La Contraloría General de la República ha detectado una serie de irregularidades en las obras que viene realizando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Entre ellos, que los costos se han incrementado hasta en cuatro veces y no se cumplen los plazos de ejecución, pese a que se trata de obras de emergencia.
Una obra al ser contratada bajo el régimen de convenio G2G puede costar hasta el doble del valor standard; sin embargo, en el caso de los hospitales de Pomabamba y Yungay, las cifras son de escándalo.
Para la edificación del hospital de Pomabamba se hizo el contrato por 132,7 millones, pero a la fecha el costo se ha elevado a 499 millones de soles, mientras que el hospital de Yungay el contrato fue por 97,6 millones de soles, sin embargo, el costo se ha elevado a 292 millones.
Lo más grave es que, según el informe emitido por la Contraloría General de la República el 14 de marzo de 2022, ambas obras debieron culminarse el 7 de junio de este año, pero, de acuerdo al mismo informe, los trabajos presentan un avance aproximado del 30% en ambos casos; es decir, no se está ejecutando bajo un régimen de emergencia y está costando cuatro veces más del costo que el propio Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), viene licitando hospitales en la misma categoría – II1.
El Director Ejecutivo de la ARCC, Robert López, quien sería del círculo de poder paralelo liderado por el prófugo Alejandro Sánchez, debe dar cuenta de esas irregularidades.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) fue creada para ejecutar las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño en todo el Perú y, por la emergencia que esto significaba, eligió para la licitación y ejecución de estas obras firmar un convenio Gobierno a Gobierno con el Reino Unido.
Cláusula anticorrupción
La principal característica de contratar al Reino Unido para que licite estas obras del Estado peruano fue por el gran éxito obtenido en los Panamericanos Lima 2019 y, además, que el Reino Unido es reconocido como uno de los países con menor índice de corrupción del mundo. Por ello, sus contratos incluyen una inflexible cláusula anticorrupción, y el incumplimiento de esta cláusula anticorrupción constituye una causal de resolución contractual.
Sin embargo, La República tuvo acceso al contrato de obra entre la ARCC y la empresa argentina Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal del Perú, en la cual la empresa argentina declara y garantiza literalmente en la cláusula anticorrupción, en el segundo y tercer párrafo, que la empresa o cualquiera de sus miembros o persona relacionada no ha cometido ningún acto de corrupción, que no ha sido sentenciado en primera instancia y no ha reconocido ante autoridad nacional o extranjero haber cometido ningún acto de corrupción.
Sin embargo, eso no es cierto. Esta empresa declaró falsamente que ninguno de sus funcionarios o exfuncionarios no se ha acogido a lo que en el Perú se denomina colaboración eficaz, pero es de público conocimiento que el Presidente de esta empresa, Benito Roggio, se acogió a la colaboración eficaz el año 2018 por haberle pagado una coima del 5% a Ricardo Jaime, exsecretario o ministro de Transportes de Argentina durante el Kirchnerismo.
Cabe precisar que el convenio con el Reino Unido tiene como uno de sus filtros la “no objeción” de la recomendación de contratación a la empresa, que debe ser firmada por el Director Ejecutivo de la ARCC, previa revisión del cumplimiento de lo señalado en la cláusula anticorrupción.
En el presente caso, a pesar de que verificar el incumplimiento de la cláusula anticorrupción era muy fácil, ya que solo bastaba hacer una búsqueda de la empresa en el Google y se podía encontrar noticias de los principales medios argentinos que narraban, como escándalo nacional, que el exsecretario de Transportes del kirchnerismo Ricardo Jaime está en la cárcel por la declaración como colaborador eficaz de Benito Roggio, presidente de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A..
Por motivos que se desconocen, el Director Ejecutivo de la ARCC, Robert López, le dio la “no objeción” a la firma de contrato con esta empresa, a pesar de que era de conocimiento público que la empresa y sus funcionarios habían cometido actos de corrupción y habían declarado y aceptado ante jueces de Argentina haber pagado coimas millonarias.
Este hecho, al ser tan evidente, genera la comisión de delito, a la vez de faltas administrativas, ya que el contrato nunca se debió firmar y tendría que ser resuelto, cumpliendo con la causal de resolución estipulada en el contrato.
La firma del contrato sin tomar en cuenta la cláusula anticorrupción es muy grave y no es interpretable. El contrato dice literalmente que no puede firmar quien haya aceptado haber delinquido, pero así y todo firmaron.
La ARCC responde
Ante los cuestionamientos por haber elevado el costo de las obras y la falta de ejecución en los plazos de los hospitales de Pomabamba y Yungay, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios respondió a La República, señalando que se debe a que “los referidos proyectos se iniciaron con estudios básicos y montos estimados, los que sirvieron de referencia para la suscripción de los contratos NEC que tienen la característica FastTrack” y “que los establecimientos de salud bajo la asistencia técnica del Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT, por sus siglas en inglés), se ejecutan en un plazo de un año y medio a dos años aproximadamente, período que es sustancialmente menor en comparación a la construcción bajo los esquemas tradicionales, los cuales fluctúan entre cinco y 10 años”.
Sin embargo, eso no es del todo correcto, ya que un hospital de categoría II1 tiene un ratio de costo y no es técnicamente viable que su costo se incremente de 132 a casi 500 millones, es decir, más de 10.000 dólares el metro cuadrado cuando el ratio internacional es no mayor a 40% de ese monto. Cabe precisar que Yungay tiene 5.500 habitantes y Pomabamba de 20.000 habitantes y con estas obras monumentales lo que se está creando son elefantes blancos sobrevalorados.
Consultado por qué no cumplió con la cláusula anticorrupción y el motivo por el que dio visto bueno a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. sucursal del Perú, pese a que su propietario fue colaborador eficaz en Argentina, confesando sus delitos, la ARCC argumentó que “el postor no ha declarado tener algún elemento, hecho o similar que denote que quebrantan los compromisos éticos y de anticorrupción que declararon en el proceso”.
La respuesta es muy grave, pues se escuda en lo que declaró la empresa Benito Roggio, cuando su labor era verificar que esta empresa no tenga ningún impedimento para firmar el contrato, por lo tanto, su situación se podría agravar aún más, ya que ha optado por reconocer que con conocimiento de causa firmó la “no objeción”, demostrando con ello que el director ejecutivo ha incumplido con sus obligaciones.
Fuente La República
