La justicia vuelve a tocar la puerta del excongresista de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril Rodríguez, quien deberá responder por graves delitos.
La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso de la República dos denuncias constitucionales contra el exparlamentario, quien culminó su mandato en enero de este año, tras el cierre constitucional del Legislativo. En las acusaciones se atribuyen los supuestos delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal y cohecho pasivo impropio.
DEUDA
Uno de los expedientes remitidos al Congreso, refiere que Becerril habría aprovechado su cargo para ofrecer gestionar el presupuesto destinado a la Municipalidad Distrital de Aucallama (Huaral), a cambio de que esta comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a su hermano, Wilfredo Becerril Rodríguez.
Según investigaciones de la Fiscalía, en el 2014 Red Medical Dental & Business, representada por Cristy Cruzado Jiménez, designó a Wilfredo Becerril, como gerente general.
Por casualidades del destino, desde ese año hasta el 2017, la empresa facturó por más de 4,7 millones de soles a través de contratos con el Estado. Sin embargo, en los años anteriores, sin la participación de Becerril, esta solo había ganado contratos por 1 millón 400 mil soles.
Además, en junio del año 2018, el exalcalde de Aucallama (Huaral), Pedro Salguero, denunció la intervención del entonces parlamentario fujimorista, para conseguir que dicho municipio cancele S/ 284, 565.00 a Red Medical, pues le habría asegurado que “era propiedad de Wilfredo Becerril”.
TEMERARIOS
El otro caso responde a su presunta vinculación con “Los Temerarios del Crimen”, que encabezó el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.
Según las indagaciones, el excongresista habría actuado como “brazo político” de la organización para gestionar presupuestos ante los ministerios de Economía y Vivienda, a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para la ejecución de obras, que luego eran sacadas a licitación, pero por las cuales los contratistas debían cancelar una coima equivalente al 10% del monto total a ejecutarse.
El dinero obtenido era distribuido entre los miembros de la organización.
Según el testimonio de la empresaria, Mirtha Gonzales Yep, a inicios del año 2018 Wilfredo Becerril le solicitó porcelanato italiano y otros materiales de construcción, que serían entregados al legislador, quien por entonces estaba construyendo su vivienda de tres pisos ubicada en la ciudad de Trujillo.
Esta dádiva habría sido exigida por el exparlamentario, luego de las gestiones que hizo para la empresa CRD Filial Perú SAC, que obtuvo el proyecto de construcción de la planta de residuos sólidos de Chiclayo.
Se defiende. Becerril respondió desde su cuenta de twitter que se someterá a la investigación. “Aquí estoy listo para asistir al Congreso cuando sea citado, para desvirtuar una a una las falsas imputaciones que me hace la Fiscalía de la Nación, que no tomó en consideración ninguno de mis descargos y voy a demostrar porque es de vital importancia la inmunidad parlamentaria”.
Fuente Diario Correo
