía reafirmarse como un país soberano y que aplicaba toda la ley a aquel que violara las normas y rompiera el orden. Fue la primera vez que un exmandatario elegido democráticamente en América Latina era declarado culpable en su país por violaciones a los derechos humanos. El presidente, una figura tan exaltada al punto de equipararla con la de un monarca o rey y que parecía ser alguien intocable, había sido condenado por el mismo pueblo al que representó.

Han pasado 17 años desde el fin del gobierno de Fujimori y, cuando el mundo ya empezaba a confiar en este país latinoamericano y celebrara su progreso poniéndolo como ejemplo de una de las naciones más prósperas de la región, parece que la maldición de la corrupción hubiese regresado.

En los últimos años, Perú había mejorado en cuanto a relaciones internacionales, había mejorado su nivel de confianza política y había dejado de ser un país imprevisible, había mejorado en las escalas de riesgo país, había un alto nivel de confiabilidad para las inversiones extranjeras, entró a formar parte de uno de los bloques económicos más importantes y dinámicos del mundo (la Alianza del Pacífico, formada por las cuatro economías “más prósperas” de la región latinoamericana), y hasta buscaba formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Son 17 años que le costó al país tratar de mejorar su imagen ante el mundo y demostrar que podía lidiar con la corrupción, un tema tan complicado que muchos de sus pares latinoamericanos no habían logrado resolver. Sin embargo, en los últimos meses, el país ha vuelto a saltar a la palestra internacional con esa tan mala imagen de país corrupto, cuyos logros se cuestionan porque, probablemente, se debieron a su falta de transparencia. Luego que estallara el escándalo internacional de los Panama Papers y todo lo relacionado al caso Odebrecht en Brasil, en el que están implicados cerca de 10 países de la región, Perú vuelve a entrar a la lista de los países deshonestos.

Las investigaciones que salen demuestran que, durante esos supuestos años de gobernabilidad transparente, solo hubo un gran silencio político, en el que posiblemente esas mismas autoridades e instituciones que decían velar por la transparencia estén involucradas. Las investigaciones revelan los actos de corrupción que se cometieron en los gobiernos anteriores, y la cadena parece interminable. Hasta la gente se pregunta: “¿Quién sigue?”. ¡Quién sabe si estas investigaciones no lleguen hasta la época colonial!

Nuevamente, el país vuelve a entrar en una crisis de confiabilidad. El mundo y los medios hablan mucho de Perú por estos días, pero destacando ese mal que le persigue: la corrupción. Hay quienes ven el hecho de encarcelar a expresidentes y juzgarlos como un acto de rechazo a la corrupción (sí, seguro que es una buena señal de la indignación nacional). Pero, el ser visto como un país con una sucesión de gobiernos corruptos, a quienes recién se juzga después de varios años de haber cometido los delitos y que fueron imperceptibles durante el tiempo que estuvieron en el poder, le costará mucho al país, pues evidencia la falta de institucionalidad. La imagen que se muestra es la de un Perú que parece estar en manos de una “dinastía de la corrupción”, aunque los actores que la heredan no pertenezcan necesariamente al mismo linaje.

Para lidiar con esto, el país tiene dos opciones: o fortalece sus instituciones y le pone rigor a la corrupción a tiempo o deberá prepararse para las consecuencias que se generen por el impacto internacional. Le tomó 17 años al país ganarse la confianza del mundo, un solo año podría quitársela.

Fuente Punto y Coma

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