El informe final de la Comisión Lava Jato, recientemente aprobado por el Congreso de la República, revela cómo algunas empresas cuestionadas por obtener de manera ilegal algunas licitaciones públicas habrían pagado asesorías a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el proceso de evaluación y promoción de diversos proyectos.

Según el informe, el municipio contrató al estudio Rebaza & De las Casas “para la evaluación legal de la iniciativa privada presentada por Odebrecht”.

“Rebaza Alcázar De las Casas ha sido vinculado al grupo Odebrecht (…). Esto se evidenció a través del abogado José Zaragoza Amiel, quien fue vinculado por las autoridades judiciales a la obra Vía de Evitamiento del Cusco, cuyo concedente era el Gobierno Regional”, indica el documento.

También menciona que “Zaragoza Amiel facilitó la constitución de la sociedad uruguaya offshore de nombre Wircel S.A., con el objetivo de firmar un contrato ficticio con la compañía de fachada Klienfield, de propiedad de Odebrecht y utilizada en otros casos de la investigación de Lava Jato”.

Además, incluyen a otro personaje dentro del equipo de consultoría, identificado como Fernando Antonio Ocampo Vásquez. “Su nombre e imagen aparecieron en la página web del estudio jurídico hasta el mes de mayo de 2017, momento en que se hizo público el caso de la vinculación de Zaragoza Amiel con Odebrecht”.

La comisión sostiene que Ocampo ha participado como miembro del directorio del consorcio Rutas de Lima [concesionaria de las vías Panamericana Norte y Sur en Lima Metropolitana] desde su constitución y ha sido apoderado clase A de dicha firma.

“También participa como miembro del directorio de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A. [investigada por la concesión del Gasoducto del Sur] desde el 19 de abril de 2013 [cuando la alcaldesa de Lima era Susana Villarán de la Puente]”, precisa el informe.

Además, Rebaza & De las Casas tuvo entre sus socios al abogado Andrés Gjurinovic, “quien brindó asesoría legal y tributaria a Odebrecht, para los proyectos Gasoducto Sur Peruano y Rutas de Lima” y prestó su servicio “para la reorganización societaria del Grupo Odebrecht Latinvest”.

Por lo mencionado, la Comisión Lava Jato sostiene que “existen evidencias para considerar que el estudio de abogados en cuestión estaría vinculado al grupo Odebrecht y su asesoría prestada a la MML podría haber sido sesgada para beneficiar al consorcio Rutas de Lima”.

El pago a Rebaza Alcázar & De las Casas para la evaluación y promoción de la propuesta de iniciativa privada del proyecto Vías Nuevas de Lima, “ascendió a S/ 347, 600.00”. “Y fue pagado, como es costumbre en estos procesos de concesión, por el consorcio que se adjudicó el proyecto”.

Cabe precisar que en la propuesta presentada al municipio metropolitano, aparecen servicios brindados a SIGMA SAFI S.A. [sociedad administradora de fondos de Inversión en el proyecto Rutas de Lima].

“Después de la suscripción del contrato de concesión”, el estudio “prestó asesoría legal a la concesionaria Rutas de Lima SAC durante los años 2013, 2014 y 2017”, especifica el informe.

RODRIGO, ELÍAS & MEDRANO

El 2 de febrero de 2015, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, ya en la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio,  habría solicitado a Rutas de Lima “suspender las obras sin ejecución a 1 de enero del 2015 o con EDI [intercambio electrónico de datos] pendiente de aprobación, para (…) verificar su adecuación y/o correspondencia con los Ejes Estratégicos e instrumentos de planeamiento, (…); así como su adecuación y correspondencia con el Sistema Vial Metropolitano dentro del cual se circunscribe el proyecto (…)”.

