La Contraloría General de la República ha manifestado su desacuerdo con algunas de las decisiones adoptadas por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso en el caso del millonario contrato firmado entre el Estado peruano y la empresa de entrenamiento militar israelí, Global CST.
** CASO GLOBAL CST. Contraloría en desacuerdo con que fiscal haya excluido a exministro de investigaciones. También pide incluir a congresista Tubino.
Si bien el fiscal ha responsabilizado al exjefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras Rivas, y a otros seis militares por haberse presuntamente coludido con la referida compañía para favorecerla en el año 2009 con un contrato de S/. 40 millones, en la misma resolución excluyó al exministro aprista Hernán Garrido Lecca, al actual congresista fujimorista Carlos Tubino, y a ocho militares que en su momento vieron el referido documento.
Por esa razón, la Contraloría ha apelado la decisión fiscal y ha pedido que tanto el exministro como el actual congresista sean considerados dentro de las indagaciones. En su impugnación, el órgano contralor ha señalado que ha referido a las “influencias reales” que habría tenido durante el gobierno aprista el exministro Hernán Garrido Lecca.
130 MIL DÓLARES
Según la apelación –documento al que diario16 accedió– La Fiscalía ha señalado que el hecho de que Garrido Lecca haya llevado a los representantes de Global CST ante los entonces ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, y excomandante general del Ejército, Otto Guibovich, ello no constituye una conducta enmarcada en el delito de tráfico de influencias.
Ello, debido a que para el fiscal Castro, los contratos con Global CST obtenidos por Garrido Lecca por servicios de consultoría en las repúblicas de Guínea y Colombia, “derivaron de una relación laboral iniciada en marzo del 2009”.
Pero la Contraloría no está de acuerdo.
“Existen elementos probatorios suficientes para continuar con la prosecución de la investigación del presunto delito cometido por Garrido Lecca Montañez. No es oportuno ni adecuado minimizar la situación y considerar que el contrato que obtiene dicho investigado con la empresa Global CST, luego de interceder por ellos ante el Ministerio de Defensa, deriva de una relación laboral iniciada en marzo del 2009 (por lo que no podría ser entendida como una evidencia de beneficio económico)”, señala la Contraloría.
La impugnación indica que “contrariamente a lo expuesto (por el fiscal), consideramos que el contrato de consultor que obtiene el investigado con la compañía Global CST sí denotaría la ventaja o beneficio que “recibe, hacer dar o prometer” que exige el tipo penal imputado para su configuración”.
El órgano de control recuerda que el propio Garrido Lecca dijo ante la Fiscalía: “iniciamos un vínculo comercial en marzo del 2009, en la cual yo representaba a inversionistas peruanos como Chancay Port y Energía Eólica, con los cuales no se concretó nada; en mayo de 2009 se inició las conversaciones para un posible contrato de consultoría en Guinea, y mi contrato con ellos en Guinea comenzó el 1 de agosto de 2009; en total, fueron tres contratos”, percibiendo por estos montos la suma aproximada de US$ 130,000”.
“En realidad, el investigado Hernán Garrido Lecca es contratado por la empresa Global CST luego de que éste los presentara ante el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, el 30 de abril de 2009, y fue por derivación del referido ministro de Defensa que el imputado Francisco Contreras Rivas, jefe del CCFFAA, tuvo el acercamiento con los representantes de la empresa Global CST”, agrega el recurso.
“INFLUENCIAS REALES”
“Garrido Lecca Montañez, como exministro en los años 2006 y 2007, tendría influencias reales en los ministerios. Nos parece incorrecto sostener que no se configuraría el delito al no existir caso administrativo en proceso, cuando el tipo penal no exige tal condición necesariamente”, indica meridianamente la institución dirigida por Fuad Khoury.
La Contraloría sostiene que el tipo penal de tráfico de influencias establece que el ofrecimiento de interceder ante un funcionario “puede darse aunque él no lo esté conociendo, es decir, no requiere que el acto administrativo se esté realizando, sino que ha de realizarse más adelante”.
