Cuando la anciana Carmen se sintió mal y fue diagnosticada con COVID-19, no pudieron trasladarla al enorme hospital que se encuentra a unas cuadras de su vivienda; porque este aún está inconcluso y su construcción paralizada, a pesar que esta obra debía culminarse hace ya varios años y que su costo se ha multiplicado. Así, este macizo bloque de cemento es hoy solo un mudo espectador de nuestra tragedia.

De acuerdo con una investigación de Ojo Público, existen 14 hospitales en diversas regiones paralizados por presuntos actos de corrupción y en los que se ha gastado ya S/1.900 millones. Como Carmen, miles de peruanos deben ser atendidos en pésimas condiciones, mientras estos gigantes vacíos nos recuerdan el origen de nuestra desdicha.

Mientras escribo estas líneas, no puedo dejar de pensar en las estimaciones que señalan que al menos se tendría seis mil muertes adicionales a las oficiales y en el descalabro que sufre nuestro sistema de salud en regiones como Loreto. Y es que, si bien hoy toca poner el hombro y trabajar juntos por el bien común, cuando esta crisis pase -y pasará- debemos preguntarnos por qué esta pandemia desnudó con tanta facilidad nuestra fragilidad. Y al buscar responsables, no podemos dejar de pensar en el rol que juega nuestra débil institucionalidad y su correlato, la corrupción.

Pocas veces como en estos momentos podemos ver directamente los costos de la baja institucionalidad y la alta corrupción. No solo se trata de los mausoleos de cemento que hoy no podemos usar y que hubiesen ayudado a salvar vidas, sino de las canastas con víveres que no llegan por oscuras razones a quienes más lo necesitan. Solo unas semanas después de las transferencias de los fondos a los municipios, ya existen diversas investigaciones por irregularidades en dichas compras ¿Se puede traicionar así la confianza de los electores?

Pero uno puede ir incluso más allá en entender cómo este problema ha afectado no solo nuestra capacidad para enfrentar esta crisis -ayudando a generar un precario sistema de salud-, sino las acciones mismas que actualmente tomamos para hacerle frente. En esa línea, cabe preguntarse, por ejemplo, en qué medida la enorme corrupción destapada en la policía nacional redujo su capacidad para controlar la cuarentena y, por tanto, disminuyó la eficacia de las medidas de contención. Y no puede dejar de culparse a la crisis política e institucional, el sinnúmero de propuestas de nuestros congresistas que, en medio de la mayor crisis sanitaria del siglo, tienden a desestabilizar en lugar de ayudar.

Estos son solo algunos ejemplos, pero en realidad los casos se multiplican en cada esquina que posemos nuestra mirada: son los procesos de compras lentos y sobrevalorados; la infraestructura de agua y desagüe que nunca se culminó; el populismo fácil y dañino, que solo busca votos sin importarle el bienestar general. Es difícil poder avanzar con esas piedras en el camino.

Como luego de la crisis de los ochenta, en que la sociedad en su conjunto tomó conciencia de la importancia de la estabilidad macroeconómica, queda claro que esta pandemia nos obliga a nuevos pactos sociales. A nadie le queda duda hoy que no podemos transitar hacia el desarrollo con estos sistemas de salud y educación tan penosos. Si algo positivo podemos sacar de esta tragedia es que, como hace unas décadas, nos debe agrupar detrás de este nuevo objetivo común. Sin embargo, queda claro a partir de nuestra experiencia que la provisión de servicios públicos de calidad no se puede lograr sin instituciones fuertes y sin corrupción. Lo contrario es tango y mentira.

Recordemos esto e incluyamos con igual importancia la reforma profunda de nuestras instituciones en el contrato social en que debemos trabajar al día siguiente que superemos al coronavirus. Esa es la batalla que hemos eludido, queriendo o no, y que hoy inevitablemente también debemos dar.

Fuente El Comercio

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