En ese momento, el municipio quería incorporar una serie de “modificaciones a las obras obligatorias del proyecto Vías Nuevas de Lima, entre otras la suspensión indefinida del IVD Canta Callao que estaba planificado se realizaría en el tramo de la Panamericana Norte y que tenía la importancia de ser la intersección entre la Panamericana Norte con la futura autopista de la provincia de Canta hacia el Callao, eje nacional alterno a la Carretera Central”, afirma el informe Lava Jato.

“Estas modificaciones que se materializan en el Acta de Acuerdo firmada el 14 de agosto de 2015, se realizaron sin cumplir con un sustento para las mismas, las obras suspendidas sin sustento estarían alrededor de US$ 71 millones de dólares (incluido IGV). Estas obras se suspendían con la finalidad de realizar nuevas obras que no estaban consideradas en el contrato y que la entidad no demostró que los acuerdos adoptados sobre modificar el alcance de las obras no implicaban una modificación del contrato”, revela la carpeta.

Este episodio permitió que la Concesionaria Rutas de Lima SAC contrate al estudio de abogados Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. “Los honorarios por los servicios profesionales prestados durante el mes de agosto del 2015 fueron de S/. 24,072.00”. La comisión agrega que la doctora que colaboró fue Verónica Sattler.

“Merece especial atención la contratación de otro estudio de abogados para llevar adelante en un primer momento la asesoría legal a Vías Nuevas de Lima por este tema”, precisa la investigación.

“Durante el mes de marzo del 2015, el estudio Delmar Ugarte Abogados S.C.R. Ltda. prestó servicios de asesoría legal sobre el proyecto de acta a ser suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la ejecución de nuevas obras y suspensión de ciertas obras obligatorias. El pago realizado por estos servicios no lo hace el consorcio Rutas de Lima, sino Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, empresa que no tenía ninguna participación directa en el consorcio. Se evidencia aquí el manejo financiero de las empresas vinculadas al grupo Odebrecht a través de una caja en común”, evidencia el informe.

TRANSFERENCIA

“En diciembre del 2016, y con el conocimiento de los problemas legales que afrontaba su presidente y varios miembros del grupo económico OAS en Brasil, [la empresa Línea Amarilla Brasil Participações S.A.] transfirió el total de las acciones de la sociedad a la firma de capitales franceses Vinci Highways”, puntualiza el informe de la Comisión Lava Jato.

CONTINÚAN VÍNCULOS

La Comisión Lava Jato afirma que en una comunicación cursada “por el Barrios & Fuentes Abogados, se señala que Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción – OPIC, seguiría prestando colaboración a Rutas de Lima S.A.C. en relación a algunos arbitrajes contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el año 2018”.

“Al respecto, la misma figura se aplicó en la contratación de First Capital Inversiones y Asesoría LTDA, empresa de Gerardo Sepúlveda, desde donde se gira pagos a Latin American Enterprise Fund del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el mismo Sepúlveda, y que contribuyeron al cuestionamiento político al exjefe de Estado quien tuvo que renunciar al cargo”, concluye la investigación parlamentaria.

MEMORIAS DE UNA EXALCADESA

Por otro lado, el informe Lava Jato también indica que el 4 de setiembre de 2017, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente, respondió cómo conoció al representante de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro Filho.

“Es el día en que se inicia el proceso de diálogo, ¿en qué circunstancias? Estábamos en el salón azul, viene la empresa OAS, estaba el señor [André Giavina] Bianchi y el señor Valfredo de Assis, estaba la abogada Cecilia Blume[quien aceptó haber participado en reuniones como asesora de LAMSAC], estaba el señor René Cornejo [durante años jefe de Proinversión y premier en el gobierno de Ollanta Humala] por parte de la empresa, junto con un abogado del Estudio Echecopar. Y del lado nuestro estaba el gerente municipal, el gerente de promoción de la inversión privada”, refiere el informe.

