Las millonarias transferencias de canon minero y gasífero no solo trajeron consigo obras para el sur, sino también a la corrupción. Consejeros de seis regiones coincidieron en señalar que desde que aumentaron las partidas provenientes de la renta minera los actos irregulares se incrementaron de forma descomunal con la instauración de mafias.
En los últimos dos días se desarrolló en Tacna el I Taller de Gestión Política, en el auditorio Jorge Basadre. Además de funcionarios de gobiernos locales, asistieron consejeros de Tacna, Apurímac, Moquegua, Cusco y Madre de Dios. El taller tuvo entre sus metas, iniciar el diálogo para la futura conformación de la Asamblea de la Mancomunidad Macrorregional del Sur.
Durante la capacitación y trabajos en grupos, los consejeros compartieron experiencias sobre sus labores de fiscalización. El presidente del consejo de Tacna, Jaime Bautista Aquino, detalló que todos comparten una misma realidad en sus regiones: presuntas obras sobrevaloradas y denuncias de irregularidades en las actuales gestiones.
«En las siete regiones, el flagelo principal es la corrupción que se da en el manejo de sus presupuestos. Hay niveles de corrupción elevados en la zona sur del país. Aquí en Tacna, la Fiscalía ha intervenido el Gobierno Regional por serias denuncias. Según lo que hablamos (los consejeros), en todas las regiones existen denuncias y especialmente contra los Ejecutivos Regionales», declaró Bautista.
La consejera por Cusco, Anabel Alccamari Ccahuana, coincide con Bautista. Menciona que se desconoce con exactitud cuánto perjuicio económico provocaron los casos de peculado y malversación en los gobiernos locales y el regional, es consciente de que se tratarían de millones de soles que pudieron utilizarse para combatir la pobreza extrema o fortalecer la educación. «El retraso que deja la corrupción es trascendental. La población no siente que se haya hecho mucho con el canon, no siente el desarrollo», sostuvo.
MAFIAS
El consejero por Moquegua, Pedro Valdivia Sánchez, tuvo una visión más crítica. Para él, los niveles de robo en los gobiernos han llegado a un punto de convertirse en grupos muy bien organizados, prestos a desaparecer cualquier tipo de prueba que pueda incriminar a una autoridad.
«Yo diría que sí llegan a ese nivel de mafias porque trabajan de manera organizada. Hay medios de comunicación que tapan los actos de corrupción, funcionarios que desaparecen documentos y en la Fiscalía la labor es lenta y archivan con facilidad las denuncias y uno tiene que estar apelando», relató el consejero.
Añadió que falta personal en las Procuradurías Regionales para investigar las denuncias y en los consejos se carece con frecuencia de recursos para fiscalizar obras y proyectos.
Fuente La República
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