El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo instaló una comisión auditora para realizar el servicio de control simultáneo, en la modalidad de control concurrente, a la cuestionada contratación de diez máquinas compactadoras dispuesta por la comuna para atender el “desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos”.
Esta acción de la Contraloría permitirá darle seguimiento a dicho proceso de tercerización temporal valorizado en S/1’896,750, a fin de evitar irregularidades en el uso de los recursos y bienes del Estado.
Como se recuerda, el pasado 5 de abril, la Subgerencia de Logística del municipio de Chiclayo otorgó la buena pro de este servicio –por contratación directa– a la empresa Veolia Servicios Perú S.A.C. Sin embargo, los regidores de oposición (Jhony Piana, Orlando Puell y Percy Espinoza) hallaron presuntos vicios en los términos de referencia (TDR) de la contratación, así como inconsistencias entre estos términos y el acuerdo municipal n.º 27-2019, que autorizaba dicho proceso.
Así tenemos por ejemplo que, según el informe n.º 043-2019 del Centro de Gestión Ambiental de la entidad con el cual se aprobó el desabastecimiento, existía la necesidad de contar con diez unidades más para lograr el servicio de recolección. No obstante, según precisa el munícipe Jhony Piana, en los TDR solo se requieren ocho compactadoras y dos vehículos retén, lo que evidenciaría que no van a operar las diez unidades al mismo tiempo.
Además, para el regidor Orlando Puell, en dicho documento no se especifican las zonas de recolección donde operaría la contratista ni tampoco la densidad de la basura para calcular su pago.
“El combustible, los trabajadores, eso no forma parte del acuerdo (municipal)”, agregó.
Otro de los puntos cuestionados por los regidores fue el aumento del costo de la contratación, pues se terminará pagando S/141,750 más de lo presupuestado inicialmente.
Fuente Diario La República
