En 2011, una contribución ascendente a los S/.33,120 fue el monto que el empresario arequipeño José Paredes Rodríguez depositó para la campaña electoral del líder nacionalista Ollanta Humala, quien ya lo conocía por ser el empleador de su esposa, Nadine Heredia, a la que contrató para un estudio de mercado en Lima.
El pago que en 2008 y 2009 se realizó a Nadine provenía de las cuentas de la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A.
La poco usual suma de $5500 mensuales a la esposa de Humala derivó con el tiempo, al parecer, en una suerte de privilegios a la compañía, cuyo gerente general era Paredes, incluso a pesar de tener sanciones en su contra.
LEYES DE PAPEL. En 2011, Peruana de Vigilancia y Protección S.A. vio cómo la fortuna le empezó a sonreír. Paredes, poseedor del 30.4% de las acciones, logró consolidar ese año a la compañía con adjudicaciones estatales. La empresa ganó licitaciones por un monto de S/.2’426,444.
Sin embargo, el 24 de enero de 2012, el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) prohibió sus convenios estatales y anuló la buena pro obtenida por esta empresa para prestar servicios de vigilancia a la estatal Electro Puno.
¿Qué pasó? El OSCE halló documentación falseada respecto al impedimento legal que pendía sobre el aportante del nacionalismo, al constatar que era hermano del hasta hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez.
Información consignada en el Registro de Inhabilitados del organismo supervisor coloca a Peruana de Vigilancia como sancionada de forma «definitiva» desde febrero del 2013, por «presentación de información falsa o inexacta» en la prestación de servicios al Estado en 2011.
Pero la sentencia, lejos de frenar sus millonarios contratos con el sector público, animó a la empresa a continuar hasta hoy con los mismos.
BUENA ESTRELLA. Mientras la empresa era investigada, su Junta General de Accionistas recurrió a una jugada legal que quitó los poderes de director y gerente general a Paredes, el 28 de junio de 2012, para pasarle la posta a Paola Silva Talavera.
En adelante, la empresa buscó deslindar con el apellido Paredes.
No obstante, con la inhabilitación vigente, Peruana de Vigilancia siguió con sus negocios y se adjudicó, irregularmente, la friolera de S/.1’653,375.
Información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado registra que la empresa, que en antes de la gestión humalista buscó los servicios de la Primera Dama, obtuvo contrataciones en 2013 y 2014.
El año pasado ganó una licitación que le sumó S/.1’528,330 por servicios prestados al Ministerio de Economía. Específicamente, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Por si fuera poco, en marzo de este año, un convenio también con el MEF le ha significado ingresos por S/.125,045 a la empresa que en su página web dice brindar servicios de vigilancia, protección y resguardo.
En comunicación con la actual gerente general, Paola Silva Talavera, esta negó que tenga nuevos contratos con el Estado. «Nosotros estamos prohibidos de por vida», dijo sin poder explicar la información del portal de Transparencia Económica.
Otro dato que no puede escapar es que, en total, desde su creación, la firma registra contratos por un monto de S/.11’333.83.
Pero de esa cifra, llama la atención que desde el 2011 haya incrementado sus contratos con el Estado en aproximadamente el 65% con respecto al 2010 hacia atrás, año en que la familia Humala-Heredia aún estaba dando pelea por ingresar a Palacio de Gobierno.
El 2011 se adjudicaron S/.2’426,444 y en 2012 S/.2’488,658.
A este último monto llegaron con licitaciones realizadas por la PCM (S/.38,659), Economía (S/.1’620,621), Justicia (S/.687,929), Producción (S/.109,282), y Transportes y Comunicaciones (S/.6,360), entre otros.
