El Congreso llevó a cabo sus tres reuniones presenciales programadas y, lejos de agilizar su toma de decisiones internas para delegar facultades que permitan al Poder Ejecutivo enfrentar la crisis del coronavirus, los parlamentarios se extendieron en largas discusiones y cambios normativos internos. Tras una jornada de casi 12 horas, el pleno otorgó facultades al Ejecutivo para legislar durante el Estado de Emergencia, con la salvedad en un punto referido al control en las contrataciones públicas.

La jornada parlamentaria comenzó a las 9:28 a.m. con el ingreso a trámite del pedido de facultades del Poder Ejecutivo para legislar en 11 puntos. A esa misma hora se inició la reunión del Consejo Directivo, donde se debatió la distribución de comisiones y se definió que Alianza para el Progreso (APP) presida las 3 comisiones relevantes para la coyuntura: Constitución, Presupuesto y Salud.

La reunión del Consejo Directivo se extendió por casi tres horas debido a pugnas de las bancadas minoritarias. Debido a esto, la Junta de Portavoces se reunió recién diez minutos antes del mediodía, la misma hora en la que se había convocado a la sesión del pleno.

El punto 11

El debate de la delegación de facultades se adelantó en la Junta de Portavoces. Con la excepción del Partido Morado, el resto de bancadas plantearon excluir el punto 11, y aprobar el proyecto de ley de Alianza para el Progreso, que planteaba la aplicación del control concurrente a toda modalidad de contratación, y no solo limitada a casos de emergencia. En su discurso de ayer, el presidente Martín Vizcarra refirió que este punto era clave en su pedido de facultades.

Pero el Congreso recibió el apoyo de la Contraloría. “Por más buena voluntad que pueda tener el controlado, no es conveniente que el controlado determine cómo se va a llevar a cabo el control que va a hacer quien lo va a controlar. Lo conveniente es que sea el Congreso quien nos de las facultades legales que necesitamos y por eso se ha trabajado en una propuesta multipartidaria”, afirmó el contralor Nelson Shack a El Comercio.

Cuando se le consultó por la pertinencia de su pedido en esta situación de emergencia, Shack refirió que solo cumplen con su labor de velar por el buen uso de los recursos públicos. “Si en el control posterior encontramos serie de indicios de responsabilidad va a ser muy tarde, como suele suceder con el control posterior”, dijo.

Desde Acción Popular y APP, las fuerzas mayoritarias, también mostraron observaciones sobre el punto 2 referido a la reactivación económica y asuntos referidos a materias tributarias y fiscales, pues, según dijeron, eso podía ser legislado desde el mismo Congreso, donde acumulan varias iniciativas de ese corte.

Tras un debate que se extendió por una hora y media, los portavoces acordaron solicitar la presencia de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros para sustentar los aspectos técnicos de las facultades. La sesión se retomó a las 3:00 p.m. y contó con la presencia del viceministro de Economía Mario Arróspide, y el jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Eduardo González.

Fuentes refirieron que la reunión con los funcionarios del gobierno estuvo llena de reclamos generales. “Los funcionarios trataban de hacer entender que el Gobierno estaba en situación de emergencia y se encuentran analizando los marcos normativos necesarios”, refirió una fuente presente en la reunión.

Tras escuchar a los funcionarios del gobierno, la Junta de Portavoces -con excepción del Partido Morado- exoneró del trámite de comisiones al proyecto que aprueba el control concurrente a todo tipo de contratación más allá de las emergencias. Hacia las 6:00 p.m., todo apuntaba a que el Congreso otorgaría facultades al Ejecutivo con la salvedad del punto 11.

En medio del toque de queda

La sesión del pleno, programada en un inicio para el mediodía, recién se inició a las 6:24 p.m. El registro de asistencia marcó un total de 77 miembros presentes en la sesión. Unos siete miembros más de los que se acordó en la Junta de Portavoces con el fin de mantener las medidas de precaución por el coronavirus.

Tras el registro de asistencia, la sesión de fondo arrancó aprobando regulaciones a su marco interno para poder sesionar virtualmente y luego la nómina de integrantes de la Comisión Permanente y las 24 comisiones ordinarias.

El debate sobre la delegación de facultades se inició faltando media hora para el inicio del toque de queda (08:00 p.m.), con la sustentación del segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima).

“El Perú tiene que estar unido más que nunca”, fue la frase con la que finalizó su discurso. Luego, varios legisladores hicieron referencia al hecho de que un congresista haya sustentado el pedido de delegación de facultades planteado por el Ejecutivo. Más aún cuando el gobierno no tiene una bancada oficialista.

Ningún miembro del Ejecutivo asistió a la sesión del pleno para sustentar el pedido de delegación de facultades.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), voceado como posible presidente de la Comisión de Constitución, fue el primero en referirse a la oposición legislativa al punto 11.

