Todos estamos de acuerdo en que es necesario un marco normativo contractual que regule la contratación pública, toda vez que es la base para la ejecución final del gasto público, en otras palabras es el hilo de la madeja a través del cual se toma la decisión de gastar los recursos de todos los peruanos.
En ese sentido el marco normativo en cada país varía de acuerdo a su perspectiva y capacidad de decisión de los funcionarios, en el caso de los países anglosajones el funcionario público tiene bastante discrecionalidad y sistemas de control previo bastante suaves confiando en el profesionalismo de los que ejercen el cargo, en contrapartida, las sanciones por incumplir dicha función o ejercerla en provecho personal son severas.
En el caso de la Unión europea es similar y ni que decir del caso chino donde los funcionarios corruptos son condenados a muerte.
En el caso de América latina en general y en el caso del Perú en particular el sistema contractual es un sistema regulado en el cual cada paso debe estar claramente definido y el margen de discrecionalidad del funcionario es minimizado para evitar que los funcionarios se desvíen de lo que “es correcto”.
Esto parte de la idea general de que el funcionario público normalmente va a ser tentado por la función que ejerce y aprovecharse económicamente del puesto, partiendo de que muchos funcionarios son corruptos porque son estacionales y con el cambio de gobierno deberán dejar sus puestos debiendo “asegurarse de alguna manera”.
Esto es un círculo vicioso que ha generado una bola de nieve de la cual es difícil ver una salida definitiva, llegando inclusive a la fecha a una circunstancia en la cual al pago deficiente y la estacionalidad de la función, se agrega sanciones fuertes como las que la contraloría ha planteado (la Muerte Civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción) que, aunque muy populares, no generarán otra cosa que más problemas para la administración pública.
La situación es sencilla, una pregunta que deben hacerse los legisladores es, quiero quedarme en un trabajo en el que no me pagan bien y en el que además de eso corro riesgo, con nuestro poder judicial, de ser declarado muerto civil y encima, si me salvo de eso, estar expuesto toda mi vida a que me puedan acusar de corrupción?.
La Contraloría dirá de que solo deben temer los corruptos, más en un sistema judicial como el nuestro, que adolece de muchos defectos y, encima con un sistema de archivo documentario del Estado deficiente, por decir lo menos, en el que el Estado solo está obligado a guardar archivo de la documentación por un periodo de 10 años, las posibilidades de ejercer la defensa se vuelven por decir lo menos en mínimas o nulas.
Esto sin contar el tema de las venganzas o vendettas políticas que podrían ser desarrolladas sobre la base de guardar información o documentación y manipularla posteriormente para dañar políticamente, lo cual puede ser muy común en este país.
Con todo esto los funcionarios de calidad que puedan ser reconocidos preferirán trabajar en el sector privado, dejando al Estado en su mayoría compuesto por personal que estará más tentado a hacer lo que esta norma pretende evitar, es decir se conseguirá el resultado opuesto de lo que realmente se quiere.
La Contraloría General de la República tiene este pensamiento, el mismo que considero plano, pues establece como pilares de su función exactamente lo contrario de lo que esta preconizado en su Ley, pues priorizan la fiscalización procedimental por encima del resultado y la eficiencia de la solución, y en consecuencia priorizan la sanción por encima del aprendizaje o el planteamiento de solución.
Es más fácil culpar y castigar, que plantear soluciones concretas a los problemas generados, sin embargo hay honrosas excepciones dentro de los sistemas de control, algunos auditores cuya percepción va más allá del procedimiento y cuya actitud pro activa trasciende el estrecho esquema de pensamiento cuadriculado de los auditores, como se dice, rompieron los paradigmas, lastimosamente son los menos.
En este sentido considero que, en mi humilde opinión, el desarrollo de la función pública debe darse inicialmente por una evaluación general de los funcionarios existentes en todos los niveles del Estado y sobre esa base elegir a los mejores para capacitar y desarrollar permitiendo incluso especializaciones fuera del país (incluso títulos profesionales) de acuerdo a su área de desarrollo profesional a cambio de permanecer un tiempo mínimo en las institución para transmitir esos conocimientos, paralelamente hacer evaluaciones constantes e ir retirando al personal cuya función no se desarrolla adecuadamente, para ser reemplazados progresivamente por personal calificado y plantear la estabilidad laboral no como un derecho adquirido, sino como un premio al rendimiento, debiendo evaluarse objetivamente si se cumplen o no con las metas establecidas para la función asignada.
Una vez hecho esto se debe mejorar progresivamente la remuneración en el sector público primero sobre estos funcionarios seleccionados pero como dije sobre la base de resultados y la permanente actualización, empezando por los sectores Educación, Salud e Interior (en el caso del Interior debería ser una reestructuración total).
El inicio de este “Gran cambio” estará en manos de nuestros gobernantes, pues al principio será difícil y políticamente incorrecto, pero sería la verdadera “Gran transformación” que el Estado necesita y que el país realmente desea con urgencia.
Abogado José A. Danós Rochabrun
