En la bien montada trama de Odebrecht para desfalcar al Estado peruano jugaron un papel importante los árbitros hoy investigados por presuntamente integrar una organización ilícita, dedicada a beneficiar a la empresa brasileña a través de laudos arbitrales que le hicieron ganar millonarias sumas de dinero.
Desde esa línea de investigación, el Ministerio Público decidió allanar el último 5 de febrero 14 inmuebles de cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Nos referimos a los árbitros Franz Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores.
Asimismo, las propiedades del exprocurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime José Valés Carrillo, y del exdirector de Concesiones del MTC, Celso Martín Gamarra Roig.
Pero para el fiscal provincial Marcial Eloy Páucar Chappa, no solo ellos habrían cometido presuntos delitos, entre los cuales está el de lavado de activos, sino la mayoría de árbitros concertaron previamente con los representantes de Odebrecht para que los fallos le sean favorables a la constructora. Con ese objetivo también captaron a los entonces funcionarios del MTC.
Así se da cuenta en el expediente Nº 29-2017 del 17 de abril de 2018 referido a la denuncia contra Jorge Canepa Torre y otros.
INVESTIGADOS
Por ese motivo se encuentran investigados los árbitros Jorge Horacio Cánepa Torre, Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero y José Humberto Abanto Verástegui, este último abogado de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular (FP).
De igual forma, Emiliano Cassina Rivas, Jesús Iván Galindo Tipacti, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, Gregorio Martín Oré Guerrero, Daniel Martín Linares Prado, Óscar Eduardo Jesús Falen Incháustegui, Fernando Enrique López Miranda, Martín Eduardo Musayón Bancayán, Alberto José Montezuma Chirinos, Franz Nunzio Fernando Kundmuller Camini, Fernando Cantuarias Salaverry y Alfredo Enrique Zapata Velasco.
“Ellos, a través de los laudos que emitieron, habrían favorecido con los fallos en las controversias arbitrales de los proyectos u obras: Sistema de Agua Potable de Chimbote, IIRSA Norte, IIRSA Sur, Tramos 2 y 3 y Carretera Callejón de Huaylas Chacas – San Luis, todas relacionadas con Odebrecht”, señala el expediente de la Fiscalía.
Los arbitrajes de Humberto Abanto son los de IIRSA Norte (06/09/2013), IIRSA Norte (19/12/2012) e IIRSA Sur Tramo 3 (17/08/2013) que votó a favor de Odebrecht, pero fue el único que estuvo dispuesto a un allanamiento voluntario de la autoridad fiscal, reconociendo incluso que en otros casos debió haber presuntos ilícitos.
Según la tesis fiscal, “habrían aceptado y recibido donativo (dinero)” con la finalidad de no solo incluir sino además de decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con Odebrecht, que conocieron en diversas controversias arbitrales de los que se desempeñaron como integrantes y presidentes del Tribunal Arbitral.
Asimismo, “ese dinero proveniente de los sobornos o dádivas habría sido transferido a sus cuentas bancarias personales, para luego adquirir bienes, con el objeto de evitar la identificación de su ilícito origen, incautación o decomiso”.
Dichos árbitros formarían parte de una organización o asociación ilícita, ya que previamente a la conformación de los tribunales y sus designaciones, se habrían reunido y concertado con los demás denunciados de Odebrecht con la finalidad de realizar acciones delictivas.
“Esto es, determinar el procedimiento de arbitraje, así como el sentido del fallo a favor de Odebrecht”, se indica.
Para el Ministerio Público estas personas habrían cometido el presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia.
EXFUNCIONARIOS DEL MTC
Las investigaciones también comprenden a Jaime Valés Carrillo, ex procurador público del MTC, y Celso Gamarra Roig, ex director de Concesiones del MTC.
El citado expediente indica que “en su condición de funcionarios del MTC, habrían aceptado y recibido dinero para, en el caso del primero (procurador), no impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht, violando así sus obligaciones funcionariales de diligencia y cuidado en los trámites e intereses del MTC”.
En el caso del entonces director de concesiones, para no interponer ningún recurso judicial contra los laudos favorables a Odebrecht. “Además dar instrucciones y aleccionar en contra del procedimiento a los árbitros para que laudaran en favor de Odebrecht, incumpliendo así sus funciones de director de concesiones en pro y en favor de los intereses del MTC”.
La Fiscalía indica que se habría configurado el delito de cohecho pasivo propio.
Al igual que en el caso de los árbitros, el dinero adquirido habría sido utilizado para la adquisiciones de bienes a fin de camuflar su ilegal origen, configurándose el delito de lavado de activos.
