Mientras el Poder Judicial encarcela a empresarios de constructoras cuestionadas por actos de corrupción, malos funcionarios de las municipalidades, gobiernos regionales y ministerios continúan con el círculo vicioso de maltratar a contratistas, con el único propósito de pedir algo a cambio. ¿Quién detiene esto?
Próximos a un nuevo proceso electoral, y en medio de una grave crisis de legitimidad de nuestro sistema político, el país y los ciudadanos no deben olvidar otras manifestaciones de corrupción muy frecuentes. La entrega de ‘coimas’ se inicia con el funcionario del Estado, envolviendo en este perverso círculo corruptible a proveedores o contratistas (a propósito del caso Odebrecht).
Los contratistas saben que el Estado es el principal cliente de las empresas privadas. Las compras estatales llegan a más de 26 mil millones de soles anuales, y una parte importante de estas compras son efectuadas por los gobiernos locales y regionales.
Cobrar una deuda al Estado tarda aproximadamente ocho años, entre someter la controversia a arbitraje, la impugnación del laudo arbitral, la ejecución judicial del laudo arbitral y la facultad que tiene la entidad estatal de diferir el pago ordenado judicialmente por cinco años. ¡Todo un vía crucis!
La Asociación de Contratistas con el Estado ha recibido denuncias contra diferentes alcaldes, como el de Santa María, quien no reconoce servicios; el de Pueblo Libre, que brilla por tener funcionarios ineficientes y con poca ética; el de Surco, que es capaz de inaugurar semáforos y no pagarlos por más de seis años; el de Bellavista, que cierra las puertas y si el proveedor no es de su agrado, es capaz de no dejarlo entrar a exigir sus derechos, entre muchos otros.
Hemos pasado de la construcción a la corrupción, de ahí que la Asociación de Contratistas con el Estado plantea cambios legales urgentes, como la intervención del MEF en el manejo de las cuentas bancarias de los municipios y las regiones; la reducción del plazo para atender pago de deudas reconocidas judicialmente, y la oportuna intervención de la Contraloría.
Se deben mejorar o cambiar algunas reglas de juego, sobre todo las que perjudican al Estado, a los ciudadanos y a los proveedores. Corrupción no, construcción sí, pero con reglas claras y justicia oportuna.
Fuente Expreso
