El artífice del histórico encarcelamiento masivo de empresarios y políticos por el caso “Lava Jato”, el juez brasileño Sergio Moro, basado en la experiencia afirma que la corruptos y los corruptores son criminales seriales porque cometen el delito no una sino varias veces. Es decir, así como hay funcionarios públicos que cobran a las empresas por lo bajo para adjudicarles contratos a dedo, también existen hombres de negocios dispuestos a pagar coimas las veces que sean necesarias.
Lo declarado por el delator brasileño Jorge Barata confirma lo manifestado por el magistrado Moro. Odebrecht adoptó como política desembolsar sobornos a ejecutivos gubernamentales a cambio de la asignación de millonarias obras. Pero la constructora brasileña no actuó ilícitamente en solitario por su cuenta y riesgo sino también en complicidad con sus asociadas peruanas. Barata ha señalado con precisión que en el caso de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Odebrecht y sus consorciadas Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales estuvieron de acuerdo en abonar dinero negro.
Mencionar a las constructoras Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales es referirse a las más importantes ejecutoras de obras públicas del Estado en los últimos 15 años. Si Barata ha confesado que las tres compañías consintieron la actuación ilícita de Odebrecht, es porque estas no son ajenas a dicha práctica. Si los corruptos y corruptores perpetran crímenes seriales, como indica el juez Sergio Moro, el Ministerio Público debería organizarse y montar una investigación a gran escala -como el caso “Lava Jato” en Brasil-, para establecer si Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales sobornaron funcionarios públicos con el propósito de adjudicarse proyectos de envergadura.
Las compañías involucradas con Odebrecht son las que más han facturado al Estado en el rubro.
De acuerdo con el registro de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2001 y 2015 -periodo investigado por las fiscalías anticorrupción en el caso de Odebrecht-, Graña y Montero ganó adjudicaciones por 573.4 millones de soles; JJC Contratistas Generales -de propiedad de la familia del ex ministro fujimorista Jorge Camet Dickman-, 812.4 millones de soles; y la firma ICCGSA -de la familia Castillo Petit- la friolera de 1,989 millones de soles. En todos los casos, de manera individual y no en consorcio, lo que significa que las cifras son más altas.
Sergio Moro también ha expresado que las propias empresas deberían contribuir en la lucha contra la corrupción mediante la entrega de información. Si es así, el Ministerio Público debería ofrecer a los directivos de las constructoras bajo investigación un programa de beneficios judiciales si proporcionan datos sobre actos de corrupción gubernamental. De este modo, las constructoras Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales deberán escoger entre la delación o la cárcel. No hay más para escoger.
Fuente La República