“Y en el presente caso, el contrato con la empresa Global CST se llegó a concretizar (sic) coincidentemente después de la visita de Garrido Lecca al Ministerio de Defensa”, concluye.
Punto aparte, esclarece mejor las cosas: “La reunión con el ministro de Defensa y con los representantes de global CST fue para interceder por un contrato de asistencia técnica, capacitación y entrenamiento para las Fuerzas Armadas en la lucha del VRAE”.
La Contraloría manifiesta que si bien no fue durante la gestión de Ántero Flores Aráoz en Defensa que el contrato con Global fue suscrito, cuando éste deja la cartera los trámites para contar con los servicios de la compañía israelí ya los había iniciado el general Francisco Contreras.
“Como es de verse, nos encontramos frente a hechos que ameritan una mayor profundización de la investigación, siendo prematuro archivar el caso en diligencias preliminares, pese a la existencia de indicios reveladores de una conducta que configuraría el delito de tráfico de influencias… más aún cuando el denunciado también habría viajado a Colombia, al igual que el general Contreras”, culmina la Contraloría.
TUBINO: NO CUMPLIÓ CON SU DEBER
El fiscal anticorrupción también excluyó al actual congresista fujimorista Carlos Tubino, quien en los tiempos de la rúbrica del millonario contrato se desempeñaba como inspector general del Ministerio de Defensa.
El cuestionamiento al almirante en retiro “se enmarca dentro del ámbito administrativo”, consideró el magistrado. Pero la Contraloría tampoco está de acuerdo.
Según el organismo de control, la Fiscalía no tuvo en cuenta que Tubino había remitido documentos mediante los cuales manifestaba que la asistencia técnica que debía brindar Global CST a su servicio de entrenamiento, “se venía realizando a cabalidad”.
“(Ello) pese a que la propia empresa Global CST comentara en sus informes, observaciones y limitaciones que originaron que no se realicen los cursos y entrenamientos de manera integral, desconociéndose en algunos casos, incluso, quiénes realizaron la capacitación por parte de la empresa, y qué personal de los institutos armados y/o Comando Conjunto de las FFAA fue capacitado”, cuestiona la Contraloría.
Para esta entidad, por ello, el ex inspector general, Carlos Tubino, no habría constatado que la empresa haya cumplido con entregar al Comando Conjunto los manuales a los que estaba obligada según el contrato. “Permitiendo con su participación que se beneficie a la empresa Global CST con los pagos por servicios no acreditados”, dice.
“Estos hechos concurrentes y concatenados evidencian el quebrantamiento de los deberes propios del cargo encomendado por el Estado, por cuanto su comportamiento es incompatible con los intereses patrimoniales del Estado en dicha contratación y su ejecución contractual”, critica la apelación.
Es por ello que acota que dicha presunta omisión “no puede ser considerado como una conducta que se enmarca sólo en el ámbito administrativo, pues estaba dando conformidad del servicio de un contrato millonario”.
La apelación le demanda al Ministerio Público que evalúe que el 25 de junio de 2010 se celebró la Addenda Nº 2, “en la cual se habrían dado actos colusorios para defraudar al Estado”.
Para que ello haya sido posible, señala que fue “coadyuvante la participación del referido investigado (Carlos Tubino) para su consumación, así como la consumación del delito contra la fe pública – falsedad ideológica, que no ha sido valorado adecuadamente”.
La fiscalía superior que evalúe esta apelación deberá evaluar, además de Garrido Lecca y Tubino, los casos de los excluidos José Raymundo Bellina Acevedo, Vicente Rojas Escalante, Weider del Águila Tello, Ricardo Moncada Novoa, Benigno Cabrera Pino, Felipe Aguilar Vizcarra, Armando Brandon Zerga y Juan Carlos Bazalar Pérez.
Fuente Diario 16
