La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional de La Libertad, realizó el último jueves una inspección a la obra de mejoramiento de los canales San José Alto y Concordia, en la provincia de Ascope, la misma que colapsó cuando se realizaba la prueba hidráulica.

Los inspectores del órgano de control levantaron información en el mismo lugar de los hechos, a fin de verificar las denuncias que hicieron los agricultores de la Junta de Usuarios de Agua del Valle Chicama y los miembros de la Comisión de Usuarios Ascope, quienes acusaban a la empresa encargada de la ejecución de la obra de haber realizado los trabajos del revestimiento del canal sin ceñirse a lo que especificaba el expediente técnico.

Hay que precisar que la obra fue priorizada el 2016 por el equipo técnico del Gobierno Regional de La Libertad.

La modalidad de ejecución fue por contrata a precios unitarios y tenía un plazo de ejecución de 240 días calendarios. La empresa que estuvo a cargo de la ejecución de la obra es Edicaf S.A.

CONTROL CONGRESAL. La intervención del OCI coincide con la solicitud que hizo la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Gloria Montenegro Figueroa, mediante los oficios N°274 y 275, al contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, y al contralor de la región La Libertad, José Dioses Aponte, para que en el menor plazo posible realicen un examen especial de auditoría a la contratación de la ejecución y la supervisión de la mencionada obra en Ascope.

La parlamentaria sostiene que es inaudito que una obra de estas características, que costó S/ 6’ 750,239.81, haya colapsado cuando se realizaba la prueba inicial hidráulica.

“No ha soportado ni siquiera la cuarta parte de capacidad para la que fue diseñada. Ante ello hemos pedido que la Contraloría haga una investigación muy a parte de las pesquisas que estén haciendo los representantes del OCI”, comentó la legisladora.

“Considero que un especialista tiene que venir a analizar, primero, el expediente técnico, para ver si la empresa trabajó de acuerdo a lo que se indica en ese documento o lo varió y, en segundo lugar, ver qué monto de inversión ha ingresado ahí”, añadió.

POCA RESISTENCIA. A lo que se refiere la congresista cuando indica que el canal mejorado y revestido no soportó llevar ni la cuarta parte de la capacidad de agua para la que fue diseñada, es que la prueba hidráulica que se hizo, el pasado 30 de marzo, fue con una cantidad de 25 riegos, cuando la capacidad del canal es de 120 riegos.

SANCIÓN. Montenegro pidió a los representantes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que no solo sancione a la empresa que ejecutó mal una obra, sino también a los propietarios de la misma.

“Lo que está ocurriendo es que el Osce sanciona a la razón social y por lo general estas empresas tienen otras razones sociales y no se va al fondo del asunto. Aquí se tiene que identificar a los dueños de las empresas y sancionarlos para que ya no exista estos problemas; esto hay que cortarlo de raíz, sacar a esas empresas del sistema porque afecta, retrasa y llena de corrupción un sistema que tiene que ser transparente”, manifestó.

LA SUPERVISIÓN. La legisladora exhortó también a los entes fiscalizadores a que centren sus luces en las empresas supervisoras, pues muchas veces se coluden con los consorcios encargados de la ejecución de las obras y se hacen de la “vista gorda”.

“¿Qué pasa?, el Gobierno Regional de La Libertad contrata a la empresa supervisora y la empresa le paga a la supervisora y se coluden. Ahí no hay ninguna supervisión”, aseguró.

Por eso, indicó, están pidiendo que los entes supervisores dependan de la Contraloría y no de la entidad que la pague, “porque cuando licitan para que hagan los términos de referencia se da la casualidad que las empresas supervisoras terminan supervisando las obras de una misma empresa y eso es un pecado mortal”, resaltó.

CONSEJO SABÍA. Cabe mencionar que Silvio Díaz Estrada, consejero por la provincia de Ascope, recordó que este tema trató de ponerlo en agenda en más de una ocasión ante el pleno de Consejo Regional, pero que no tuvo el eco que esperaba.

Ocurre que el consejero junto a miembros de la Junta de Usuarios de Ascope visitó la obra y se percataron que había muchas deficiencias. Además, notaron que no se estaba utilizando el material adecuado para el piso y las paredes del canal.

“Es más, nosotros le pedimos a uno de los obreros que mida el grosor de las paredes y notamos que en algunas partes tenían apenas dos centímetros de espesor, cuando el expediente técnico mandaba 12 centímetros”, comentó.

PREOCUPACIÓN. Arístides Alarcón, consejero de la Junta de Usuarios de Chicama, lamentó que hasta la fecha la empresa no haya sido clara con respecto a cómo se va a solucionar el problema.

El tema se torna más complicado para los agricultores porque debido al problema en el canal, es difícil que puedan sembrar como año anteriores.

Los agricultores consideran que el caso es de emergencia, ya que sin un canal por dónde llevar el recurso hídrico, no podrán sembrar y este sería el segundo año que pasarían sin hacerlo, ya que el 2017 no pudieron producir debido a los efectos negativos del fenómeno El Niño Costero.

La Contraloría debe emitir un informe en los siguientes días, a fin de continuar con el proceso. Es probable que el tema linde con lo penal.

Fuente Diario Correo

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