Según la mesa de trabajo, “la exalcaldesa se refería al proceso de diálogo que culminó con la firma del Acta de Acuerdo del 20 de mayo del 2011 en la que -entre otros puntos- la Municipalidad Metropolitana de Lima, la concesionaria Línea Amarilla SAC y Constructora OAS Ltda. Sucursal del Perú, acordaron la firma de un acta de acuerdo con una serie de puntos que habían sido negociados durante todo el periodo de diálogo”, determina.

En ese sentido, el lunes 2 de octubre del 2017, María Cecilia Blume Cilloniz confirmó que a través de la empresa CB Consult SAC había laborado para LAMSAC.

“Indicó que este trabajo se realizó cuando LAMSAC tenía cuatro socios: tres fondos de pensiones de Brasil y OAS que tenía el 24.9%”, precisa el oficio.

También señala que en abril del 2010, la “empresa CB Consult fue convocada por LAMSAC para colaborar con la implementación del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla”. Aquellos servicios concluyeron en agosto del 2013.

Blume Cilloniz “remitió a la Comisión Investigadora un documento conteniendo copia del contrato suscrito entre CB Consult SAC y LAMSAC, este fue suscrito el 27 de abril del 2010, por la Gerente General de CB Consult SAC, Zoila Carolina Castilla Rubio, y por el Gerente General de Línea Amarilla SAC, André Giavina Bianchi”.

El contrato se concretó para la prestación de servicios de asesoría legal con especial incidencia en la ley de Promoción de la Inversión Privada, así como como las obligaciones que se generan a partir de la concesión de Línea Amarilla y su aplicación a lo largo de su periodo de vigencia. La contraprestación por los servicios prestados fue de S/. 20,000.00 (sin IGV) mensuales”, profundiza la carpeta.

“A la fecha de la firma del contrato de concesión entre CB Consultores SAC y Línea Amarilla SAC, esta sociedad estaba constituida por OAS Investimentos S.A. que detentaba el 75% de las acciones y Constructora OAS Ltda., el socio estratégico, que tenía el 25% de las acciones de la sociedad; ambas empresas del grupo OAS de Brasil”.

“Es solo a partir del 8 de diciembre del 2010 que OAS Investimentos S.A. cede su participación en la sociedad a Línea Amarilla Brasil Participaҫões S.A. sociedad, quedando el socio estratégico, Constructora OAS Ltda. con el 25% de la misma”, plasma el informe.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

El informe también hace referencia a una cláusula en los contratos de los proyectos Vía Expresa Lima Amarilla y Vías Nuevas de Lima, enfocada en la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones de la Participación Mínima del Socio Estratégico.

En Vías Nuevas de Lima, limita la transferencia hasta la finalización de la obra, pero aun así requiere “la autorización del concedente, previo al cumplimiento de una serie de requisitos” que deberá mostrarse si se opta por un reemplazo.

Por esta razón, hasta el momento, en el caso de Vías Nuevas de Lima, la Constructora Norberto Odebrecht S.A. no puede salir de la sociedad Rutas de Lima, responsable de las vías Panamericana Norte y Sur en la capital.

Cabe precisar que la figura del socio estratégico, que debería mantenerse hasta el final de la concesión porque es una garantía del contrato, “se refiere a los accionistas o participantes del concesionario que acreditaron el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros indicados para la precalificación y que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el concesionario”, explica el informe.

“Esta garantía se encuentra en la existencia de un socio con la capacidad de respaldar el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de contratos, sea para la construcción o para la operación y mantenimiento, razón por la cual resulta imposible que sea liberado de la sociedad debiéndose mantener con el 25% del patrimonio societario hasta la finalización de la concesión o por lo menos una parte importante de la misma”, complementa.

La investigación parlamentaria concluyó que “esta cláusula abrió la oportunidad para que el socio estratégico Constructora OAS Ltda., perteneciente al grupo OAS, pudiera transferir su participación en la sociedad concesionaria a la empresa Línea Amarilla Brasil Participações S.A., vinculada al grupo OAS, en marzo del 2012”.

Fuente Diario Expreso

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