Dichos exfuncionarios también habrían cometido el presunto delito de asociación ilícita al haber concertado no solo con los árbitros sino también con los funcionarios de Odebrecht, a fin de realizar acciones delictivas. “Esto es, determinar el procedimiento del arbitraje, así como el sentido del fallo a favor de Odebrecht”, se sostiene.
LOS DE ODEBRECHT
Las indagaciones fiscales también comprenden a Ronny Javier Loor Campoverde, representante de Odebrecht y director de Contrato de IIRSA Norte, así como a los funcionarios de la constructora brasileña, Eleuterio Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra.
De acuerdo a la Fiscalía, ellos habrían favorecido y entregado dinero no solo a los árbitros que intervinieron directamente en las controversias arbitrales con la finalidad de que fallen a favor de Odebrecht, sino también habrían otorgado dádivas o dinero a los funcionarios del MTC para que estos incumplan sus obligaciones funcionales.
Así, habrían cometido el delito de cohecho activo específico y cohecho activo genérico.
Cabe indicar que el dinero provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito y destinado al pago de sobornos o dádivas, en las que, además, se habría evitado la identificación de su origen ilícito, incautación o decomiso, lo que configura un presunto delito de lavado de activos.
Ellos también formarían parte de una organización ilícita, al ser representantes de la organización criminal Odebrecht.
254 millones de dólares
Entre el 2003 y 2016 se han contabilizado entre 35 y 42 procesos arbitrables en los que Odebrecht cobró más de 254 millones de dólares, mientras que el Estado peruano no ganó ni un dólar. Horacio Cánepa favoreció a la constructora en 16 arbitrajes.
INTEROCEÁNICA NORTE
Las ilegales reuniones para ganar arbitrajes
De acuerdo a la documentación fiscal respecto al arbitraje de la Interoceánica Norte (IIRSA Norte), en abril de 2012 se produjo una reunión ilegal entre los futuros árbitros Horacio Cánepa Torre (quien sería designado por Odebrecht) y Fernando Cantuarias Salaverry (quien sería designado por el MTC) en la oficina del director de Concesiones, Celso Gamarra Roig, ubicada en la sede del MTC, y el representante de Odebrecht, Ronny Javier Loor Campoverde.
“El árbitro Cánepa fue convocado por Loor Campoverde, quien previamente se había comunicado a su teléfono celular para luego ser recogido en su oficina ubicada en Calle Roma 397, San Isidro. El árbitro Cantuarias Salaverry fue convocado por Gamarra Roig. Ambos árbitros se registraron dejando sus DNI y recibiendo sus pases respectivos, lo mismo ocurrió con Loor Campoverde, quien ingresó con su pase”, se indica.
Allí Gamarra Roig y Loor Campoverde acordaron hacer un acta para someter a un arbitraje ad hoc sobre los gastos adicionales y la Vía de Evitamiento de la Carretera Interoceánica Norte en la localidad de Tarapoto. “Es decir, decidieron por un procedimiento que no estaba previsto en el contrato, sino en un acuerdo entre ambas partes”, se señala.
“Gamarra Roig y Loor Campoverde decidieron cuál iba a ser la materia controvertida y cuál iba a ser el monto de lo que Odebrecht reclamaría, que ascendía a US$ 28’261,946.00, incluido IGV; allí acordaron que el honorario total sería de S/ 288,884 a cada uno de los tres árbitros. En esa oportunidad Gamarra Roig y Loor Campoverde instruyeron a los árbitros Cánepa Torre y Cantuarias Salaverry para que emitan una decisión favorable a Odebrecht que previamente había sido acordada entre las partes”, se detalla.
La Fiscalía enfatiza que el arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado y continuar con la obra.
Posteriormente, según las indagaciones fiscales, se instaló el tribunal arbitral en mayo de 2012 y luego existieron tres reuniones entre los tres árbitros con Gamarra Roig y Loor Campoverde en el restaurante Vivaldi de Camino Real en San Isidro. Cánepa Torre recibía llamadas de Loor Campoverde para asistir a reuniones.
En esas reuniones se coordinaba la manera más rápida de sacar el arbitraje, porque el MTC tenía urgencia de que se continuara la obra y Odebrecht de que le pagaran. Por ello se acordó emitir un laudo parcial por US$ 12’178,333.02. Para el laudo final ya no hubo tanta premura y salió casi a los diez meses posteriores; el monto fue por US$ 11’772,469.00 más IGV.
“Asimismo, cuando salieron los laudos parcial y final, el MTC pagaba inmediatamente, y no presentaba ninguna acción contra el laudo, ni a nivel de los árbitros ni en el Poder Judicial”, se señala.
