El Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que promueve la reducción del consumo de plástico de un solo uso en todas las dependencias del Poder Ejecutivo.
El objetivo de la norma es reducir el uso de productos no reciclables para reemplazarlos progresivamente por plástico reutilizable, biodegradable u otros cuya degradación no genere contaminación por microplástico.
Así, en un plazo de 30 días, es decir, a partir del 1 de diciembre, quedará prohibido el ingreso y el uso de bolsas de plástico, sorbetes plásticos y envases de tecnopor para bebidas y alimentos de consumo humano en áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural, áreas declaradas patrimonio natural de la humanidad y museos administrados por entidades del Poder Ejecutivo.
Y en un plazo de 180 días, la prohibición del plástico se ampliará a todas las entidades del Poder Ejecutivo.
Con ello también se prohíbe el uso de bolsas o envoltorios plásticos en la entrega de información impresa a los administrados y la ciudadanía en general, así como la adquisición de diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita y otros tipos de información contenidos en bolsas o envoltorios plásticos, por las entidades del Poder Ejecutivo.
Solo se autoriza el ingreso de bolsas por razones de higiene y salud. Se dispone además que se dictarán medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de este decreto supremo. Las Oficinas de Administración y de Recursos Humanos velarán por la implementación de lo establecido en la norma legal.
Este avance en el cuidado del medio ambiente también aplicaría para el país en general.
Más temprano, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la propuesta legislativa que regula el plástico de un solo uso y tecnopor, la cual plantea un plazo de 36 meses para la adecuación a la norma a partir de su publicación.
También se acordó crear el Impuesto Nacional a las bolsas plásticas, medida que pretende disuadir del uso de estos empaques, y legaliza el cobro al cliente en los supermercados o cualquier otro negocio.
El dinero recaudado bajo este mecanismo se utilizará para campañas de educación ambiental, dice la propuesta. El dictamen está listo para su próximo debate en el Pleno.
Fuente La República
