En una accidentada sesión de concejo, los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobaron por unanimidad autorizar al procurador público Jorge Seminario Mauricio iniciar las acciones legales contra funcionarios y servidores involucrados en la compra de productos para el programa alimentarios y por compras directas para ayuda humanitaria.
La disconformidad que dio paso a los gritos y el cruce de palabra entre algunos regidores y el alcalde Elidio Espinoza se debió a que, para los concejales, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) debió comprender a más funcionarios en estas investigaciones y, por ende, solicitar que se inicien acciones legales en el menor plazo posible a los responsables de los presuntos malos manejos en ambos casos.
EL INCIDENTE. Todo empezó cuando la secretaria general leyó parte del informe de auditoría N°009-2017 del OCI, en el que se concluye recomendar al procurador iniciar las acciones legales contra el exsubgerente de Abastecimiento, Odar Florián Plasencia; la responsable de almacén general, Yessica Bobadilla Alfaro; y la encargada del almacén periférico de Alimentos de la Rinconada, María Atoche Cáceres.
Pero, lo que causó más sorpresa fue cuando leyó parte de la conclusión del informe N°008-2007, relacionado a la auditoría de cumplimiento al proceso para la adquisición de bienes para ayuda humanitaria por situación de emergencia ante el fenómeno El Niño Costero, pues este precisa que solo se debe continuar con el proceso sancionador administrativo contra Odar Florián, exsubgerente de Abastecimiento.
LA PALABRA. Minutos antes de que esto se someta a votación a fin de aprobar la autorización para que el procurador continúe con el proceso legal y administrativo contra los aludidos funcionarios, la regidora Rocío Taboada solicitó al alcalde Elidio Espinoza le ceda el uso de la palabra; pero, este se negó y siguió dirigiéndose al pleno para que voten.
“Usted es un simple moderador acá. Tiene que darme el uso de la palabra, se lo estoy solicitando desde hace unos minutos y usted me ignora. Acá hubo robo y malos manejos”, enfatizó Taboada.
Al ver que el burgomaestre se mantenía en su posición de negarle la intervención a su colega, otros regidores como Esperanza Yarlequé, Luis Sánchez y Hernán Aquino se sumaron al reclamo.
Al final, la autoridad edil tuvo que cambiar de parecer y permitió hablar a Taboada.
LA JEFA DE COMPRAS. “En esta gestión se ha vulnerado este programa tan sensible. Acá se ha comprada todo sobrevalorado. Se hizo la compra a varias empresas, a una de ellas se le compró arroz pilado y varias cosas más, pero resulta que la encarga de almacén hace un informe de conformidad afirmando que se ha recepcionado todas las bolsas de arroz, cuando no había sucedido”, comentó la concejal aprista.
La regidora remarcó que la empresa ganadora se había formado tres meses antes del proceso de licitación y se le pagó por completo.
Sin embargo, señaló, a otras empresas que vendieron otros productos aún se les debe.
“En este caso también debió comprenderse a la jefa de compras Mónica Gonzales”, manifestó Rocío Taboada.
Con respecto a las compras directas por emergencia, la regidora Rocío Taboada precisó que debieron ser incluidos al menos otros cuatro funcionarios, como son la jefa de Compras y las encargadas de los almacenes.
Sin embargo, Elidio Espinoza comentó escuetamente: “Este es el documento de OCI, y si a alguien no le gusta, qué le vamos a hacer”.
QUEJA. Ante esta situación, el regidor Edward Berrocal sugirió que si hay disconformidad con el trabajo realizado por el OCI, se comunique en el menor plazo al órgano superior, como es la Contraloría General de la República.
Esta propuesta fue respaldada por el regidor Hernán Aquino Dionosio, quien agregó que la queja debe contar con la firma de todos los regidores. “Hay un órgano superior a dónde acudir. Hay que firmar y dar cuenta de la queja”, recalcó.
El concejal Luis Sánchez expresó que hay que tener cuidado con este informe de OCI pues en algunos casos recomienda iniciar acciones administrativas.
“¿Dónde queda lo penal? ¿Acaso el procurador tiene facultades para variar eso e iniciar por su cuenta o desde su iniciativa acciones legales? Eso debe quedar claro. Yo también considero que se debe elevar la queja al superior jerárquico”, añadió.
QUE AGREGUE. En su intervención, el regidor Manuel Montoya opinó que al momento de votar se agregue en el acta que el procurador Jorge Seminario tome acciones legales contra los funcionarios que él crea conveniente.
“Él (Seminario) tiene facultades para hacerlo; pero obvio tiene que agenciarse de toda la información que pueda y decidir, pero eso debe quedar en el acta que vamos a aprobar”, sentenció.
En tanto, el regidor Pablo Penagos aclaró que el pleno del concejo aprueba darle facultades al procurador para que inicie las acciones legales contra los funcionarios comprendidos en los informes de OCI, pero no aprueban los informes.
“El procurador tiene la facultad para, incluso, devolver ese informe y decir yo considero que acá deben estar comprendidos otros funcionarios, si lo considera pertinente involucrar a alguien más”, resaltó.
Rocío Taboada señaló que tiene muchas observaciones al trabajo del procurador, ya que desde su punto de vista lo único que hace es defender los intereses del alcalde y no de los ciudadanos.
Tras el acalorado debate se aprobó por unanimidad que el procurador inicie acciones legales contra los funcionarios involucrados en ambos casos.
Fuente Diario Correo