INTEROCEÁNICA SUR, TRAMOS 2 Y 3
Odebrecht ofrecía el 1 % del total de 13 arbitrajes
El expediente fiscal también señala que en diciembre de 2010, el funcionario brasileño Eleuberto Antonio Martorelli convocó a Cánepa Torre a una reunión en las oficinas de Odebrecht de San Isidro.
Cabe precisar que Cánepa tenía una larga amistad con Raymundo Trindade, funcionario de Odebrecht, por eso fue convocado.
En dicha reunión Eleuberto Martorelli le mencionó a Cánepa Torre que tenía unas reclamaciones legales para interponer al MTC respecto al Tramo 2 y 3 de la IIRSA Sur, preguntándole si tenía algún inconveniente en ser designado como árbitro de parte.
“Lo que iba a consultar con sus abogados, si se iba a interponer una demanda por el Tramo 2 y otra por el Tramo 3, cada una con varios puntos controvertidos, que hubieran sido dos arbitrajes, o una demanda individual por cada punto controvertido. Dichos arbitrajes tenían que ser desarrollados en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), de acuerdo a la cláusula de solución de controversias”, se detalla.
La constructora brasileña Odebrecht presentó 13 arbitrajes ante la CCL a inicios del 2011.
Una vez instalados los arbitrajes, y en pleno desarrollo, a inicios del 2012, Cánepa Torre tuvo varias reuniones con Ronnie Loor Campoverde que sustituía a Eleuberto Martorelli, quien había viajado a Colombia.
Loor Campoverde, en una de esas reuniones, le dijo a Cánepa Torre que le daría el 1 % del monto total de los 13 arbitrajes bajo dos premisas: la primera que el 1 % sea del monto bruto sin incluir IGV y la segunda que hayan sido pagadas por el MTC, a cambio de que realice su mayor esfuerzo a fin de que Odebrecht sea favorecido en dichos procesos arbitrales.
Entonces le dijo: “No es mucho esfuerzo porque los reclamos están amparados en la adendas” y que “si había algún árbitro que no quería fallar a favor de Odebrecht que le avisara para él dar algún incentivo si así lo consideraban”.
De los 13 laudos arbitrales, 10 salieron a favor y 3 en contra de Odebrecht. Cánepa Torre hizo los proyectos de los laudos arbitrales con excepción de tres procesos, que fueron los expedientes hechos por Emilio Casina Rivas.
A TRAVÉS DE BANCA DE ANDORRA
Árbitro recibió pago de 1’442,000 dólares
Entre octubre y noviembre de 2012, Ronnie Loor Campoverde llamó por teléfono a Cánepa Torre para reunirse en las oficinas de Odebrecht y fue cuando le mencionó que el MTC le había abonado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través del Banca Privada de Andorra.
“Allí le presentó al funcionario Francisco Xavier Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad. El primer pago fue de US$ 150,000. En total fue un pago de US$ 1’442,000.00”, indica el Ministerio Público.
En el expediente 2070 cuyo laudo se expidió con fecha 29 de abril de 2013, el árbitro Randol Campos Flores, designado por el MTC, hizo un proyecto de voto distinto sobre el “costo de capital propio” de 15.40 % previsto por Proinversión en el estudio de prefactibilidad.
“Ronnie Loor Campoverde llamó por teléfono a Cánepa Torre para que viera en lo sucesivo que no salga ningún laudo por mayoría sino por unanimidad. El MTC presentó la nulidad del laudo por temas de forma, pero el MTC ya había pagado a Odebrecht”, se precisa.
A fines del 2013, Cánepa Torre buscó a Randol Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de favorecer a Odebrecht en los procesos arbitrales que tenía a su cargo.
“Es así que, a este, le entregó tres pagos de US$ 20,000 en efectivo por los expedientes 2017, 2072 y 2083. Los pagos se dieron en la oficina del mismo Campos Flores ubicada en CEFIC, a espaldas del Hospital Rebagliati en Lince, era una casa de dos pisos, y su oficina estaba en el segundo piso”, se detalla.
Ese dinero era entregado a Cánepa Torre por parte de Ronnie Loor Campoverde.
Después del primer pago, Randol Campos Flores conoció a Ronnie Loor Campoverde, con quien empezó a tener reuniones de manera directa en las oficinas de Odebrecht.
Campos Flores fue a dichas reuniones también para que no impugne judicialmente los laudos a favor de Odebrecht.
Además, Canepa Torre “entregó dinero a los árbitros Luis Pebe Romero, US$ 30,000 por el expediente Nº 3072 y Luis Pardo Narváez US$ 20,000 por el expediente Nº 2083”.
Fuente Diario Expreso
