Hasta junio se han publicado 3,276 normas legales, lo que implica un promedio de 30 normas diarias. “Estos números no deberían de asustarnos; pero, aunque no lo crea, en este período las normas han bajado en relación a otros llamados regulares”, detalla el Consejo Privado Anticorrupción.
En su boletín Mesa de Partes, sostiene que estas normas han producido sistémica desobediencia por, esencialmente, estar mal pensadas.
Detalla que, las normas -desde hace muchos años- se piensan “desde arriba”, se produce una desconexión con la población.
Por eso es que, usualmente, las personas no cumplen las normas por la extrema dificultad de ponerlas en práctica.
“Esto provoca que, por un lado, se cree una legalidad paralela en la que cada uno forja su propia norma (informalidad) y, por otro, se abren espacios de corrupción que, lamentablemente, facilitan procesos que no deberían de ser tan engorrosos. Esto favorece un ambiente en el que la gestión pública y el desempeño público y privado de las personas resulta inviable”, afirman.
Pero, además añaden que hay un desbalance, dado que no existe una patente conciencia de un comportamiento ética de las personas.
En un análisis de las normas emitidas, durante los 108 días de análisis, 612 normas han sido producidas por los ministerios, siendo las principales las emitidas por el MEF y de Salud.
“Es crucial resaltar que, si bien durante este período el protagonismo normativo corresponde al Ejecutivo por nuestra propia coyuntura (un Legislativo disuelto que recién asumía funciones), en condiciones normales esto no varía ya que el 80% de las normas las emite el Ejecutivo”, detalla.
Agrega, que a ello, la emisión de normas desde el Ejecutivo no tiene la visibilidad (control) ni debate (son estructuralmente unilaterales) suficiente, por lo que resulta indispensable dar transparencia a esta situación para mejorarla.
Cabe resaltar que, en los 100 días previos al Estado de Emergencia, es decir (entre el 7 de diciembre de 2019 y el 15 de marzo de 2020), el Estado en su totalidad produjo 5895 normas. Entonces, durante el Estado de Emergencia se ha reducido a aproximadamente la mitad de normas producidas dado que, en un contexto regular, el promedio de normas es de casi 59 diarias.
En su análisis consideran que tradicionalmente el Estado peruano ha legislado “desde arriba”, sin tener en cuenta la expectativa y vivencia de las personas. Este enfoque lleva a que el proceso de emisión de normas resulte totalmente desordenado y fomente el caos, lejos de disiparlo. De igual modo, nos encontramos con situaciones -generadas por una norma- que, en lugar de facilitar la vida de las personas, las complica.
Repensar en las normas
Por ello, sostiene que es crucial repensar el proceso de emitir normas legales. Legislar no es sencillo por lo que emitir una norma debe de fluir del resultado de un proceso razonado y participativo.
De la misma manera, afirma que, es importante evaluar objetivamente el rol de los gobiernos locales en la intervención de la fiscalización de la “permisología” para evitar situaciones de abuso y/o corrupción.
Finalmente, sin perjuicio de tomar normas de solución -mediata o inmediata- como las descritas líneas arriba, indican que, resulta indispensable fomentar la reflexión ética de las personas como un proceso que toma su tiempo.
“Si las personas pueden distinguir claramente entre lo correcto y lo no correcto, no hay norma legal necesaria”, señalan en el informe.
