En lo que podría ser una de sus últimas diligencias en la Corte Penal Nacional, el juez Manuel Chuyo Zavaleta ordenó el impedimento de salida del país del exjefe de Provías Nacional Raúl Antonio Torres Trujillo, en la investigación sobre corrupción en la Vía Interoceánica Sur.
También se dispuso la misma medida restrictiva para Jorge Valdivia Paredes, exjefe de supervisión del Consorcio Supervisor Interoceánica Sur; además de otros siete funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) y Provías Nacional: José Luis Aliaga Sandoval, Otto Boza Troncoso, Jhon Plenge Mujica, Jorge Luis Zavaleta Altamirano, Luigi D’Alfonso Crovetto, Luis Taipe Silva y Heli Linares Hurtado.
De acuerdo con las investigaciones, Jorge Valdivia, en calidad de jefe de supervisión de Interoceánica Sur, se puso de acuerdo con el representante de Intersur Concesiones, Bricio Torres, para sobredimensionar y sobrevalorar diversos trabajos en la construcción del Tramo 4 de la vía.
En el caso concreto, sobredimensionaron el tamaño del cerro denominado “El Dedo de Dios”, lo que generó un mayor pago del Estado, por 1.188.707,31 dólares a favor de la concesionaria, integrada por las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. El cerro en cuestión tenía una altitud de 131,21 metros, pero se reportaron y cobraron al Estado trabajos de voladura, remoción de roca y material suelto como si hubiera tenido una altitud de 185 metros.
El avance de las investigaciones, que llevan a cabo las fiscales Geovana Mori y Miriam Navarro, determinó que el cobro y pago en exceso no habría sido posible sin la participación de los funcionarios de Ositran y Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El juez Chuyo Zavaleta les impuso a los indicados funcionarios públicos 12 meses de impedimento de salida del país.
Intersur
– Brasil. La Fiscalía no pidió restringir la movilidad de Bricio Torres, representante de la concesionaria, por tratarse de un ciudadano brasileño que no vive en el país.
– Delito. La investigación es por delito de colusión.
Fuente La República
