El Ministerio Público inició una pericia contable sobre el proyecto de voladura y movimiento de tierra en el cerro denominado “El dedo de Dios”, ubicado dentro del tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur y por la cual la empresa Andrade Gutiérrez y el consorcio Intersur son investigadas.

Según las investigaciones del Ministerio Público, las empresas que participaron en este proyecto habrían sobrevalorado las obras realizadas, lo que produjo un sobredimensionamiento ascendente a US$4’326.951.

La disposición fiscal ordena determinar el ingreso, egreso y destino de los pagos procedentes de la sobrevaloración hallada en el proyecto de concesión.

El perjuicio económico, según la fiscalía, fue sustentado a través del Informe Pericial 4-2006 de la contraloría y el informe de auditoría 601-2018.

Dicha información la brindó la fiscalía durante una audiencia pública realizada hoy ante la Sala Penal de Apelaciones, que evaluó el pedido de las empresas constructoras para anular la inhibición de sus bienes.

-Los sobrecostos-

Con estos elementos, el Ministerio Público respaldó la orden de inhibición que trabaron diversos bienes de la constructora Andrade Gutiérrez y de la empresa Intersur Concesiones.

“Los informes de contraloría son muy claros al determinar la materia de investigación y concluyeron que hubo sobredimensionamiento respecto al tramo construido por las empresas materia de investigación. Este sobredimensionamiento asciende a US$4’326.951”, se indicó.

En ese sentido, el representante de la fiscalía consideró que este “es un elemento fundado y grave. Y que es un elemento que sirve para medidas de coerción personales”.

Además, agregó el fiscal, la medida se encuentra fundada con la Carta 05-2012 donde Ositrán da cuenta de un sobrecosto cobrado al Estado peruano por la voladura de roca y material suelto que no fue ejecutada por el Consorcio Intersur, pero por la que terminaron cobrando US$1’188.707,31.

“Entonces, han venido a hacer sobredimensionamiento de obras por actividades no realizadas y le cobraron al Estado”, indicó el fiscal.

Es por ello que, en el caso de Intersur, que solicitó destrabar la inhibición de tres vehículos incautados por el juzgado, la fiscalía indicó que la empresa está investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Por tanto, indicó que la medida de inhibición puede variar a medidas más gravosas, pero por ahora se está ante una medida para asegurar una futura reparación civil.

“El insertar dinero al sistema financiero es una acción que no puede pasar desapercibida. Esto ya es la colocación de activos, es la primera fase del lavado de activos […] Consideramos que el informe de Ositrán tiene elementos fundados y graves para seguir construyendo a nivel preliminar la investigación”, manifestó.

-Rechazan fundamentos-

Mario Flores Rivera, abogado de Andrade Gutiérrez, requirió dejar sin efecto la medida del juzgado de primera instancia, que dispuso la inhibición de un inmueble y tres vehículos.

Para sustentar el pedido, indicó que no se le corrió traslado del requerimiento de inhibición formulado por la fiscalía; por tanto, se afectó su derecho de defensa. Además, no se valoró los elementos de convicción adecuadamente, pues manifestó que los informes de contraloría no señalan a la empresa AG como responsable de los presuntos actos ilícitos.

Indicó que no existen elementos que los vinculen a los presuntos actos ilícitos investigados por el Ministerio Público, pues refirió que quien estuvo vinculada a la ejecución de las obras en el tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur fue la empresa Constructora Intersur y otras más.

“Somos socios fundadores de Intersur concesiones. Pero quien se ha encargado de ejecutar las obras son otras tres personas jurídicas que no es Andrade Gutiérrez”, anotó Flores.

Flores advirtió que no se puede determinar si existe perjuicio cuando el contrato aún continúa vigente.

De parte de Intersur Concesiones S.A, su abogado Manuel Asmat Rubio sostuvo que la fiscalía está tergiversando los elementos probatorios, al sostener que los informes de Contraloría o de Ositrán demuestren actos ilícitos.

“Lo único que llegan a acreditar en grado de probabilidad es un sobredimensionamiento, pero no acredita que esto sea consecuencia de un acto criminal. Por ejemplo, que sea consecuencia de una colusión”, anotó.

Los informes, dijo el abogado, tampoco muestran la intervención de Intersur Concesiones con la actividad de delito previo.

Finalmente, indicó que recién la pericia contable determinará cuál fue el destino del dinero del sobredimensionamiento.

Fuente El Comercio

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