“El Ejecutivo que va a ser materia de control pide facultades para modificar este control que se le va a hacer a posteriori. No aguanta mayor análisis. Estamos de acuerdo en otorgar facultades en el 95%, pero en el punto 11 es evidente que vamos a votar en contra”, refirió Chehade. La oposición fue secundada por Podemos.

Otros congresistas aprovecharon para realizar pedidos a favor de sus regiones. Napoleón Puño Lecarnaque (Alianza para el Progreso) solicitó que se fiscalice el cierre de la frontera de Tumbes pues, según dijo, continúan ingresando ciudadanos venezolanos.

Diethell Columbus, portavoz de Fuerza Popular, criticó que los funcionarios que se presentaron en la Junta de Portavoces no hayan sabido sustentar los puntos de las facultades referidas al tema de educación. Tal como se mencionó, a la sesión de voceros asistieron el jefe de Gabinete de Asesores de la PCM y el Viceministro de Economía. “¿Qué tiene que ver el cuidado del patrimonio cultural con la emergencia del COVID-19? No me supieron responder. También pregunté sobre el pedido para la promoción cultural y me respondió que era para el salvataje del cine y del teatro, como si esos fueran los únicos sectores de la industria que requieren ayuda”, refirió tras pedir precisiones en los puntos sobre seguridad ciudadana.

También mencionó la controversia del punto 11. “No puede ser que el Poder Ejecutivo dicte los parámetros de cómo va a ser controlado. Hacer eso sería inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no se puede autoregular”, afirmó. Asimismo, Columbus cuestionó que el Ejecutivo no haya hecho referencia a la economía familiar y por ello pidió que el Congreso legisle al respecto.

El segundo punto donde el Congreso marcó distancia fue en el plazo solicitado por el Poder Ejecutivo. El gobierno solicitó 60 días, pero César Gonzales Tuanama (Somos Perú, Ucayali) planteó que solo fueran 30 días. Además, el legislador aprovechó para cuestionar al ministro de Salud, Víctor Zamora, quien aseguró tiene las puertas cerradas para los parlamentarios.

A estas alturas del debate, el reloj marcaba que eran más de las 08:00 p.m. y que el toque de queda había empezado. Ante los rumores que comenzaron a correr en el hemiciclo, el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), hizo una pausa para informar que ya se había coordinado con el Ministerio del Interior para que ninguno de los participantes de la sesión sea detenido cuando vayan de regreso a sus casas.

Luego de la pausa, la vocera del Frepap, María Céspedes (Lima), retomó las críticas al plazo solicitado por el Ejecutivo para legislar, y propuso que se reduzca de 60 a 30 días. Sus críticas también apuntaron al punto 11 referido a la autonomía de la Contraloría General de la República.

A las 08:24 p.m., el pleno pasó a un cuarto intermedio a pedido de Guillermo Aliaga (Somos Perú) para recoger todos los planteamientos dados en el pleno y llegar a un consenso sobre el mecanismo de votación de la delegación de facultades que contaba con 11 puntos.

Revés para la Contraloría

Lo que debió ser una pausa de 10 minutos -según lo anunciado por el presidente del Legislativo- se convirtió es una espera de más de media hora. A las 09:14. p.m. se retomó la sesión con Guillermo Aliaga (Somos Perú) nuevamente a cargo de la sustentación.

Aliaga relató los cambios acordados, a través de un texto sustitutorio. La principal modificación se centró en el plazo de las facultades, el cual se rebajó de 60 a 45 días. Además de otras modificaciones de forma en el texto y el retiro del controversial punto 11 referido al control concurrente de la contraloría.

Al final, el pleno delegó facultades al Ejecutivo con 65 votos a favor y 12 en contra (11 de miembros de Unión por el Perú y Richard Rubio de Frepap). Lo aprobado fue exonerado de segunda votación.

Si bien se retiró el punto 11, no todo salió como esperaba la Contraloria. Su propuesta para que el Congreso le otorgue facultades legales para aplicar el control concurrente de manera general a todo tipo de contrataciones públicas no fue aprobada. Esta terminó siendo rechazada en Junta de Portavoces y se elaboró un texto sustitutorio para limitar el control concurrente a la contrataciones que se ejecuten en el marco del coronavirus. Sin embargo, el texto no fue debatido ni aprobado en la sesión.

Somos Perú fue el principal opositor a la propuesta del contralor Nelson Shack para poder aplicar el control recurrente de manera general. Sumado a esto, fuentes legislativas refirieron que desde Palacio de Gobierno se comunicaron telefónicamente con miembros de la Mesa Directiva para que se respete lo propuesto, así sea aprobado como iniciativa del Parlamento.

Al final de la jornada, el vocero de Podemos, Daniel Urresti (Lima), criticó que se haya gastado el tiempo repitiendo acuerdos que ya se habían tomado en la Junta de Portavoces. “Ya nos están comparando con el Congreso anterior. Están diciendo que somos peor”, cuestionó.

El pleno terminó su jornada pasada las 10:00 p.m. aprobando una moción para la conformación de una comisión especial de seguimiento a las acciones adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar al coronavirus.

Fuente El Comercio

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