Las otrora empresas socias y que operaron en consorcio con la constructora brasileña Odebrecht serán comprendidas en los alcances del Decreto de Urgencia 003. Esto luego de que el Congreso aprobara esta noche el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del mencionado decreto.

Con 55 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó exonerar de segunda votación el proyecto de ley 1410. Con esto, la norma quedó lista para ser promulgada.

Durante el debate, uno de los puntos de la norma que generó el rechazo entre los legisladores de diferentes bancadas fue la incorporación de solo aquellas empresas que hayan operado en sociedad con la constructora brasileña con una participación mayor al 10%.

“No existe corrupto chiquito, mediano o grande. No podemos hablar de porcentajes, el corrupto es corrupto y hay que castigarlo”, dijo Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso.

En la misma línea, los parlamentarios Víctor Andrés Belaúnde, de Acción Popular, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, se pronunciaron en contra. “O sea las empresas que tuvieron una participación menor al 10% no son corruptos y no deben de ser enjuiciadas. Claro que sí. No debería hablarse de porcentajes”, objetó Rozas.

Tras este debate, se acordó modificar el dictamen. Así, el texto aprobado por el pleno se aplicará a las ex socias de Odebrecht con una participación mayor al 5%. De esta manera, compañías como Graña y Montero y JJC quedarán incluidas en el Decreto de Urgencia 003.

Según el contenido de la norma, que tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado y tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia.

También se dispone la retención de las utilidades sobre contratos vigentes con el Estado.

RECHAZAN DECISIÓN

Roque Benavides, presidente de la Confiep, lamentó la decisión del Congreso.

“Me sorprende que el Congreso apruebe una ley en ese sentido […] Hay empresas de ingeniería nacional que merecen pasar por lo menos por el Poder Judicial en vez de que sea maltratadas por un decreto”, dijo Benavides a El Comercio.

Por su parte, Graña y Montero consideró que la norma es inconstitucional y afecta los intereses de la compañía y sus más de 23 mil trabajadores.

“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”, señaló a este Diario.

Fuente El Comercio

Una Respuesta

  1. SANTIAGO (T) CALLE GONZA

    Que brutalidad, una ley es de carácter general y rige, para adelante no es retroactiva, definitivamente es una ley inconstitucional, la ley ha establecido que el Poder Judicial es quien tiene que resolver las conductas ilegales, el congreso da leyes, pero estas leyes deben ser para que se cumplan, no para eximir de responsabilidad o incorporar a sujetos en una situación, sin que se le haya investigado y que se respeten los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa.
    Realmente, deben irse a su casa, no sirven para representar al pueblo.
    No reniego ser peruano, lo que si da es una sensación de pena, por la forma en que se enfrentan los problemas. Como se puede pedir respeto a la Ley, si los propios que están facultados para crear leyes, las vulneran.
    Es una lastima como nuestro país paga sueldos que son una ganga, a personajes que no representan el sentir del pueblo, que es a quien representan.
    Al tacho todo lo que hacen estos “representantes del Pueblo”.
    Espero que algún día el congreso sea una institución que merezca respeto.

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