Ecos de conferencias en México y Kuala Lumpur. Corruptos y lavadores de dinero bajo la lupa. ¿En qué se parece la corrupción peruana a la de otras latitudes? El peruano José Ugaz es aclamado en Malasia.
En dos eventos simultáneos, aunque lejanos entre sí, acalorados expertos debatieron sobre las nuevas formas de corrupción en el poder. El afán de uno, la Conferencia Global sobre Financiamiento Político (México, 3-5 de setiembre), fue cómo detener el flujo de dinero ilícito a las elecciones. El segundo era la 16ª Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por Transparencia Internacional en Malasia, del 2 al 4 del este mes. Su eje: mecanismos más agresivos para acabar con la impunidad de quienes abultan en el exterior millonarias cuentas con el dinero robado a sus estados. Un buen ejemplo era el mismísimo hombre fuerte de Malasia.
El rico Razak
Allí, a mediados de año, todo estaba listo para la conferencia de TI. El primer ministro, Najib Razak, daría el discurso de inauguración. Por lo general TI organiza estas reuniones con la colaboración del país sede, cuyo gobierno acepta el papel de anfitrión porque desea demostrar al mundo que lucha por un manejo honesto de los asuntos públicos. Los organizadores daban los últimos toques a la agenda, el 3 de julio, cuando medios extranjeros revelaron que Razak había recibido setecientos millones de dólares de un fondo público en dos cuentas bancarias de su propiedad.
Fue un terremoto político. Voceros del fondo negaron que se hubieran desviado recursos para Razak. Este, a su vez, admitió tener el dinero, pero dijo que provenía de benefactores de Oriente Medio a quienes no identificó. Las cuentas fueron cerradas y ya no existe rastro del dinero. El primer ministro removió al fiscal general que lo investigaba y cambió a los miembros de una comisión anticorrupción estatal que terminó defendiendo su inocencia. Fueron cerrados dos diarios y hubo detención de opositores. En la víspera de la conferencia mundial, dirigentes de TI, encabezados por su presidente, el abogado peruano José Ugaz, se reunieron con autoridades del gobierno malasio para discutir la difícil situación. ¿Cómo aceptar anfitriones corruptos en una conferencia anticorrupción?
¿Quién pagó?
Paul Low, ministro de Integridad malasio, estaba azorado. Había presidido TI en su país hasta 2013, antes de integrar el gobierno. Low quería convencer a sus antiguos compañeros de TI que Malasia no era un país fallido. Hizo una larga explicación sobre los logros económicos y sociales del régimen hasta que fue interrumpido por Ugaz:
—El primer ministro Razak será bienvenido a la conferencia. Pero le vamos a pedir públicamente que explique el origen de los fondos en sus cuentas y que se someta a una investigación independiente.
Razak, finalmente, no fue a la inauguración. En su discurso de apertura de la conferencia mundial, Ugaz lo emplazó directamente y lanzó la pregunta que luego se convertiría en lema de la reunión: “¿Quién pagó el dinero y para qué?”.
El auditorio vibraba e interrumpió varias veces al orador para aplaudirlo. Afuera también la población hervía. El 29 y 30 de agosto doscientos mil personas se habían movilizado pidiendo la renuncia de Razak. En su discurso, Ugaz pasó de la situación de Malasia hacia la de otros países donde los gobernantes corruptos habían robado a manos llenas. Mencionó a Víctor Yanukóvich, quien en 2014 abandonó su cargo de presidente de Ucrania dejando evidencias de una fortuna ilícita de más de trescientos cincuenta millones de dólares.
Sobre Yanukóvich también se habló en la conferencia sobre financiamiento ilícito de la política en México. El parlamentario ucraniano Sergii Leshchenko, un ex periodista de investigación, mostró fotografías de su faraónica mansión rebosante de mármol y oro, con zoológico privado, helipuerto y un galeón de tamaño natural. Mostró una lámpara de cristal y oro. “Solo esta vale ocho millones de euros”, explicó. Yanukóvich, quien ingresó a la política en 1980 luego de un pasado criminal, está refugiado en Rusia.
Un buen chiste
Los más de cincuenta expertos reunidos en México, si bien demostraron que es posible mejorar el funcionamiento de las democracias, coincidieron en que es imposible evitar el flujo de recursos de la corrupción —o, lo que es peor, del crimen organizado—a la política. Desde países con un enorme control estatal en las elecciones, como Rusia, hasta los menos intervencionistas como Sudáfrica, el dinero ilícito se las ingenia para financiar campañas a efectos de que sus propietarios tomen el poder o se mantengan en él.
Este puente negro vinculaba a las conferencias de México DF y Kuala Lumpur. En el Perú conocemos a quienes transitaron la vía. Las campañas reeleccionistas de Alberto Fujimori fueron financiadas con dinero de la corrupción. Parte de los fondos ilícitos que se investigan a Alejandro Toledo proceden de donaciones a su campaña electoral. Las indagaciones sobre las cuentas del Partido Nacionalista se hacen bajo indicios de aportes ilegales. En el Perú todos los partidos se financian con aportes no declarados. Mediante el sistema actual es imposible saber cuáles provienen de actividades delictivas.
Uno de los expositores peruanos en México, el presidente del JNE, Francisco Távara, explicó que no hay cómo sancionar a los infractores, pues se les castiga mediante la suspensión del financiamiento público. “Es un buen chiste —añadió— pues todos sabemos que este tipo de financiamiento en la práctica no existe”. A continuación explicó la propuesta que el JNE alcanzó al Congreso.
Dueños reales
En Áncash, un consorcio de contratistas financió la candidatura de un gobernador regional que luego los premió desde el poder. En Brasil, un cartel de empresas financió a los partidos gobernantes. En Guatemala, los renunciantes presidente y vicepresidenta pertenecerían a una organización contrabandista. En Honduras se ha descubierto un saqueo de 330 millones de dólares del organismo de seguridad social, parte de los cuales financiaron la campaña electoral del presidente Juan Orlando Hernández, cuya cabeza está pidiéndose en las calles. En todos estos países, como en Malasia, ha habido grandes manifestaciones populares contra la corrupción.
Otro rasgo común es que el dinero ilícito es blanqueado en el sistema legal mediante empresas de dueños anónimos usualmente asentadas en paraísos fiscales. Un estudio de la OCDE sobre 450 casos de soborno transnacional demuestra que la gran mayoría de ellos se cometió usando mecanismos corporativos como las empresas off shore. Posteriormente los países del G20 aprobaron principios para identificar a los reales propietarios de estas empresas. Países suscriptores de estos principios, como Dinamarca, Reino Unido y Noruega, ya aprobaron leyes para crear un registro central de propietarios reales, obligatorio para todas las empresas que trabajen en su territorio. Deben identificar a los dueños de sus subsidiarias y satélites, bajo penas feroces.
TI ha pedido que los registros de propietarios reales sean públicos —los principios del G20 no llegan a tanto— y Ugaz lo volvió a exigir en su discurso en Malasia. ¿Es imaginable esto en el Perú? Tal vez un hecho traumático traiga una ola de indignación que produzca mayor transparencia. Por el momento, ni siquiera la Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a las cuentas sospechosas. Los ciudadanos no pueden acceder al conocimiento completo de los bienes de sus gobernantes. Los Humala se niegan a abrir la reserva de sus finanzas. Pero los tiempos han cambiado y esconder fortunas mal habidas será cada vez más difícil.
Fuente La República
