Caso sui generis. El alcalde de Olmos, Adrián Arroyo Soplapuco se encuentra prófugo de la justicia, luego que el Poder Judicial dictara 24 meses de prisión preventiva en su contra. Es por ello que en dicho distrito, existe una incertidumbre total por saber quién será su reemplazo.
HECHOS
Como se recuerda, Adrián Arroyo, siendo primer regidor, asumió la alcaldía desde el 1 de octubre del presente año, cuando fue detenido el alcalde Willy Serrato Puse, quien luego fue encarcelado por encabezar la red criminal “Los Faenones de Olmos”.
El mismo destino le hubiese esperado a Arroyo, pero no se presentó ante el Juzgado Anticorrupción, pasando así a la clandestinidad. Por tal motivo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (LMO), quien debería reemplazarlo en el cargo es el segundo en la lista de regidores, Javier Roque Antón.
Sin embargo, dicho personaje trabajó como jefe de Presupuesto en la anterior gestión de Willy Serrato (2011 – 2014), siendo acusado por la Fiscalía de haber participado en actos de corrupción, por los cuales actualmente afronta varios procesos judiciales.
Por ejemplo, en uno de ellos, la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Willy Serrato y Roque Antón, y otros procesados, pues habrían contratado a “proveedores fantasmas” para la ejecución de servicios que nunca se realizaron.
Aunque por estos hechos no se ha dictado (aún) ninguna sentencia contra Roque Antón, sí ha sido sancionado por la Contraloría con dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pues «habría otorgado adelantos de dinero a contratistas que presentaron cartas fianza fraudulentas en procesos de licitación».
Por tal motivo, el regidor Luis Odar Soplopuco señaló que este lunes solicitará que se convoque a una sesión extraordinaria de concejo para definir si Roque puede asumir el cargo de burgomaestre.
«De acuerdo al orden de regidores, sigue Javier Roque. Él es de las filas de Willy Serrato; pero con él también tenemos un problema: la Contraloría lo inhabilitó para la función pública. Y si pasa a ser alcalde, pasaría a ser funcionario público. Por eso, tenemos que analizar bien la ley para decidir, porque si él no puede, subiría la regidora Mariela Benites, obstetriz», dijo.
El concejal precisó que por el momento quedaría como representante legal de la comuna, el gerente general Miguel Odar Tiquillahuanca, quien sí está facultado para firmar resoluciones.
«En la sesión de concejo va a participar la sociedad civil. Debemos buscar una salida, porque la municipalidad no puede estar acéfala», manifestó el concejal.
Fuente Diario Correo
