Jorge Acurio Tito recibió una coima de US$ 1 millón 250 mil de la empresa Odebrecht a cambio de ganar la obra de la avenida Evitamiento de Cusco. Incurrió en tráfico de influencias y lavado de activos. Por eso lo detuvieron el 17 de mayo pasado y ahora está preso. El caso de Acurio es una de las 1496 investigaciones de corrupción que reporta la Defensoría del Pueblo desde Cusco, ubicado como el sexto departamento más corrupto del país, donde se ha implicado a más de diez mil, entre funcionarios y trabajadores públicos.
En una posición anterior figura Arequipa, cuyas fiscalías tienen en sus manos una carga de 1670 denuncias por corrupción. El caso más emblemático lo representa lo ocurrido en la licitación de los estudios de la segunda etapa de la carretera Arequipa – La Joya. El expresidente Juan Manuel Guillén y sus otros exfuncionarios de su gestión (2011-2014) son acusados de coludirse con los representantes de las empresas españolas y peruanas para adjudicarles la buena pro de los estudios. La Fiscalía Anticorrupción solicitó 5 años y 8 meses de prisión para Guillén Benavides y los implicados por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado. Justamente según el reporte los delitos que se cometen con más frecuencia son peculado y colusión, estos representan la mitad de todos los casos. Siguen negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, malversación, cohecho activo y pasivo, y concusión. En el sur se contabilizó en total 5477 procesos. Además de Arequipa y Cusco se incluyó Puno (1264) Moquegua (849 Apurímac (553) y Tacna (494). De todas esas cifras, el año pasado se dictaron 174 sentencias, de los cuales en 134 hubo condena. En el resto hubo absolución.
En Cusco hay tres casos ligados a los sobornos por la empresa Odebrecht y cinco a OAS.
Hay otras carpetas en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por delitos de concusión, peculado, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir. Involucra a los expresidentes (Jorge Acurio y René Concha) y al actual gobernador Edwin Licona, exdirectores ejecutivos del Plan Copesco Cusco (Helio Molina, Jorge Luis Alanya y otros), y representantes de Odebrecht Perú. Esta obra fue concesionada en S/ 297 millones, pero al final costará S/ 410 millones. En el caso de OAS, la Defensoría identificó carpetas fiscales por colusión, peculado, malversación de fondos y negociación incompatible.
OTRAS REGIONES
Según la Defensoría, el caso más fuerte en Moquegua está referido al desmantelamiento de la excavadora del Gobierno Regional. Esos accesorios estarían en una máquina de Jesús Rodríguez, hijo del gobernador Jaime Rodríguez Villanueva. Es más, Jesús Rodríguez alquila esa maquinaria al propio Gobierno Regional. Existe una investigación desde 2015 contra Rodríguez Villanueva, por los presuntos delitos de colusión, peculado y negociación incompatible. El caso fue archivado, pero sigue en curso por una apelación de la Procuraduría Anticorrupción. Rodríguez es célebre por haber admitido que en su gobierno anterior (2007-2010) «robó en carretilla».
En Puno, aparece la investigación al gobernador regional Juan Luque por negociación incompatible por las contrataciones de su esposa Amelia Huanca Machaca con la Dirección Regional de Educación, Ugel Huancané, Melgar y San Román, y la Red de Salud de Huancané por S/ 89 553 soles.
Uno de los casos más sonados en la región Apurímac es el desvío de S/ 10 millones 42 mil 825 de fondos, provenientes de la cooperación nacional e internacional que nunca ingresaron a las arcas de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho (Cotabambas), entre 2011 y 2014, cuando era alcalde Odilón Huanaco. En abril pasado, el Juzgado de Cotabambas aprobó un pedido de prisión preventiva de 18 meses para Huanaco y sus exfuncionarios. Desde entonces está prófugo de la justicia. Es investigado por peculado doloso agravado y falsedad ideológica.
En Tacna, avanza la investigación contra el exalcalde del distrito Alto de la Alianza, Willy Méndez Chávez, por la ampliación del proyecto construcción del complejo deportivo recreativo y acuático. En su primera etapa la obra costaba S/ 3 millones 116 mil 560, pero luego el monto se elevó a S/ 7 millones 447 mil 476. Se le atribuye delitos de malversación de fondos y negociación incompatible.
DILACIÓN EN PROCESOS
Una preocupación constante es la demora en las investigaciones. En Cusco, los casos ligados a Odebrecht y OAS se arrastran desde el 2014 y apenas están en investigación preliminar. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Walter Becerra, y el presidente de la Corte Superior de Justicia, Wilbert Bustamante, atribuyen la lentitud a la escasez de despachos especializados en delitos de corrupción.
Por eso, Becerra y Bustamante gestionan ante sus superiores la creación de dos fiscalías y dos Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción
Fuente La República
