La Fiscalía intervino la comisaría del aeropuerto José Quiñones, debido a los pagos que se habrían realizado por el rancho policial que los agentes del orden no recibieron en la pandemia por COVID-19.
Coronavirus en Perú. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque inició investigación preliminar por presuntos hechos irregulares en los recursos asignados para la alimentación de los agentes policiales de la comisaría del aeropuerto José Quiñones Gonzales, pese al estado de emergencia por la COVID-19.
En este contexto, el 27 de octubre la fiscal Magaly Quiroz dirigió las diligencias en la dependencia policial a fin de recabar la documentación que permita identificar responsabilidades y reunir los elementos o indicios suficientes para deslindar la existencia de una causa probable de imputación penal.
No es la primera vez que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público intervienen en la institución tutelar por presuntos actos de corrupción. Así tenemos la cuestionada compra de productos de limpieza e insumos de bioseguridad contra la COVID-19 por más de un millón de soles.
Acción fiscal
Con la Disposición n.° 1 comprendida en la Carpeta Fiscal n.° 221-2020 se inició el proceso de investigación. Según los hechos denunciados se habrían cometido actos al margen de la normativa, específicamente en el rancho policial.
La fiscal Magaly Quiroz tomó acciones al conocer que el proveedor de los alimentos (almuerzo y cena) del personal policial emitió boletas del restaurante El Buen Gusto, ubicado en la cuadra 13 de la calle Francisco Cabrera en la ciudad de Chiclayo, sin embargo, el establecimiento comercial estuvo cerrado. Esta situación se complicó debido a que los policías aseguraron que entre mayo a julio se alimentaron en sus viviendas.
Informes a jefes policiales
En el documento fiscal se mencionó que la jefa policial Yeninfer Bejarano, para cobrar los cheques que destinó el Estado para el rancho de los custodios del orden, habría elaborado informes con las boletas de consumo, los que presentó al consejo de administración de la Segunda Macro Región Policial Lambayeque por montos entre S/ 1.900 soles a S/ 2.430.
Se habría facturado hasta triple
Por su parte, el propietario del restaurante El Buen Gusto, Jesús Silva, señaló que sí facturó por los alimentos, los que llevó a la comisaría del terminal aéreo. Agregó que el menú tenía un costo de S/ 8 soles y al día entregaba como máximo cuatro menús y 120 al mes.
También se indicó que la entrega de los 120 menús tenía un valor económico de S/ 960 al mes, sin embargo, se habría facturado doble y hasta triple por los alimentos.
Fuente La República
