Susana Silva Hasembank. Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción marca los desafíos que ese grupo de coordinación adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros se ha planteado para el año que se inicia.
Decisión política. Silva considera fundamental impedir que condenados por corrupción vuelvan al aparato del Estado.
Reconoce que la corrupción es uno de los mayores problemas del país, pero insiste en que sin presupuesto nada se puede concretar. Susana Silva resalta el logro de contar con un Plan Nacional contra este flagelo que, dice, a diferencia de otros intentos cuenta con la voluntad política para convertir sugerencias en tareas pendientes.
-¿En qué condiciones se ha realizado el trabajo de la lucha contra la corrupción en este año?
El 2012 hemos trabajado arduamente en esta plataforma que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que está formada por el sector privado, el sector público y la sociedad civil, y hemos logrado aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado de manera consensuada entre los tres sectores. Fruto de ese consenso y de la aprobación que obtuvo fue luego aprobado en el Consejo de Ministros. Nosotros estamos muy satisfechos porque es la primera vez que nuestro país cuenta con un documento así.
¿No tenían el mismo carácter los planes anticorrupción aprobados años antes?
Es cierto que teníamos un Plan en el 2008 y otro en el 2001, pero este nunca llegó a ser aprobado mediante una norma… En este caso, mediante un decreto supremo. Es la primera vez que se plasma la voluntad política desde el más alto nivel, en este caso desde la Presidencia de la República aprobando y avalando este Plan Anticorrupción.
-¿Qué aspectos aborda este documento?
Este plan plantea básicamente dos grandes líneas: una línea preventiva y un línea de combate y sanción respecto de la corrupción.
-¿Y qué metas concretas se pueden mencionar?
Por ejemplo, nos habíamos planteado la adecuación de la normativa penal a los estándares internacionales y hemos logrado aprobar en el seno de la comisión dos proyectos de ley: un proyecto acaba de ser presentado al Congreso y plantea modificar el concepto de lo que es funcionario público y propone, en esencia, que hoy en día se considere a alguien como funcionario público desde el momento de su elección.
-Y que sean pasibles de una acción penal ante la comisión de un delito…
Exactamente. Y el caso típico que hemos dado como ejemplo es lo que ocurrió con Alberto Kouri, quien se reunió con Vladimiro Montesinos en la salita del SIN. En ese momento, el entonces congresista no estaba todavía en funciones. Entonces, cuando se destapa el hecho y se le quiere iniciar un proceso penal, se tuvo como primer problema que en el momento de recibir esa coima no era funcionario público porque no estaba en funciones. Lo que hacemos hoy es brindar esta posición que tuvo en su momento el Poder Judicial y que permitió sancionar al señor Kouri. Otra propuesta es la dúplica del plazo de prescripción en los casos de corrupción.
-¿Por qué no plantear mejor la imprescriptibilidad?
Lo que recomiendan las Naciones Unidas no es la imprescriptibilidad. Es decir, la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ni tampoco la Convención Interamericana contra la Corrupción recomiendan la imprescriptibilidad; lo que recomiendan es que se aseguren los mecanismos para que los plazos de prescripción sean lo suficientemente amplios como para evitar la impunidad. En esto ha habido un consenso del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la PCM y todas las entidades en conjunto que han planteado esta propuesta normativa.
-Ante la percepción del ciudadano, la corrupción continúa siendo uno de los mayores problemas que afectan la institucionalidad y el aspecto económico, ¿en qué se ha avanzado a diferencia de los otros años?
Ha habido varios avances. Efectivamente, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas para la ciudadanía, y lo reconocemos así. No escondemos cifras y decimos que es un problema muy grave que tenemos que abordar. Para nosotros abordar un problema a través de una política, en este caso anticorrupción, necesitamos de 3 elementos: contar con una estrategia, con un presupuesto y tener voluntad política.
¿Y considera que existe plena voluntad política para luchar contra la corrupción?
Creo que no solo por el hecho de que esté aprobado por un decreto supremo está plasmada la voluntad política, sino que además desde que ha empezado este gobierno se han dado muestras de que hay voluntad de poner el tema en la agenda pública. De hecho, el premier Juan Jiménez cuando era ministro de Justicia planteó un conjunto de acciones desde este sector como los embargos de los bienes de los corruptos.
-¿Qué hace falta para que lo que suena bien en el papel se plasme en la realidad?
Lo que nosotros estamos exigiendo es que esas acciones tengan un correlato presupuestal, si no tenemos el presupuesto no vamos a lograr absolutamente nada. Y ese sí es un avance respecto a años anteriores, cuando hubo plan, pero ese plan no fue incorporado en los planes operativos institucionales. Hoy exigimos que cada ministerio, cada entidad, incorpore acciones específicas puntuales en sus planes operativos institucionales.
-Hubo más de una crítica sobre la prohibición de difundir cualquier información relacionada con Seguridad y Defensa, pues se considera que esto podría incrementar la corrupción. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Para nosotros el mecanismo por excelencia para prevenir la corrupción es la transparencia, eso lo tenemos bastante claro y lo estamos impulsando. No obstante, la Ley de Transparencia sí establece que hay determinado tipo de información que debe ser reservada, y es un tema de la política de Defensa de Seguridad Nacional que es posible sea aceptada para proteger temas en materia de seguridad ciudadana, y somos muy respetuosos de ello. Yo creo que la transparencia debe ser la regla, y el secreto la excepción.
¿Las recomendaciones que brinda la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tienen carácter vinculante?
No lo son porque el carácter vinculante está circunscrito a lo que son normas. No tiene carácter vinculante en ese sentido, sin embargo, sí lo tiene en el hecho de que en la sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se apruebe una determinada acción donde se encuentren presentes el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, etc., y eso sí los obliga a cumplir con los compromisos asumidos en esa sesión.
-Usted aclaraba que el problema de corrupción no se circunscribe solo al sector público. ¿Cómo luchar contra este flagelo en el sector privado?
Definitivamente hay un tema por trabajar de la mano del sector privado, y esto nos ha llevado a establecer una alianza con ellos y firmar un compromiso por la integridad, el cual fue firmado este año por los presidentes de la Confiep, de la Cámara de Comercio y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Esto es sumamente importante porque revela la decisión del sector privado de reconocer un problema y actuar.
Fuente La República
