El último jueves, el Concejo Municipal decidió terminar unilateralmente el contrato de concesión de los peajes de Rutas de Lima ubicados en la Panamericana Sur (de Villa) y Norte (de Chillón). De esta manera, la comuna asumirá la administración de estos puntos de recaudación.
Pero ¿cómo empezó esta historia? El 9 de enero del 2013, durante la gestión de Susana Villarán, se firmó la concesión de Odebrecht-Rutas de Lima por 30 años. El compromiso de inversión era de 449 millones de dólares.
De acuerdo con el exregidor Hernán Núñez, este contrato tenía una serie de beneficios tanto para los ciudadanos como para la Municipalidad de Lima, entre ellos la retribución de un 4% para la entidad. No obstante, estos beneficios no se han visto reflejados debido a los muchos cambios contractuales.
Y es que en el 2015, la gestión de Luis Castañeda modificó la naturaleza del contrato inicial a través de actas de acuerdo, sin contar con la opinión técnica del MEF ni la Contraloría. Según un informe de la CGR, en diciembre del 2016, Rutas de Lima subió la tarifa de los peajes sin haber culminado con las obras obligatorias que por contrato tenían que realizar.
En el 2019, otro informe de la Contraloría reveló que la concesionaria dejó de hacer obras por US$91 millones luego de una serie de cambios al contrato de concesión suscrito durante la gestión de Luis Castañeda. Las más importantes: el Intercambio vial de Canta Callao y la autopista Ramiro Prialé, que hasta el día de hoy no se ejecutan.
Pese a ello, ese año se instalaron casetas de peaje en Puente Piedra. “Se suspendió (su funcionamiento) tras una convulsión social muy fuerte”, recordó Núñez.
En 2019 se inició una investigación contra Susana Villarán por haber recibido aportes irregulares de empresas brasileñas para su campaña por el no, a cambio de beneficios en la gestión municipal.
Ese mismo año, durante la gestión de Jorge Muñoz, se acudió a los arbitrajes internacionales para solicitar la nulidad del contrato. De acuerdo con el exregidor Edward Díaz, previo a tomar esta decisión, la gestión de Muñoz hizo una evaluación de dos escenarios, entre ellos la culminación de manera unilateral del contrato.
En este último se requerían de 201 días, así como un monto de 3.700 millones de soles por indemnización a Rutas de Lima. “Este monto excede, en más del doble, el presupuesto de la Municipalidad”, comentó. Y explicó que esa cantidad se divide en 1.500 millones de soles de indemnización, 800 millones por avance de obra y 1.400 millones de soles por limitar el contrato.
Finalmente, se decidió ir por la vía del arbitraje “porque era la medida menos gravosa” para la comuna. El argumento fue la corrupción cometida al momento de suscribir el contrato y las modificaciones que se hicieron en la gestión Villarán. “Este contrato era nulo por haberse alterado la voluntad de una de las partes que era la MML”, dice Díaz. Y agrega que, al perder Muñoz, la única solución que quedaba, según el contrato, era la resolución unilateral.
Los incumplimientos
Ahora bien, debemos señalar que de acuerdo con la actual Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la MML, los incumplimientos del contrato considerados para la decisión de la nulidad del mismo son las altas tarifas de peajes, el malestar a las familias que en el peaje Chillón emplean entre el 9% y 15% de su ingreso mensual; las deficiencias contractuales; el pedido para la disminución de la velocidad (en la Panamericana Norte el tiempo de tránsito pasó de 20 km/h a 17 km/h); el servicio deficiente (hay 14.759 observaciones respecto al servicio 2020-2022) y la omisión de la opinión del MEF y la Contraloría General de la República.
Agregan que Rutas de Lima percibió ingresos mayores a 1.245 millones de dólares, mientras que su inversión fue de U$259 millones. “Debemos ponerle un alto y no seguir por 20 años así”, afirmó el jefe de GPIP, David Dall’orto.
Al respecto, Rutas de Lima señala que no se ha recuperado la inversión ni obtenido ganancias a la fecha. “La concesionaria no ha pagado dividendos a ningún accionista, ya que, por contrato, no es posible hacerlo hasta que se culmine con las obras obligatorias”, dijo.
Por otro lado, precisó que más del 60% del incremento del costo de peajes se debe a la inflación e IGV. Este último, señalaron, no se pagaba antes de la concesión.
Reacciones
Hernán Núñez, exregidor de Lima
“Lo que tendrá que hacer la municipalidad es transparentar si van a cobrar peaje y si con lo que se recaude puede dar mantenimiento a la infraestructura de los peajes y ejecutar las obras pendientes”.
Edward Díaz, exregidor de Lima
“Desde el punto de vista jurídico, la decisión sí cuenta con respaldo legal. El inconveniente es el tema del dinero para pagar la indemnización, lo cual va a restar ingresos para hacer obras”.
Datos
Inicios. La iniciativa privada fue declarada de interés en mayo de 2012 después de casi 3 años.
Tarifa. El costo del peaje fue de S/4 inicialmente. Tras un aumento anual, en el 2017 pasó a costar S/5,70. Actualmente se paga S/6,50.
Fuente La República
