Son varios los ránkings y estudios que ponen de manifiesto la necesidad urgente de trabajar en medidas efectivas para la lucha contra la corrupción en el Perú.
Por ejemplo, en el ránking de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018, nuestro país está en el puesto 89 (de 137) en la categoría Pagos Irregulares y Sobornos; comparte el puesto 96 (de 180) con Brasil, Zambia y Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional; y, entre otros informes, la Defensoría del Pueblo ha identificado que anualmente son S/12.974 mil millones los que el Perú pierde debido a este crimen.
“La corrupción ya es la prioridad número uno para el Gobierno”, señala Kristian Holge, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En este contexto, como parte del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) ‘Paz, Justicia e Instituciones sólidas’, el Estado Peruano firmó en el 2015 un compromiso internacional para reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas al 2030.
“Los últimos tres gobiernos han tratado de incluir la simplificación de trámites, la mejora de la atención al ciudadano y el combate a la corrupción dentro de la agenda, pero vamos a paso lento”, diagnostica Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día.
COSTOSA CORRUPCIÓN
Según el Foro Económico Mundial (WEF) la corrupción encarece en 10% el costo de hacer empresa y en hasta 25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo.
En esta línea, en base a un estudio del economista Gustavo Yamada, Gibu indica que existe evidencia estadística que demuestra que quienes son más pobres utilizan más porcentaje de su dinero para pagar coimas. Estos pagos están destinados a facilitar el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, salud y seguridad.
“Si eres pobre, destinas más plata a coimear. Si pasas a clase media, ya tienes acceso a servicios de salud y mejoran las probabilidades de no ser víctima de un trámite ilícito en la policía”, sostiene Gibu.
Al tratarse mayoritariamente de trámites burocráticos y de acceso a servicios básicos que imponen un costo económico sobre las familias, este sector se ubicaría dentro lo que se conoce como “pequeña corrupción”.
Por otro lado, actos como los que realizan mafias enquistadas que tramitan obras y se coluden con proveedores para ganar licitaciones de obras son calificados por Gibu como ‘la corrupción de atrás’, “la que no se ve”.
Dentro de toda la lucha contra la corrupción, esta parte sería la que avanza más lento.
“A raíz del Caso Odebrecht, su daño social y secuelas políticas, todos estamos más conscientes de la situación. Y si bien hacemos énfasis en el sector construcción, la realidad es que ningún sector se escapa de la corrupción”, menciona Holge.
Tal como señala un informe del Instituto Peruano de Economía, el costo de la corrupción –expresado a través de menor crecimiento del PBI, detrimento del ambiente de negocios, falta de acceso a servicios públicos y malas decisiones de política pública– es muchísimo mayor a lo que inicialmente se estima.
PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD
Para hacer conocida la Agenda 2030, así como los objetivos de desarrollo sostenible que la sustentan, la ONU, Perú 2021, KPMG y El Comercio lanzaron la iniciativa Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PODS).
Esta iniciativa incluye un reconocimiento a los esfuerzos de empresas de todo tamaño y ONG que contribuyan al cumplimento de la agenda y la creación de plataformas digitales con información de esta agenda.
El premio será entregado en setiembre de este año.
Fuente El Comercio
