El gobierno del presidente Martín Vizcarra, acaba de anunciar la transferencia de S/ 6,225 millones a los gobiernos regionales y locales para proyectos de inversión en todo el país. Un total de 2,547 proyectos, de los cuales 816 son para el sector Educación, 643 para Transportes y Comunicaciones, 386 para Vivienda y Saneamiento, 153 para Salud, 95 para Agricultura y 816 se han colocado en el rubro de otros.
Todo un reto para las autoridades que deben implementar todo un proceso para que se ejecuten estas obras, tanto en los plazos previstos, como también con eficiencia que asegure la construcción de obras de calidad y duración a largo plazo, lo cual debe incluir su mantenimiento. Para lo cual es necesario también que los sistemas de control, a todo nivel, actúen para fiscalizar que este dinero proveniente de quienes pagamos impuestos se invierta debidamente.
La fiscalización es necesaria por cuanto este es un año de elecciones regionales y locales; por tanto, existe el peligro que el proceso de licitaciones se politice, a tal punto que se repita la corrupción de empresas de construcción grandes, medianas y pequeñas, para conseguir los mejores proyectos, a cambio de la entrega de expendios ilícitos para las campañas electorales y otros usos personales de políticos impresentables.
Asimismo, es necesario que los colegios profesionales, las agrupaciones de la sociedad y los organismos del Estado pertinentes estén atentos, porque no todas las autoridades de las distintas regiones merecen la confianza debida para suponer que el presupuesto que está soltando el gobierno central para estos proyectos se invierta sin favorecer a empresas de construcción ineficientes y que han demostrado ya que han recurrido a prácticas corruptas en otras ocasiones, bastante cercanas.
Como dice el refrán popular, “gallina que come huevo, aunque le corten el pico”. La sociedad peruana, ahora más que nunca, desconfía y con razón tanto de sus autoridades del Estado como de los directivos de las empresas privadas, particularmente de construcción, que no han hecho un mea culpa claro y rotundo frente a fehacientes inconductas propias y de sus asociados. La sensación ciudadana es, más bien, de frustración frente a marchas y contramarchas del sistema judicial y de los mismos gremios, cuyos comités de ética parecen estar con las manos más atadas que las de la Comisión de Ética del Congreso.
Por otra parte, el gran reto de este gobierno es acelerar el paso de la llamada “reconstrucción con cambios”, porque como bien declaró el presidente Vizcarra en Piura, si seguimos así, no se llegaría a finalizarla en 10 años. Por lo pronto se han sincerado las cifras, resulta que los S/ 7,078 millones que se tenía previsto para ejecutar, a inicios de año, se han convertido en S/. 4,000, un poco más que la mitad.
Esperamos que ahora que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tienen en común que han sido autoridades regionales exitosas y saben cómo funcionan los gobiernos subnacionales, den ese golpe de timón provinciano, honrado y descentralizado, que el Perú necesita para su más pronto desarrollo.
Fuente Diario Expreso
